Como Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, desde el inicio hemos rechazado el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería del gobierno de Piñera. En primer lugar, la discusión de este proyecto fue realizada a espaldas, tanto de las organizaciones y comunidades inmigrantes y pro-migrantes, como de las organizaciones de derechos humanos en el país. En segundo lugar, porque el contenido esencial del mismo, llevaría a las comunidades a una situación de mayor vulnerabilización y exclusión por parte del Estado, donde tanto niñeces como mujeres son las que se verían afectadas, en mayor medida. Este proyecto es un instrumento que desde su formulación viene a reforzar las desigualdades que vivimos las personas inmigrantes y refugiadas en Chile, y es por eso que no podemos aceptarlo.
Hoy, se aprobó el proyecto en la cámara de diputados y 30 días después el gobierno de Sebastián Piñera promulgará esta Ley de Migraciones. Se consagrará en esa ley una serie de regulaciones que llevarán a multiplicar la presencia sistemática de una migración irregular en Chile, generando un daño profundo, no sólo para quienes hoy día viven esta situación (y para quienes en el futuro se verán empujados por las inconsistencias de la ley a esa situación), sino también para toda la población residente en el país, atentando contra la democracia, equidad y justicia social.
Nos manifestamos en contra de esta ley anti-derechos, que lejos de garantizar una migración ordenada, segura y regular, impedirá que miles de personas puedan regularizar su situación en el país del que son parte; recordando que Chile fue uno de los países que se abstuvo de firmar el pacto de la ONU por una migración segura y regular en el año 2018. Denunciamos que esta es una estrategia más para continuar estigmatizando y criminalizando a las personas inmigrantes, presentando a la migración como un problema para la sociedad y como una amenaza a la estabilidad económica, a la convivencia y la seguridad ciudadana. Repudiamos además que una mayoría parlamentaria se haya sumado a la aprobación de este instrumento, siguiendo las medidas represivas que ha demostrado usar este gobierno para legislar.
La reivindicación de los derechos humanos de las personas inmigrantes en este país tiene larga data, así como la exigencia de crear un nuevo marco normativo que sea realmente inclusivo y que respete y garantice los derechos de las comunidades inmigrantes. Se pretende que esta ley pondrá fin a la obsolescencia del DL 1904 de 1975 y pondrá en marcha un Servicio Nacional de Migraciones, como justificativo mayor de su promulgación en este momento. Cuando se trata de requerimientos, estos tienen más de 25 años que el Estado de Chile ha venido postergando ante las comunidades inmigrantes y 15 años desde que se comprometió a ello, ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU.
En ningún momento esta ley viene a contener a la migración o moderniza la actual legislación, sino que por el contrario se opone a los tiempos que vivimos; una muestra de ello es el establecimiento de las visas consulares como mecanismo principal y casi exclusivo, a partir de un sistema de visados consulares, que ya ha demostrado en la práctica ser la principal barrera para la concesión de residencias. Asimismo, la creación de un Servicio Nacional de Migraciones sólo podría apuntar a incrementar los mecanismos burocráticos y mantener la ineficiencia e ineficacia de la gestión migratoria, que hoy día ya se hace evidente con la inexistente atención por parte del Departamento de Extranjería y Migración; siendo esta institución la responsable -por su incapacidad de atender los casos que gestiona- de que miles de inmigrantes se encuentren en semi-irregularidad migratoria.
Es evidente que la irregularidad migratoria afecta a nuestros pueblos pero favorece a los empresarios (p.e. generando una masa de trabajadores y trabajadoras sin derechos, ya que la fuerza de trabajo desde las personas en situación de irregularidad migratoria ocurre en un plano de informalidad, y por ende se precariza). Como organizaciones no nos dejaremos engañar, ya que esta ley no cambia en esencia la actual legislación y política migratoria sino que viene a profundizar su carácter selectivo, invisibilizando y desconociendo los fenómenos globales de la migración, y finalmente reforzando sus parámetros de utilidad nacional y de seguridad pública, en desmedro del derecho a migrar. Expresamos nuestra profunda preocupación por las consecuencias de una ley que es inconsistente con la realidad de las personas, puesto que las tendencias migratorias no se van a detener, y menos a la luz de los grandes desplazamientos masivos que continuarán en la región, particularmente con el cambio climático.
Las consecuencias de esta ley se traducirán en mayores violaciones de los derechos humanos, más inequidad en la actuación de las autoridades y espacio para los abusos, maltratos, trata, tráfico de personas, y distintas formas de explotación. Por lo que declaramos, que no descansaremos hasta derogar esta ley inicua, de la misma forma que estamos comprometidos con las amplias mayorías de Chile, en ser parte del proceso constituyente orientado a dotar a todas las comunidades y personas que habitamos en este territorio, de una nueva Constitución, una nueva institucionalidad que responda a las demandas de un Chile Digno, Diverso, con Equidad de Género, Intercultural y Plurinacional, un Chile del Buen Vivir que sea justo para todas, todos y todes.
