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Últimos acuerdos de la Convención Constitucional sobre el cobre. Por Jan Cademartori

El Pleno de la Convención Constitucional, terminó su trabajo el 14 de mayo, manteniendo el actual modelo económico de la gran minería del cobre, alguna vez denominado el “sueldo de Chile”. De este modo, por más que se proclame lo contrario, el Estado subsidiario de la Constitución del 80 seguirá funcionando en el corazón del sistema productivo: el capital extranjero y los grandes conglomerados económicos. Así lo entendieron sus gremios empresariales y la prensa de negocios, quienes salieron a celebrar el éxito de su onerosa campaña mediática y de lobby.

Las únicas restricciones, para ellos, serían las ambientales. Por un lado, se prohíbe la explotación minera en los glaciares. Por otro lado, se regula la legislación de aguas para cuidar este recurso. Conjuntamente, se protege en mayor medida a los territorios indígenas. Lo cual no impide, que el grueso de las fabulosas ganancias del cobre, seguirán siendo exportadas por las empresas multinacionales. Ganancias que, de otro modo, podrían invertirse en diversificar la estructura productiva y desarrollar la “economía verde”. Algunos de los artículos que fueron presentados para nacionalizar la gran minería del cobre y del litio, rozaron la mitad de los votos, pero estuvieron lejos de los dos tercios. Tampoco prosperó una moción que se conformaba con que el Estado tuviera una participación mayoritaria en la propiedad de las empresas de la gran minería del cobre. Incluso fracasó aquella que permitía algún tipo de participación minoritaria en las empresas existentes.

Peor aún, naufragó el intento de limitar la duración de las concesiones mineras que hoy son indefinidas, y que le permiten a su titular, traspasarlas a otro privado, sin pasar por el Estado. De haber sido acotadas en el tiempo, el Estado podría haber colocado nuevas exigencias para su renovación, como, por ejemplo, vender el cobre a precios internacionales, evitar que se exporte el concentrado de cobre sin refinar, destinar una parte al Estado para agregar valor y asegurarse que no se estén escondiendo subproductos no declarados. Incluso, se rechazó la propuesta que el arrendamiento (royalty) que cobran los Estados mineros por las concesiones a privados, no fuera considerado un impuesto, ni tuviera derecho a rebajar otros impuestos.

Entre las patrocinadoras destacados, vale la pena mencionar por su perseverancia, a las convencionales María Rivera e Ivana Olivares (ex Lista del Pueblo), Camila Zárate (Vocería del Pueblo), Isabel Godoy (Pueblo Coya), quienes contaron con los votos de las bancadas del PC y FRVS, con el apoyo del convencional por Antofagasta, Hernán Velásquez.

Igualmente, cabe destacar las campañas de firmas a nivel nacional, organizadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre (subcontratistas) y el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, organizaciones que fueron capaces, por separado, de reunir las más de 15 mil firmas que fueron necesarias para la presentación de dos iniciativas ciudadanas en la Convención. Todo este trabajo sirvió para crear conciencia sobre el tema. Esto no fue suficiente para conmover a la ex Concertación, a Independientes No Neutrales y a una parte del Frente Amplio. En el rechazo o la abstención, aparecían figuras mediáticas que cierta prensa califica como “izquierda radical”. No surtió efecto que las patrocinadoras, presentaran versiones más “blandas” para lograr el difícil quorum. Sus nombres, para bien o para mal, quedaron grabados en la batalla final, de la última plenaria del sábado 14 de mayo, disponible en el sitio convención.tv. ¿Qué queda para el futuro? Se podría retomar la demanda de nacionalización, con la iniciativa popular de ley o el plebiscito, que contemplan la nueva Constitución, con el objeto de nacionalizar el cobre.

Por otro lado, queda por explotar gran parte de las reservas mundiales que aún no se encuentran en manos privadas. Al respecto, resulta factible, crear empresas regionales estatales para explotar nuevos yacimientos de cobre, aprovechando que la nueva Constitución lo facilita; si sus proyecciones de ganancias son tan grandes como las registradas hasta ahora, la deuda se paga sola. Así se financió la inversión privada.

Al mismo tiempo, resulta interesante promover que las grandes mineras privadas, se conviertan en sociedades anónimas, de modo que el Estado pueda comprar en Bolsa, alguna parte de su propiedad, con el objeto de contar con información estratégica de su funcionamiento interno y de influir para un mayor respeto por la naturaleza.

Jan Cademartori. Doctor en Desarrollo Económico, académico Universidad de Antofagasta.

18 de mayo de 2022.

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