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Universidad - comunidad, hacia un nuevo trato. Por Margarita Pastene Valladares

(Artículo publicado en el libro “La Educación en tiempos de confinamiento: perspectivas de lo pedagógico”. Romero Jeldres, Marcela, y Tenorio Eitel, Solange. (Ed.) Fondo Editorial UMCE-Ariadna Ediciones. 2021 http://doi.org/10.5281/zenodo.4948987)

La pandemia provocada por el Covid-19 que afecta al mundo, ha motivado, desde diversas miradas, la necesidad de un replanteamiento acerca de la sociedad que queremos construir y cuan capaces podemos ser para repensar esta crisis como un desafío, como una oportunidad en la búsqueda de transformaciones que permitan el desarrollo de comunidades armónicas consigo mismas y con el medio ambiente.

La compleja crisis sanitaria que enfrenta la humanidad ha revelado la fragilidad e indefensión que afecta a las sociedades vulnerables respecto a los derechos básicos de las personas, desde el punto de vista social, cultural y económico, los cuales han sido soslayados sistemáticamente durante décadas y cuyas soluciones debieran constituirse en desafíos ineludibles para las naciones.

En Chile, esta vulneración no fue develada por la pandemia. Ésta sólo vino a ratificar las graves y profundas desigualdades sociales, económicas y culturales existentes, situación que se había venido advirtiendo, de manera categórica desde una sociedad civil empoderada que ha puesto en jaque al país, en todas las direcciones, en un hito social relevante como lo fue el llamado “estallido social”, a partir del 18 de octubre de 2019.

En este contexto, es necesario y oportuno plantear, entonces, algunas interrogantes acerca de la tarea que tendrían que asumir las universidades, principalmente a las instituciones del Estado, porque “en los últimos años, se multiplican las voces que proponen un nuevo contrato social de la universidad, en el que su misión esté estrechamente vinculada con las necesidades sociales y su compromiso crítico hacia la mejora de la condición de vida de las mayorías. La recuperación de la articulación con los movimientos sociales es un aspecto clave de este compromiso social que se reclama para la universidad”. (Lobera, 2008)

A las universidades estatales les asiste un rol público ineludible en tanto garantes del desarrollo del conocimiento, las innovaciones tecnológicas y sociales, la creación y las propuestas transformadoras, que se anticipen a reconocer las vulneraciones sociales y dialogar oportunamente con sus entornos cada vez más visibles y legítimamente demandantes y, en ello, el rol público adquiere una dimensión relevante, por cuanto “es el espacio de lo que nos es común, en él se trama el tejido de la comunidad, se formulan y procesan las expectativas de bien social y las alternativas de desarrollo de país. Pero esta dimensión, bien lo sabemos, ha estado largamente amenazada y disminuida por la dinámica de la economía de mercado y de los intereses particulares que concurren en ella” (Pérez, 2007) y que han afectado a las universidades del Estado para cumplir con ese contrato social.

“Conectar a todas las disciplinas con el debate ciudadano, buscando incidir en las políticas públicas, es parte de esa misión. Se trata, sin duda, de un trabajo crucial, sobre todo en un momento en que se discute la revalorización de la educación pública y en el que es necesario que esta institución lidere la vinculación entre la sociedad y la Universidad, no sólo transfiriendo a la comunidad su quehacer, sino también formando parte de la sociedad que la rodea”. (Póo Figueroa, 2020)

Se requiere poner énfasis en la preponderancia que adquiere el establecer una interacción oportuna entre estas instituciones públicas y el territorio en el cual están insertas. Ello implica, en esta situación de pandemia, no sólo resolver el funcionamiento de los procesos formativos, de manera virtual, sino imbuirse en el debate, desde la perspectiva académica. De no asumir esta realidad y actuar en consecuencia, podría acarrear para las universidades, el riesgo de debilitar su capacidad de interpretación adecuada de estos cambios, marcados por fenómenos sociales de la mayor relevancia, como el movimiento feminista, la rebelión social, la crisis social y política acentuada por una urgencia sanitaria mundial, causada por el Covid 19.

