Valoramos el acuerdo que ha realizado un sector generalizado de parlamentarios y que el gobierno ha hecho suyo, puesto que tiene como causa el estallido social que está transformando el sentido común de nuestro país y que nos ha tenido convulsionados por más de un mes. Sentido que ha desplazado la conveniencia individual para poner en escena el bien común como base ético-política sobre la cual nos hemos propuesto levantar las reglas para nuestra convivencia. Expresándose con nitidez en la necesidad de cambiar la Constitución que el presidente ha señalado como prioridad dentro de su discurso del pasado domingo 17 de noviembre.
Por eso, para profundizar qué significa el llamado a la paz social que la clase política ha pronunciado en estos últimos días, pensamos que ésta debe tener el cimiento de un pacto social, en que se reconozca la soberanía de la sociedad, como auténtico sujeto capaz de darse las leyes a sí mismo. Derechos que requieren de instituciones que resguarden los bienes sociales y de una ciudadanía organizada que, ejerza un poder concreto y que pueda representarse a sí misma y revocar los mandatos de los que no estén a la altura de cumplir con las demandas. De esta forma, es importante considerar los siguientes puntos:
I. En nuestra visión para hablar de paz social es necesario que existan condiciones para este llamado, es decir, un sistema político-social y económico legitimado por la ciudadanía en que, los derechos sociales no estén a merced del mercado y donde se protejan los recursos naturales y estratégicos, para sostener una vida digna de los que somos parte de esta nación. Creemos que es necesario que este acuerdo garantice la dignidad como derecho fundamental del ser humano, sobretodo de la ciudadanía que ha sido marginada de los beneficios del sistema como son: niños en situación de orfandad, adultos mayores, pueblos originarios, personas precarizadas en sus trabajos, minorías sexuales, etc. Para que el concepto de “paz social” exista debe garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. Implica establecer claros soportes para el respeto a la diferencia y al legítimo derecho a disentir, protestar y desobedecer cuando, la insistencia de los abusos sistemáticos y, por otra parte, la búsqueda de mejoras, lo ameriten. Comprendemos que el Estado debe garantizar el orden social, manifestándose en las fuerzas de orden representados por Carabineros de Chile, no obstante, esta institución no puede cruzar el límite infranqueable de los derechos humanos, los que lamentablemente desde el informe de Amnistía Internacional han sido violados de modo generalizado. Información que se verifica con las tristes y brutales cifras de 200 personas con sus ojos mutilados, 23 fallecidos, 3000 lesionados, violaciones y abusos que, son parte de la violencia cotidiana, hacia la protesta social. La perpetuación del abuso cierra la posibilidad de pensar en conjunto un pacto social legitimado por la ciudadanía. Es por esto que la declaración del “acuerdo”, requiere de una profundización en el reconocimiento público por parte del gobierno y los parlamentarios que avalaron las violaciones de DD.HH., para sincerar que estos atropellos han sido no sólo prácticas aisladas, sino que al menos generalizadas, donde surge la pregunta: ¿Están las condiciones políticas para hablar de “paz social” si las bases para ésta no están garantizadas?
II. En relación con el acuerdo “Por la paz social y la Nueva Constitución”, es importante reflexionar sobre dos dimensiones de éste:
Con relación al proceso para llevarlo a cabo, se abre la pregunta: ¿Por qué no se integró en éste a miembros de la ciudadanía y de la sociedad civil no partidista?
En relación con el acuerdo en sí mismo, es importante generar instancias de reflexión en los cabildos para debatir sobre algunos elementos que no están claros, ya que solo hemos levantado el pie para dar el paso, éste aún está en el aire; con objeto de dar claridad al análisis, nos referiremos a los puntos claves, tomando como referencia, la enumeración del texto entregado el día viernes 15 de noviembre:
2. “Se impulsará un Plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas: a) ¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o Rechazo b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional”.
8. “Una vez redactada la nueva Carta Fundamental por el órgano constituyente ésta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio”.
