Por medio de la presente, las personas y organizaciones de sociedad civil abajo firmantes, queremos manifestar nuestra oposición a la elección del Sr. Rolando Melo -actual gerente de la división de estudios de la Fiscalía Nacional- como Defensor Nacional. Como es de público conocimiento, el integrante de la Fiscalía Nacional forma parte, junto a la defensora regional Loreto Flores y al defensor regional Luis Graig, la terna desde la que el Presidente debe seleccionar a quien dirija la Defensoría Penal Pública.
Resaltando, en el contexto de un proceso constituyente, la importancia de un proceso de escrutinio y debate público en la selección de las máximas autoridades, hacemos hincapié en que una de las persistentes falencias institucionales de la Defensoría Penal Pública es su falta de autonomía, lo que continuamente obstaculiza el ejercicio de la defensa, afectando no sólo a las personas imputadas que requieren del servicio prestado por la Defensoría Penal Pública, sino al sistema penal en su conjunto.
Esto es especialmente notorio cuando el ejecutivo ejerce la acción penal, en conjunto con el Ministerio Público, en contra de un grupo o categoría de personas, demostrando una política criminal específica. Situación que ha quedado en evidencia, por ejemplo, en caso del conflicto del Estado con el Pueblo Mapuche y la persecución penal que se ha llevado adelante en ese contexto; en la persecución de delitos migratorios; o en los casos iniciados durante el “estallido social”. Por ello, y mientras no exista dicha autonomía institucional, resulta fundamental que las personas que ocupen el cargo de la dirección nacional de la Defensoría, garanticen la suficiente independencia para sobreponerse a las eventuales presiones ejercidas por otros poderes del Estado.
Rolando Melo representa todo lo contrario a esta exigencia. En efecto, él ha contado con la confianza de este gobierno, por ejemplo, en 2010, año en que fue designado como director del SENAME para hacerse cargo de su modernización, como dijo el Ministro de Justicia de la época, ejerciendo el cargo durante tres años. Adicionalmente, el candidato a Defensor Nacional se ha desempeñado hasta la actualidad en el Ministerio Púbico, quien constituye la contraparte de la defensa en el sistema penal, y tiene -por cierto- objetivos institucionales contradictorios. Una defensa pública débil favorece la labor de la fiscalía y de quienes quisieran una condena efectiva y ejemplarizadora en determinados contextos. Sostenemos que resultaría un despropósito el nombramiento de Rolando Melo como Defensor Nacional, pues esto pondría en duda la certeza que las y los ciudadanos tendrán de disponer de una defensa sin censura cuando sean objeto de imputaciones criminales, especialmente si el gobierno tiene un interés en ello. No existe otro órgano público que ejerza esta labor, y en complejos momentos para la sociedad, los acontecidos durante octubre de 2019 en adelante, se requiere de una Defensa Pública con la voluntad de ejercer su labor y que cuente con la confianza de la población.
Organizaciones que apoyan la presente declaración
- 1. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
- 2. Agrupación De Mujeres Democráticas Históricas
- 3. Agrupación Guacoldas
- 4. Casa de Memoria José Domingo Cañas
- 5. Centro de Investigación y Defensa SUR, CID SUR
- 6. Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile
- 7. Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile
- 8. Colegio de Sociólogas y Sociólogos de Chile
- 9. Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH)
- 10. Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile
- 11. Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales
- 12. Comisión Ética Contra la Tortura
- 13. Cooperativa Mujeres Manos Libres
- 14. Coordinadora de Derechos Humanos de la Federación de Colegios Profesionales
- 15. Defensoría De Derechos Humanos - Chile
- 16. Grupo Iniciativas por la Libertad de los/las Presos/as de la Revuelta
- 17. Londres 38, Espacio de Memorias
- 18. Memorial Economía Universidad de Chile
- 19. Mujeres Autoconvocadas 18 de octubre
- 20. Mujeres Plaza Ñuñoa
- 21. Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC)
- 22. Solidaridad FCL
Personas que suscriben la declaración:
- 1. Juanita Aguilera, Presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura
- 2. Alicia Alonso Merino, Jurista e investigadora del OVIC
- 3. Natalia Bravo Peña, Abogada defensora de Derecho Humanos
- 4. Nelson Cabrera Vásquez, Presidente Colectivo Cine Forum de Valparaíso
- 5. Cristian Cruz Rivera, Abogado de Derechos Humanos
- 6. Silvio Cuneo Nash, Abogado, Profesor de Derecho
- 7. Alberto Espinoza Pino, Abogado de Derechos Humanos
- 8. Karinna Fernández Neira, Abogada defensora de Derechos Humanos
- 9. Jaime Fuentes Purran, Abogado, Agrupación de familiares de presos políticos de Santiago 1
- 10. Magdalena Garcés Fuentes, Abogada defensora de Derechos Humanos
- 11. Mireya García Ramírez, Defensora DDHH
- 12. Gricel González Del Canto, Hija de Detenido Desaparecido, Antropóloga Social
- 13. Cristóbal Jiménez Lazo, Abogado
- 14. Rodrigo Mallea, Abogade, Candidate constituyente distrito 9
- 15. Fernando Monsalve Arias, Abogado Penalista
- 16. Hugo Montero Toro, Abogado de Derechos Humanos
- 17. María Fernanda Ovalle Donoso, Abogada
- 18. Boris Paredes Bustos, Abogado de Derechos Humanos
- 19. Luis Pérez Camousseight, Abogado de Derechos Humanos
- 20. Lorena Pizarro Sierra, Presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
- (AFDD)
- 21. Ananías Reyes, Abogado investigador del OVIC
- 22. Adriana Rojas, abogada DDHH Región de Coquimbo
- 23. Steffi Schramm López, abogada investigadora del OVIC
- 24. Pietro Sferrazza Taibi, Abogado, Profesor de Derecho
- 25. Raquel Torres Guerrero, Psicóloga Clínica, Docente
- 26. Sebastián Velásquez Diaz, Abogado de Derechos Humanos
- 27. Julia Urquieta Olivares, Abogada de Derechos Humanos
