Lo que caracterizó a todas las propuestas presidenciales, incluida la de Gabriel Boric, fue desconocer que el asunto de las drogas es un problema de demanda por ellas, además de no asumir que aquello se debe al grave deterioro de la salud mental de la población nacional.
Todas las políticas de drogas se centran en la oferta de ellas por el narcotráfico, lo que la comunidad internacional y el país vienen haciendo hace más de cien años con rotundos fracasos, culminando en los últimos cincuenta años en la “guerra de las drogas” – Presidente Nixon 1971-, que ha costado más víctimas en vidas, enfermedades, personas encarceladas y vidas destruidas que el consumo de drogas[1] y cualquiera de los otras conductas y delitos que nuestras sociedades han acordado perseguir penalmente.
Lo primero a tener presente para definir una política de drogas es que en el país la primera causa de licencias médicas lo son por salud mental, el 24% de ellas según la Superintendencia de Seguridad Social y el 48% según Asociación Chilena de Seguridad Social (ACHS).
En general, la población hace uso de drogas psicoactivas para auto gestionar la incertidumbre y el agobio que les causa vivir, convivir y sobre todo sobrevivir en nuestras sociedades, entre ellas se destacan: el alcohol y el tabaco con 60% y 40% de prevalencia de consumo anual respectivamente, el cannabis con 12%, los ansiolíticos con receta médica, probablemente, con 12% a 15% de prevalencia actual[2], un 3% entre quienes la usan sin receta, cocaína con un 3% y pasta base de cocaína(PBC) con 1%. Los trastornos del ánimo de la población que se automedica con aquellas sustancias son principalmente el estrés, la ansiedad, la angustia y la depresión motivadas por el agobio que les causan la insuficiencia del ingreso, las deudas, el desempleo o su amenaza, el fracaso escolar o estudiantil, la frustración profesional o vocacional, el desengaño o la incertidumbre afectiva, así como otras frustraciones en la vida cotidiana y rutinaria, las cuales son todas motivaciones para esos trastornos del ánimo.
Uno de los argumentos para reducir el asunto de drogas al narcotráfico, a su oferta, la apreciamos con el gobierno saliente que ha instalado la tesis según la cual el alto nivel de conflictividad entre los actores del narcotráfico, la “violencia narco”, se ha convertido en el principal atentado en contra de la seguridad ciudadana, donde la población es víctima tanto de sus fuegos cruzados como del dominio territorial en sus barrios. Lo preocupante en esta afirmación es que el gobierno entrante está haciendo suya esta tesis.
Otra tesis relacionada es el supuesto de que el tráfico de drogas sería una fuente de financiamiento de la resistencia violenta de algunas organizaciones mapuches, no obstante que estas comunidades han rechazado reiteradamente tanto esa acusación como esta práctica.
La experiencia muestra que existen dos maneras para resolver la violencia narco: la guerra contra el narcotráfico o “quitarle” el negocio a los narcos, descriminalizando y legalizando diversas modalidades de acceso a las drogas controladas, como se hace con el alcohol y el tabaco.
Un ejemplo claro de la anterior propuesta es lo que sucede en los Estados Unidos de América donde en veinte y nueve estados se permiten el uso medicinal de la marihuana, en nueve estados no se persigue el consumo recreativo de esa sustancia y en uno tampoco el de cualquiera sustancia. Canadá también ha legalizado la tenencia y uso de marihuana. Téngase presente que el 90% del consumo de drogas ilícitas es de marihuana. En la Unión Europea la mayor parte de los estados permiten diversas formas de acceso a las sustancias controladas evitando la criminalización del consumo y la pequeña provisión, donde se destacan los Países Bajos, Portugal y Suiza. En América Latina asistimos a una creciente descriminalización y regulación del acceso a esas sustancias, donde los casos más avanzados son los de Uruguay, Jamaica y México. Por el contrario en la mayor parte de Asia y Africa predominan las políticas duras de control de drogas debido a razones religiosas o morales, tradiciones islámicas o budistas, en algunos países se aplica la pena de muerte, de igual manera como se castiga la homosexualidad, asimismo en esos países se es permisivo con la violencia en contra de las mujeres, incluido el homicidio.
Ahora bien, existe una tercera forma de controlar la violencia narco como es propender a los buenos oficios en los conflictos que se suscitan entre sus actores: las bandas de narcotraficantes. Las novelas de Mario Puzo y la serie de películas sobre El Padrino de Francis Ford Coppola muestran que una mafia, un conjunto de familias, es precisamente un espacio de arbitraje entre las diversas partes del crimen organizado, de igual manera como lo son las comisiones de arbitraje de los gremios empresariales. Esto, de alguna manera, se hacía en México durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1920 a 2000, luego entre los años 2000 al 2012 se suceden los dos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), durante el segundo gobierno del Presidente Felipe Calderón es desatada la guerra de las drogas la cual causa más de 120.000 muertes durante ese sexenio, ahora, aparentemente la política de los buenos oficios intenta ser replicada por el actual Gobierno del Presidente López Obrador. Aquella política de buenos oficios entre las partes del narcotráfico en conflicto, también se aplicó en Colombia hasta el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla(1984).
