Cuando se formula la pregunta de por qué en Chile existe una alta sismicidad, la Teoría de Tectónica de Placas da respuestas altamente satisfactorias. Y cuando se pregunta por qué en este mismo país la corrupción es gigante, la Teoría de la Elección Racional contesta con casi igual convencimiento. Ambas teorías en el afán de explicar sus respectivos fenómenos de interés recurren a representaciones simplificadas de la realidad que en jerga científica se conocen como “modelos”. Mientras la primera teoría a través de modelos de la corteza terrestre explica las causas de terremotos, maremotos y erupciones volcánicas; la segunda a través de modelos de costos y beneficios de cada decisión, explica los motivos que provocan los actos corruptos.
En los modelos de beneficios y costos se considera el supuesto que las personas deciden persiguiendo el mayor bienestar, y por lo tanto, buscarán maximizar los aspectos que para ellas son favorables (beneficios) y a la vez minimizar los desfavorables (costos); optando por el curso de acción que les reporta el mejor resultado neto. Con esta premisa de racionalidad, se puede plantear un modelo que indica que la corrupción ocurrirá cuando los beneficios de ella sean mayores a todos sus costos: Beneficios > Sicológico + Operativo + Probabilidad x (Legal + Social)
En el miembro izquierdo de este modelo matemático se ha representado con la variable Beneficios a todas las ganancias de cualquier tipo que recibe una persona debido a un acto corrupto, mientras que en el lado derecho está la suma de todos los costos en que ella incurre a consecuencia del mismo acto. El costo Sicológico, tal como su nombre lo indica, representa el costo mental de comportarse de manera reprochable, aquel remordimiento o desagradable sentimiento de culpa que internamente siente la persona intranquilizando su conciencia. Operativo representa el costo de gestión en que incurre la persona para hacer que su entorno ya sea antes, durante o después, se acomode para facilitar la "performance" corrupta. Tanto Sicológico como Operativo son cuantificados de manera determinística; es decir, la probabilidad de ocurrencia es del 100% aun cuando la magnitud de cada uno de estos dos costos varía, pudiendo incluso ser cercano a cero para Sicológico en el caso de seres inescrupulosos y muy bajo para Operativos en el caso de individuos bien posicionados en las máquinas de poder. Sin embargo, existen otros dos costos que son probabilísticos; es decir, la ocurrencia de ellos puede localizarse dentro de un rango que va desde del 0% al 100%. Esto se representa con la variable Probabilidad que indica la posibilidad de que la persona sea descubierta en el acto corrupto. Si es descubierta incurre en un costo Legal y en un costo Social. El costo Legal considera todo lo punible, castigable o sancionable a través de lo que la ley explícitamente indica. El costo Social abarca aquellos malestares que sufre la persona al ser repudiada por su entorno extrajudicial; ya sea familiar, laboral, gremial o de cualquier tipo no reglamentado.
Ya desplegado el modelo se concluye que para determinada situación, mientras mayores sean los Beneficios de actuar corruptamente respecto a la suma de los costos Sicológico, Operativo, Legal y Social que ello implica; más tenderá una persona en ese caso a realizar un acto corrupto. Además, el mismo modelo permite abordar de manera aislada cada uno de los costos para estudiar cómo diferentes acciones pueden aumentarlos de tal forma que el miembro derecho del modelo matemático crezca lo suficiente para superar a los Beneficios y así disuadir a la persona para que actúe con probidad.
La experiencia indica que pese al apremio económico que puedan tener los individuos, algunos respetarán su principio de probidad y por lo tanto cualquier acción reñida con la ética hará que el costo Sicológico sea gigante, totalmente insoportable. Otros pueden corromperse porque subdimensionan el daño causado y que si supieran la magnitud de él, por ejemplo la cantidad de niños pobres que se privarán de un almuerzo debido a alguna malversación de fondos, aumentará en ellos algún recóndito malestar al desviar tales recursos debido al peso en sus conciencias y por ende el costo Sicológico crecerá. Finalmente existe otro grupo humano cuya mentalidad es tal que ninguna información de daños a inocentes y ninguna clase de ética hará que alteren significativamente el costo Sicológico. Puesto que el costo Sicológico es extremadamente íntimo y poco estudiado en Chile en asuntos de corrupción, se recomienda no destinar esfuerzos para incrementar esta variable.
El costo Operativo por el contrario en nuestro país es de mayor controlabilidad pues se actúa en el entorno de las personas, el mismo donde ellas intervienen para ajustarlo a sus intereses. Cohecho, soborno, uso privilegiado de datos, fraude al fisco y otras formas de corrupción requieren de flujos de información y/o materia y/o energía entre la persona y los elementos de su ambiente, bastando atrofiar o idealmente cortar tales corrientes. Esto ocurre cuando se debilita la capacidad de emitir flujos por parte de elementos ambientales y/o cuando se debilita la capacidad de recibirlos. La disposición de barreras y el distanciamiento son dos maneras de lograr tal debilidad que si se quieren burlar, implicarán elevar el costo Operativo.
Al aumentar la Probabilidad, que en el modelo es la posibilidad de ser descubierto el acto corrupto, eleva el riesgo de castigos legales y/o sociales cuando se transparenta el ambiente facilitado por la tecnología sensorial. En Chile, donde varios políticos tienden a defender con ahínco la privacidad poniendo trabas a que aflore información financiera como por ejemplo el fin del secreto bancario, la Probabilidad tiene pocas posibilidades de aumentar por esa vía. Por el contrario, la audacia y eficiencia del periodismo investigativo sí puede aumentar la Probabilidad de que los corruptos sean sorprendidos.
En cuanto al costo Legal en que incurre la persona cuando es descubierta, muestra en Chile sanciones leves, más aún cuando el corrupto pertenece a círculos de poder. En efecto, el sistema judicial chileno parece ser especialmente benevolente para ciertos individuos donde la cárcel es un destino muy poco frecuentado y otros castigos son ridículamente suaves.
Finalmente, el costo Social parece no pesar en varios sectores de la sociedad chilena pues para quienes carecen de probidad, el qué dirán poco importa. En efecto, muchos después de haber sido sorprendidos flagrantemente se dan el gusto, con total descaro, de pasearse por matinales de TV con la complicidad de los medios de comunicación. Y cuando alguien intenta efectuar un acto público de repudio a un corrupto descubierto, emergen defensores de él argumentando que las “funas” y otros explícitos gestos de reprimenda social son impropios de un Estado de Derecho. Con estas reacciones, quienes tienden a sancionar socialmente a los corruptos resultan más perjudicados que los mismos sinvergüenzas.
De todos los costos modelados, el más susceptible de incrementar es el Operativo en parte por la tradicional burocracia chilena y porque muchas acciones quedan en manos de la ciudadanía y no de la institucionalidad de la que ya se desconfía. Así cualquier persona proba y comprometida en la lucha contra la corrupción ante la sospecha de un acto corrupto puede a iniciativa propia tramitar más de la cuenta, haciendo crecer el costo Operativo y con ello el miembro derecho de la desigualdad, con la tal vez ingenua esperanza de lograr que supere a los Beneficios.
Dr. Lucio Cañete Arratia
Departamento de Tecnologías Industriales
Facultad Tecnológica
Universidad de Santiago de Chile
lucio.canete@usach.cl