Boaventura de Sousa Santos advierte acerca de lo que podría ser “una discrepancia entre teoría y práctica social que es dañina para la teoría y también para la práctica. Para una teoría ciega, la práctica social es invisible; para una práctica ciega, la teoría social es irrelevante. (Santos B. D., 2006). Para evitar aquello, habría que atender la urgencia que ha puesto la sociedad civil y si no se reacciona oportunamente y no se compromete la construcción de relaciones genuinas, significativas y transversales con el medio, en un momento como el que el país enfrenta, se corre el riesgo de perder la capacidad de influencia que supuestamente se tiene en el entorno.

En la declaración final de la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, realizada en Córdova, Argentina, se concluyó que “los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis, nos convocan a luchar por un cambio radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sostenible. Hace un siglo, los estudiantes reformistas proclamaron que “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” y no podemos olvidarlo, porque aún quedan y son muchos. Porque aún no se apagan en la región la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia social. Los universitarios de hoy, como los de hace un siglo, nos pronunciamos a favor de la ciencia desde el humanismo y la tecnología con justicia, por el bien común y los derechos para todas y todos”. (CRES, 2018)

Y dos décadas antes, desde la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO, realizada en Paris en 1998, se había instado a las universidades involucrarse de manera más afectiva en ello:

“La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteados” (UNESCO, 1998).

Resulta oportuno revisar con responsabilidad el cumplimiento de tales compromisos, que adquieren hoy carácter de urgente para repensar y reorganizar la forma tradicional de generar y transmitir conocimiento, de hacer universidad, desde un enfoque dialogante, participativo y horizontal con el territorio, en la construcción de “un diálogo entre dos saberes”, entre la academia y la comunidad, lo que podríamos considerar como un nuevo trato de la universidad hacia su entorno. (Gallastegui, 2017)

Pablo Gentili, planteó la urgencia de que las universidades públicas en América Latina, “se pensaran así mismas” (Gentili, 2005), y desde ese pensarse a sí mismas, relacionaran mejor sus propósitos y su rol en la sociedad, lo que en un momento como el actual, marcado por una crisis social y política, agudizada por la pandemia, podría interpretarse, a pesar de las dificultades, como de una oportunidad para generar una relación más pertinente y comprometida con los territorios sociopolíticos y culturales.

El sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón, recuerda que “en la historia, las grandes catástrofes han generado oportunidades de reconstruir las relaciones entre la política y el conjunto de la sociedad. Estamos frente a una de esas oportunidades. Lo anterior puede expresarse en que hay que tener la capacidad de entender y debatir precisamente eso: que estamos ante la posibilidad de un cambio civilizatorio, y ese cambio va acompañado también de una nueva manera de entender la relación entre la política institucional, el Estado y la vida de la gente”. (Garreton, 2020). Las universidades del Estado, no podrían estar fuera o al margen de esa oportunidad.

Por ello, se plantea este nuevo trato entre Universidad y Comunidad, el que debe ir estableciéndose en ambos sentidos, sin cortapisas, de manera horizontal, en todas aquellas instancias pertinentes para un trabajo colaborativo. Este desafío implica la integración del quehacer académico, según corresponda, a los procesos sociales, tecnológicos, económicos y culturales, en un rol relevante de la dinámica social actual y que ello tenga un sentido profundo para las personas y sus comunidades.

El desafío

Las universidades públicas debieran reconocer el desafío que conlleva esta oportunidad para vincularse con su entorno y establecer mecanismos que permitan evidenciar y constatar la pertinencia de su quehacer académico, transversal a la docencia y a la investigación, desarrollo e innovación, iniciando así un proceso de recuperación del sentido de lo público en el quehacer académico, considerando que “La pérdida de prioridad de la universidad pública en las políticas públicas del Estado fue, ante todo, el resultado de la pérdida general de prioridad de las políticas sociales (educación, salud, seguridad social) inducida por el modelo de desarrollo económico conocido como neoliberalismo o globalización neoliberal, que se impuso internacionalmente a partir de la década de los 80.” (Santos, 2007)

Y, en ese sentido, haciendo frente al modelo neoliberal imperante, si se logra reconocer a la vinculación con el medio, como una función esencial y no subsidiara, ni marginal a los procesos formativos y de investigación, ésta podría constituirse en el eje fundamental que incorpora un elemento vital de alerta permanente respecto a los fenómenos sociales, culturales, económicos, de relevancia territorial y de visión global. Asumir un estado de vigilia en el ejercicio académico, desde la docencia y la investigación, en relación a las realidades y saberes del entorno, es un asunto clave para el nuevo trato y la instalación de una lógica de innovación social continua y sistemática, en ambas direcciones, para el diálogo Universidad-Sociedad.