En cuanto a la creciente influencia que vienen ejerciendo las bandas del narcotráfico en los barrios populares, lo primero que se debe tener presente es la particularidad del narcotráfico en tanto “delito sin víctima”, ellos solo proveen una demanda social como cualquier otro contrabando, en este caso una demanda de salud mental, las supuestas víctimas son sus clientes que tratan de gestionar su malestar en el mundo auto cuidándose con el uso de diversas sustancias. En la experiencia real y cotidiana de los vecinos las conductas de los narcotraficantes no son asimilables a la delincuencia común de la cual son permanentes víctimas, muchas veces como lo muestran Puzo y Scorsese, aquellos castigan y controlan al pequeño delito en sus barrios, además, son capaces de proveer ayudas y prestaciones a los más necesitados que el Estado y los municipios no pueden atender, todo esto genera un “colchón moral”, muchas veces celebrado con “fuegos de artificio”.
Hace veinte años un periodista que había visitado la favela de la Rocinha, en Rio de Janeiro, la más grande de América Latina, informaba que: “…el tráfico vence en esos asentamiento de los morros porque no solo crea un Estado perverso, sino porque ocupa el lado de la asistencia social, que el Estado brasileño abandonó. En las favelas es el narcotráfico el que construye las canchas de futbol, el que consigue los medicamentos –robándolos o con dinero sucio- para los favelados que los necesitan, o quienes hacen justicia –por mano propia- cuando una menor es violada o un trabajador asaltado”.[3]
La política, es decir el Estado y sus agentes organizados en los partidos, no tienen por qué hacerse cargo centralmente del narcotráfico, tampoco de la guerra contra las drogas, terrible solo para los pobres y marginales estén o no relacionados con la provisión o consumo de drogas. La actual política de control de drogas ha generado 24.245 detenidos por Carabineros, en 2017, mientras que en robo con violencia se llegó a 13.611 y en robo con fuerza a 16.913 detenidos, téngase presente que en 2012 los detenidos por drogas habían llegado a 85.023, de ellos según un muestreo confiable un 70% portaba menos de dos gramos de marihuana, el 64% menos de tres gramos de pasta base y el 62% hasta tres gramos de clorhidrato de cocaína[4]. En los juzgados de garantía los imputados por drogas pasaron de 19.810 en 2012 a 30.677 en 2021. De lo que debe hacerse cargo la política y el Estado es de la salud mental de toda la población, lo cual implica necesariamente: hacerse cargo de la provisión, del acceso seguro a aquellas sustancias para quienes las necesitan con el propósito hacer soportables sus vidas y para quienes las desean solo por divertirse.
Las propuestas urgentes que a continuación se hacen, mientras se diseñan e implementan las políticas de salud mental y las de control de drogas por el nuevo gobierno, parten por considerar que una de las singularidades de la ley chilena para el control de la provisión y consumo de drogas es que no se tipifica como delito punible el consumo de drogas, pero el portador o tenedor de cualquier sustancia sometida a control, según el art.4 de la ley 20.000 de drogas, debe de probar ante el tribunal de primera instancia, los juzgados de garantía, que aquellas que le fueron encontradas: “… están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”, no obstante eso no puede ser discernido ni decidido, ni por el policía que lo detiene ni por el fiscal que lo persigue, solo y exclusivamente por el juez de garantía. Además, si la sustancia en cuestión está en la lista 1 de las drogas controladas, esta no puede ser recetada para ningún tratamiento médico, en ellas están precisamente las sustancias más consumidas tales como: el clorhidrato y la pasta base de cocaína, así como, la marihuana y sus derivados.
Mientras el nuevo gobierno de Gabriel Boric construye e implementa una nueva política de salud mental, que no derive a la población a consumir drogas para autogestionar sus estados de ánimo, asumiendo los riesgos de criminalizase, proceso aquel que bien sabemos será largo y dispendioso. Asimismo, mientras el nuevo gobierno diseña y pone en práctica otra política de control de drogas que sea respetuosa de los derechos humanos de los usuarios, repose en evidencia científica y anteponga la salud de los usuarios de drogas a cualquier otra consideración de control del delito, además, para evitar que continúe la actual innecesaria congestión del sistema penal, es recomendable y urgente tomar las siguientes medidas que a continuación se señalan:
1. Definir las cantidades y calidades de drogas permitidas de portar o tener para el uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Circunstancia eximente de responsabilidad penal que puede ser asumida por la policía que interviene al supuesto infractor o por el fiscal que recibe la denuncia. Solo los portadores y tenedores de cantidades de sustancias superiores a las permitidas serán perseguidos por los fiscales y procesados en los tribunales de garantía.
Esta medida puede ser tomada por el Presidente de la República en uso de su potestad reglamentaria de la ley. El Instituto de Salud Pública bien puede definir los parámetros, calidades y las cantidades de drogas que podrían ser consideradas para: “su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”.
2. Retirar de la lista 1 todas las sustancias controladas de mayor uso según los estudios de prevalencia del consumo que realiza SENDA. Esto es facultativo del Presidente de la República.
[1] No considerando las miles de muertes causadas por el consumo del fentanilo y oxicodona, opiodes analgésicos farmacéuticos de uso médico, en EUA se han estimado en unos 100.000 al año.
[2] SENDA no entrega información sobre esta modalidad de consumo de psicofármacos, el consumo con receta médica, pero entre los años 1994 a 2000 según CONACE dicho consumo varió de 12,0% al 12,7%.
[3] Esnal, Luis. Combatir a los narcotraficantes en las favelas es una complicada tarea. El Mercurio, 13, junio 2002. p. A5.
[4] De Rementería,I. (2016) Las drogas de los detenidos. Editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique. Universidad Central. Santiago