Nos llama la atención en los puntos citados que, el plebiscito de entrada no sea obligatorio como lo será el referendum para ratificar la constitución. Creemos que este plebiscito ratificatorio o de salida, mediante voto universal obligatorio deba replicarse como tal en el plebiscito de entrada. Eso es una medida prudente ante las posibilidades que se juegan en el plebiscito de entrada: una constitución nueva y el mecanismo para su elaboración.
Asimismo, pensamos que es relevante, considerar para esta votación a las personas desde los 14 años de edad, por el hecho de que si se busca que estos sean imputables desde esa edad, es decir, responsables de sus actos ante determinados delitos, por consecuencia es coherente, considerar su responsabilidad desde una visión positiva como es la participación ciudadana.
4. “En el caso de la Convención Constitucional sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto. La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en el mes de octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente”.
Sostenemos que este planteamiento condicionaría la elección de los asambleístas al poder de las maquinarias partidistas, pues no está estipulado el apoyo concreto a ciudadanos y dirigentes sociales que no sean miembros de partidos políticos, sin embargo, sabemos que sí se pueden diseñar formas para que estas elecciones integren a la ciudadanía, sociedad civil organizada, agrupaciones feministas, pueblos originarios, comunidad LGBTQ+, inmigrantes, etc; de tal modo que nuestra diversidad se vea efectivamente representada en la asamblea constituyente o convención constitucional. Comprendiendo que el camino que este acuerdo debería recorrer para su validez, es integrar a la ciudadanía real, pues su legitimación depende de su inclusión efectiva.
6. “El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”.
6. Pensamos que debe existir una alternancia entre el quórum de 3/5 y 2/3, puesto que este último, podría condicionar los acuerdos dados por las demandas de la ciudadanía, a minorías que tradicionalmente han ejercido el poder en Chile.
9. “Las personas que actualmente ocupan cargos públicos y de elección popular cesarán en su cargo por el sólo ministerio de la ley al momento de ser aceptada su candidatura por el Servicio Electoral al órgano constituyente. Los miembros del órgano constitucional tendrán una inhabilidad sobreviniente para ser candidatos y candidatas a cargos de elección popular por un año desde que cesen en su mandato.”
En este punto, con objeto de evitar conflictos de interereses y de dispositivos partidistas que promuevan intereses alejados de la ciudadanía, proponemos que l@s asambleístas tengan una inhabilidad de 5 años para ejercer cargos públicos.
III. Concordamos con las declaraciones del domingo 17 de noviembre por parte del presidente en que asevera que las condiciones sociales avaladas por una constitución dictatorial están quebradas, al mismo tiempo estamos en desacuerdo con las declaraciones en que se baja el perfil a las violaciones, por lo menos generalizadas de los DD.HH. En ese sentido, invitamos a la máxima autoridad del país -por la responsabilidad política y ética propia de su cargo- a hacer una reflexión real en este sentido, a dar muestra de su sinceridad clara y precisa.
Nos ha llamado profundamente la atención, otra declaración de su discurso en que señala: “nuestra economía descansa sobre fundamentos sólidos (…) tenemos una economía sana”, pues si bien esto puede ser entendido como un gesto político hacia el gran empresariado, paralelamente, adolece de la reflexión necesaria para hacer una autocrítica respecto a que la economía no puede ser vista sólo desde el PIB y de otros indicadores macroeconómicos, sino que también desde la distribución de la riqueza que tiene a nuestro país entre los más desiguales del mundo; pero más allá de eso, porque esa “economía con fundamentos sólidos y de buena salud” ha generado una desigualdad estructural que, en nuestra perspectiva, es la causa de la injusticia que provoca el estallido social y la enfermedad de la mala convivencia, que hoy nos tiene en el límite de poder concretar nuestra propia historia.
Para finalizar, es este movimiento social el que ha dicho basta, porque ha puesto en jaque un sistema en que la injusticia por momentos parecía naturalizarse, para concretar un cambio en que será necesaria toda nuestra unidad y fuerza, que nos dará el protagonismo para hacer las transformaciones, puesto que éstas, no han venido desde las autoridades, sino que han nacido desde las entrañas de una ciudadanía activa que se indignó y despertó!
Cabildo sur poniente Talca