“Lo que estoy intentando hacer aquí hoy es una crítica a la razón indolente, perezosa, que se considera única, exclusiva, y que no se ejercita lo suficiente como para poder mirar la riqueza inagotable del mundo. Pienso que el mundo tiene una diversidad epistemológica inagotable, y nuestras categorías son muy reduccionistas” (Santos B. D., 2006)

Por lo mismo y desde esa perspectiva, analizar aspectos conceptuales y contextuales de la vinculación con el medio, es pertinente y oportuno, para transitar desde la lógica mercantil impuesta hacia un nuevo trato. Ello contribuiría a fortalecer el sentido de lo público de las universidades del Estado en el quehacer académico, sin se desarrolla en un diálogo genuino con el territorio en los cuales las universidades el Estado están insertas.

Entonces, ¿de qué hablamos, cuando hablamos de Vinculación con el Medio?

Esta interrogante es la que aún persiste en las instituciones de educación superior en Chile, a pesar del marco de las normativas vigentes y los parámetros de referencia impuestos por un organismo técnico, como la CNA Chile, para esa área de acreditación, los que refieren a descripciones generales de pautas de evaluación para orientar de alguna manera los procesos de autoevaluación. No obstante, la CNA ha generado algunos estudios sobre el estado del arte del Área de la VCM en las instituciones educación superior, los que constatan que “al ser todavía considerada desde el prisma de la tradicional función de extensión cultural, con frecuencia la vinculación con el medio es observada como actividad residual y subalterna, en relación a las funciones de docencia e investigación”, aunque también dan cuenta “de un movimiento importante de incorporación del medio como referencia central para las definiciones estratégicas de la política de cada institución.” (Fleet, 2017)

Desde las universidades, existe interés por deliberar sobre la relevancia y necesidad de la vinculación con el medio “la que tendría que considerar de qué manera esa función esencial se articula con los procesos formativos y de investigación, incorporando además los diversos mecanismos de reconocimiento académico y de fomento y apoyo que pueden o no potenciar las iniciativas de vinculación universitaria con la sociedad y el entorno”. (Irarrázabal, 2020)

También se ha cuestionado el término de vinculación con el medio, porque éste sido habría introducido en el sistema, por “una institución externa a las universidades y enfocada a una rendición de cuentas y se construyó con escasa participación de las comunidades universitarias” (Póo Figueroa, 2020). En estricto rigor, habría que señalar que su mención se origina en la Ley Nro. 20129 que estableció el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior al denominar un área de acreditación y desde entonces “la noción de Vinculación con el Medio, consolidada en el contexto chileno, responde a este desbordamiento de la noción tradicional de Extensión, apuntando a la amplitud de la labor por desarrollar” (Alcántar, 2004).

A partir de ahí, se inició un proceso de reflexión y debate para consensuar aspectos conceptuales sobre esta tercera misión universitaria, proceso que no ha concluido, pero que puso en entredicho el sentido de las actividades de extensión universitaria, marcadas por “posturas dominantes del “extensionismo”, que parten de una postura impositiva y las cuales terminan por anular y marginar el saber comunitario, al valorar el conocimiento universitario como único, superior, neutral y universal” (Gallastegui, 2017, pág. 55)

El escritor y ensayista nicaragüense, Carlos Tünnermann aporta a la discusión, recurriendo a uno de los exponentes latinoamericanos más críticos a las prácticas extensionista como lo fue el educador Paulo Freire, indicando que “la teoría implícita en la acción de extender, en la extensión, es una teoría antidialógica, que niega el diálogo, por lo tanto, señala Freire, es incompatible con una auténtica educación. Se acerca más bien a una «invasión cultural», la cual se caracteriza por basarse en una relación autoritaria donde el «invasor» o extensionista dice la palabra y los otros hombres simplemente escuchan, reducidos a meros objetos de la acción del «invasor». Toda invasión cultural presupone la conquista, la manipulación y el mesianismo de quien invade caminos de la «domesticación»” (Tünnermann, 2000)

De allí que, aun cuando el término de vinculación con el medio se haya impuesto en Chile, desde fuera de la Universidad, su incorporación en el sistema, permitió generar un debate necesario y sentar las bases para el establecimiento de un nuevo paradigma, cuya propuesta central la instala el académico Heinrich von Baer, en el marco del Comité Técnico de Vinculación con el Medio, constituido por ese organismo con la misión de orientar respecto de parámetros y criterios para esta área.

Von Baer interpeló al sistema de educación superior chileno respecto de esta función, planteando que “para producir conocimiento relevante, tanto para la sociedad como para la propia universidad, es necesario impulsar un cambio de enfoque en el proceso de su construcción: desde un conocimiento generado en forma unilateral, unidireccional y vertical (de adentro hacia fuera, de los que saben a los que ignoran), centrado principalmente en la inspiración de la academia, hacia la generación de conocimiento compartido, horizontal y bi-direccional, basado en oportunidades de desarrollo, es decir las demandas y la interacción fecunda entre la academia y los actores sociales, culturales y productivos, externos a la universidad.” (Von Baer, 2009)

La propuesta de von Baer, sin proponérselo, dio pie para revisar de manera crítica, el comportamiento de las Universidades del Estado con su entorno, toda vez que estas instituciones públicas, en los últimos cuarenta años, y acorde a lo establecido para todo el sistema de educación superior en Chile, su gestión institucional y académica, se han mantenido hasta hoy, en una lógica mercantil. El nuevo enfoque propuesto, marcó una ruta y de paso generó una singular tensión desde el punto de vista conceptual y político en el sistema, entre la Extensión y la Vinculación con el Medio.

Aclara este autor que la vinculación con el medio debe ser asumida “como otra función esencial de la universidad, de valor equivalente a la docencia y la investigación, como función transversal, de carácter relacional en lo interno y externo, capaz de retroalimentar, enriquecer y potenciar la calidad y pertinencia de la docencia y la investigación, así como la relevancia de los conocimientos y aprendizajes construidos en espacios de encuentro compartidos con los actores sociales del medio externo” (2009, pág. 467)

En este enfoque de “vincular” el quehacer académico, con sentido de compromiso y significancia y no sólo “extender” lo obrado, da sentido a la propuesta de nuevo trato que busca transitar desde el modo tradicional de relacionarse con el entorno, a un modo de interactivo, incorporado transversalmente, desde el quehacer universitario, como estrategia de desarrollo, posicionamiento y pertinencia, a fin de responder proactivamente a las necesidades, demandas y/o requerimientos del medio en que la universidad se encuentra inmersa.

“La universidad es una institución que, históricamente, ha tenido por núcleo principal la docencia e investigación. No obstante, se le ha escrutado por su falta de vinculación con el medio, asociándola así a la conocida figura de la torre de marfil. En este sentido, la universidad, en tanto institución social e histórica, debe también responder a la realidad y acontecimientos de su tiempo.” (Irarrázabal, 2020) Y, partir de este desafío, definir el modo de interacción con el entorno que les correspondería a las universidades estatales, principalmente.

Para que el compromiso sea genuino en el reconocimiento de los entornos y las organizaciones sociales, resultará pertinente la elaboración de “estudios relativos a la percepción social de sus instituciones, que rebasen el aspecto escenográfico o publicitario y que consideren la imagen en función de la pertinencia social y de la percepción que de esa pertinencia tenga la sociedad, a fin de estar en mejores condiciones de satisfacer las demandas los sectores externos en materia de vinculación” (Alcántar, 2004)

Mientras desde lo conceptual y epistemológico se desarrolla el debate, el gran objetivo que las universidades del Estado deben plantearse hoy, repensando la crisis sanitaria como una oportunidad, es reorientar su relación con el entorno en el desafío de recuperar y consolidar un rol protagónico y establecer un nuevo trato hacia la comunidad. En este contexto de demandas sociales, la tarea resulta urgente e insoslayable, más aún cuando se obra en y desde lo público, independientemente de las precisiones conceptuales, metodológicas o los modelos de gestión que se implementen para ello. Si bien las universidades estatales han ido incorporando parte de estos principios en sus planes estratégicos, modelos educativos y políticas institucionales, dichos propósitos, en la práctica, no revelan aun el cambio de paradigma.

Ello se puede interpretar, como lo que ha planteado De Sousa Santos (Santos B. D., 2007) respecto de “la incapacidad política del Estado y del proyecto nacional que repercutió en una cierta incapacidad epistemológica de la universidad, en la generación de desorientación en relación con sus funciones sociales.”

El origen de esa desorientación, habría que encontrarlo en la instalación del modelo de desarrollo neoliberal en Chile que introdujo la “creciente privatización de la educación superior y con ello la presencia del mercado como ente regulador, lo que difiere con el antiguo sentido de la educación superior pública que buscaba, en primera instancia, la universalización y gratuidad de la prestación y la formación de profesionales al servicio del país” (Gajardo, 2005), lo que en la práctica, significó entre otros aspectos, “la pérdida de prioridad de la universidad pública en las políticas públicas del Estado y pérdida general en las políticas sociales (educación, salud, etc.) inducida por el modelo de desarrollo económico denominado como neoliberalismo o globalización liberal” (Gallastegui, 2017) que en efecto se trata de un enclave autoritario que ha horadado el sentido público de las universidades estatales.

Si bien se han desarrollado estudios sobre las complejidades de la realidad de la educación superior latinoamericana, en relación a los procesos de reformas neoliberales, a modo de diagnóstico, no resultan suficientes para develar en toda su dimensión dichos resabios al interior del sistema universitario estatal, cuya identificación resulta de suma importancia, al momento de impulsar la recuperación del rol de las universidades estatales y su relación con la sociedad, en tanto generadoras de conocimiento y orientadoras del debate sobre los asuntos públicos de una nación.

Sólo basta con mencionar “la subordinación de la actividad académica a las demandas del mercado” (Gentili, 2005) para considerar que hubo elementos ajenos al quehacer académico y generados desde los regímenes autoritarios, para así establecer y articular condiciones internas que facilitaran la relación universidad-mercado. “Todo lo cual se inserta en las prácticas académicas reales, en los planes de estudios, en la figura de cliente del estudiante y la nueva característica de empresario del investigador, regulado todo mediante la imposición de estatutos orgánicos que, fueron horadando la esencia de la universidad, en tanto espacio público”. (Pastene M. R., 2018)

Como consecuencia de todo aquello, las universidades fueron perdiendo el sentido de la dimensión política en su tarea de pensarse a sí misma, lo que es pertinente mencionar para rediseñar y resignificar, la interacción con el medio “cuyo cultivo aporta insumos de conocimiento y experiencias muy valiosas e insustituibles” (Von Baer, 2009) como un reencuentro de saberes y para la creación de puentes significativos con el entorno socio territorial, como un elemento fundamental si se quiere reconstruir el ethos de las universidades públicas.

Dar cuenta de los enclaves autoritarios al interior de las universidades, debe constituirse en una práctica ética para recuperar su indiscutible función estratégica de producción de conocimiento, capaz de ayudar a enfrentar y resolver los problemas sociales y contribuir a la recomposición de la matriz socio-política del país, toda vez que “no se observa, en general, el surgimiento de un principio identitario unificador que llene la orfandad de una nación abandonada por su Estado” (Castells, 1999). De paso las comunidades universitarias, dejarán atrás la “incertidumbre, el temor y la desconfianza, como resultado del enclave autoritario ético valórico” (Garreton, 2000)

El proyecto académico desde una institución pública, en tanto actor social decisivo a la hora de construir colectivamente un proyecto país, como actor protagónico en la lucha por otro mundo posible, supone reconocer que la Universidad, “aislada, elitizada y corporativista, constituye un obstáculo para el cambio democrático” (Gentili, 2005).

Agrega Gentili que, por lo mismo, “una universidad al servicio de un proyecto de nación democrático y popular es una universidad comprometida con la producción rigurosa de saberes. Una universidad abierta para pensar el mundo debe estar, primero, abierta a pensarse a sí misma. Una universidad abierta a cambiar el mundo debe ser, ante todo, una universidad dispuesta a cambiarse a sí misma” (Gentili, 2005).

La relación con el entorno, asumida como función esencial y generada en forma dinámica, dialogante y transversal, permitiría aportar a la certeza que las universidades tienen un rol relevante para el desarrollo del país y de la sociedad, por su desempeño en actividades de docencia, investigación y vinculación con el medio y/o extensión, misiones que han estado presentes desde el origen de las universidades, aunque hayan variado a lo largo del tiempo.

Desde esa perspectiva y con el propósito de contrarrestar el sentido mercantilista que ha tenido la interacción con el medio en las últimas décadas (Pastene M. R., 2018), reviste la mayor urgencia que las universidades estatales definan un nuevo trato para la relación con su entorno, que apunte a generar una mirada crítica institucional y desarrollar un diálogo transformador y de colaboración recíproca y permanente, y “responder así a las demandas sociales para la democratización radical de la universidad, poniendo fin a una historia de exclusión de grupos sociales y de sus saberes, en lo que ha sido protagonista la universidad durante mucho tiempo, desde antes de la actual fase de globalización capitalista”. (Gallastegui, 2017)

Ello sólo se hará posible de revertir si se transita con convicción, desde la lógica de mercado, hacia una lógica de compromiso ético que debieran recuperar las universidades estatales en el país, considerando que la sociedad chilena, mucho antes y más allá de la crisis sanitaria, ha estado exteriorizando, desde las más diversas expresiones y manifestaciones ciudadanas, la necesidad de un cambio.

“La universidad pública es parte esencial del sistema social; ha cumplido y cumple dentro de él una función especial, expresada en sus fines de educar, investigar y extender la cultura; pertenece a la sociedad y está a su servicio. Por ello, y porque se sitúa en la esfera pública de la sociedad, el quehacer universitario es un bien público que adquiere sentido dentro de un proyecto de largo aliento que apunta a la construcción de una sociedad más democrática, más justa y equitativa”. (Hiram & Marticelli, 2015)

La sociedad civil demanda ser considerada e incorporada para “formar articulaciones cooperativas con la universidad y los intereses sociales que representan” (Gallastegui, 2017), considerando además que “la universidad pública sabe que sin proyecto nacional sólo hay contextos globales y éstos son demasiado poderosos como para que la crítica universitaria de los contextos no acarree la propia descontextualización de la universidad” (2017, pág. 34)

La visibilidad de este tercer protagonista y su reconocimiento desde la academia como fuente de saberes, “tiene que ser conquistado, a través de la respuesta al asunto de la legitimidad, es decir, a través del acceso no clasista, no racista, no sexista y no etnocéntrico, y por todo un conjunto de iniciativas que consoliden la responsabilidad social de la universidad en la línea del conocimiento pluriuniversitario solidario” (2017), aunque aquella búsqueda se vea entorpecida “por la incapacidad material de impulsarla, pues existen obstáculos externos, como lo es un contexto social marcado por el individualismo y la escasez de tiempo de las contrapartes” (Póo Figueroa, 2020, pág. 16)

El gran objetivo de la Universidad hoy, que reflexiona sobre su rol en un contexto de emergentes demandas sociales, es reafirmar su relación dialógica con su entorno vital y que dota de contenido un compromiso social sustentado en prácticas de confianza y mutuo entendimiento, que permita el desarrollo de modelos innovadores desde la generación compartida de conocimiento, capaces de sustentarse en el tiempo a través del reconocimiento del otro, en este nuevo trato entre Universidad y la comunidad.

De esta relación Universidad-Comunidades deben surgir prácticas académicas de carácter bidireccional, que permitan descubrir e incorporar los saberes de los territorios, en los procesos formativos y de investigación, como producto de una relación dialógica y horizontal con el entorno.

Reconocen las universidades del Estado, en la Memoria Red Cuech 2016-2020, que al iniciar el proceso de trabajo en Red, en la búsqueda del fortalecimiento de su identidad estatal, se dieron cuenta “del profundo cuestionamiento hacia el modelo institucional de mercado, que produjo la fragmentación y la competencia” entre ellas, cuya lógica “debilitó por más de 20 años el rol que las universidades estatales tienen con la sociedad”. (Cuech, 2020)

“Las universidades estatales se han desempeñado dentro de este marco muchas veces contradictorio y respondido como mejor pueden según sus propias situaciones. Todo ello ha llevado a que hoy las universidades estatales son menos que nunca un sistema integrado, y los objetivos comunes que deben cumplir se han desdibujado, objetivos que tienen que ver con el fomento de la movilidad social y la formación de cuadros académicos y profesionales de primer nivel en los que se expresen, sobre la exclusiva base del mérito, las diversidades de distinto tipo-socioeconómicas, de género, de etnia, de creencia- que conforman a nuestra sociedad.” (Pérez, 2007)

Ello implica “revisar las condiciones que se tienen que generar para que el país pueda elaborar proyectos que provengan de los actores sociales, en el sentido de reconstruir la idea de país, sobre la base de una comunidad ética, con la reformulación de una matriz-política”, en esta tarea, se requiere “la recuperación de los espacios naturales del conocimiento, de las universidades públicas, en tanto instituciones culturales estratégicas, referentes para el proyecto futuro de la nación, que tengan un papel de brújula orientadora en el fomento de conductas democratizadoras” (Garreton, 2000)

Desde la Red de Universidades del Estado, bajo el alero del consorcio que agrupa a las 18 universidades estatales chilenas, se dio origen al trabajo colaborativo para abordar, entre otros, el área de Vinculación con el Medio, en cuyo debate se fue definiendo un marco referencial para fortalecer este ineludible rol social de las universidades estatales y públicas. (Cuech, 2020, pág. 11)

Consideraciones finales

En este trabajo colaborativo, hemos compartido y reflexionado acerca del rol que deben asumir nuestras comunidades universitarias en una interacción efectiva con sus territorios, con la sociedad y los desafíos que nos demanda el país y el mundo. No cabe duda de que, en estos tiempos, debemos pensar globalmente, desde los territorios en un diálogo vital y necesario entre los saberes de las organizaciones sociales, culturales y el quehacer académico. (Cuech, 2020)

Sin embargo, a la luz del intercambio de experiencias, el análisis de las políticas institucionales y sus propósitos se advierte que aún estamos entrampados en el modelo de competitividad y rentabilidad del conocimiento, limitando la discusión, por imperativos externos, a la búsqueda de modelos de gestión eficientes, indicadores exigentes y estrategias de posicionamiento, acorde las estructuras de poder imperantes y que superan nuestras propias ideas.

“Por cierto, esta fuerza extra dirigida, no nos gusta. En nombre del principio de la autonomía universitaria, quisiéramos actuar desde nuestros propios impulsos, desde nuestras propias convicciones acerca de cómo aportar mejor al país y a la educación. Sentimos que las mediciones vienen ideologizadas por un sistema que nos incomoda; desde el punto de vista de valores ajenos a nuestra tradición universitaria. Pero, como les dije, el sistema obliga. Y hasta el más resistente ha tenido que someterse a estos escrutinios.” (Espinosa, 2017)

De allí entonces, que el desafío sea mayor y la oportunidad de hoy, resulte única para centrar el debate en cómo repensar la universidad y cómo enfrentar el desafío de transitar, sin temores, de un “modelo universitario tradicional como servicio mercantil, a un modelo superador como servicio de responsabilidad social” (Gallastegui, 2017, pág. 29), en consonancia con la propuesta de los académicos de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Joaquín Gallestegui e Ignacio Rojas, sus legítimas interrogantes debieran centrar la discusión para el nuevo trato: ¿qué es una universidad pública? ¿Cuál debe ser la relación de la universidad y sociedad?

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Casablanca, Julio 2021

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