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Jorge Magasich
Historiador. Jorge Magasich aborda cada mes en Le Monde Diplomatique, desde septiembre de 2012, un aspecto del gobierno de la Unidad Popular.
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Página de inicio >> Marzo de 2013

El Parlamento, la Corte Suprema y la Contraloría contra el poder Ejecutivo
El conflicto institucional

por  Jorge Magasich

Las acusaciones al Gobierno de la Unidad Popular de “grave quebrantamiento del orden constitucional”, bastante difundidas, han sido prácticamente abandonadas, a falta de pruebas serias. Son menos conocidos los trabajos de Eduardo Novoa y de Susana Bruna que establecen, con rigor, como el Gobierno respetó cabalmente la ley, pero fue privado de la protección que ésta debía brindarle. Una mirada a estas ideas.

Sin poder transformar la mayoría absoluta que respalda su programa en 1971 en mayoría parlamentaria, el gobierno de la UP sólo dispone de las prerrogativas del Ejecutivo para aplicarlo. Estas facultades serán sometidas a un verdadero cañoneo por parte de la Corte Suprema y la Contraloría, abandonando su rol neutral e incluso las apariencias de legalidad. Se suma a estos embates la mayoría parlamentaria opositora: aprueba leyes desfinanciadas, destituye ministros e intendentes, y exige la promulgación de una reforma constitucional que no dispone de los votos necesarios.

Contrasta el comportamiento del Consejo de Defensa del Estado y del Tribunal Constitucional (2), compuestos por juristas de alto nivel, casi todos con ideas de derecha, que confirmaron sistemáticamente el ajuste a la legalidad de las medidas gubernamentales.

La Contraloría
Organismo verificador de las cuentas públicas y de la conformidad de los decretos con la ley, es dirigido por un Contralor nombrado por el Presidente con acuerdo del Senado, función casi vitalicia y fuera de control por autoridad alguna. Los decretos que objeta quedan sin efecto, a menos que el Presidente ordene una insistencia firmada por él y todos sus ministros.

A partir de 1971 el Contralor Héctor Humeres transforma la Contraloría en una especie de tribunal que admite alegaciones escritas de los particulares para juzgar los motivos presentados por el Ejecutivo, atribución que la ley no le da. A comienzos de 1973 había objetado la requisición de 43 empresas; en abril, el Gobierno decreta la insistencia.

Y va más allá. Decide que no tienen efecto las leyes que permiten al Ejecutivo impedir la paralización de industrias vitales decretando la reanudación de faenas, ya que la ocupación de fábricas por sus trabajadores constituye un “ilícito penal” a tratar por los tribunales, contradiciendo la jurisprudencia judicial. En 1969, en efecto, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Suprema confirmaron un fallo que desechó una denuncia por usurpación presentada por los propietarios de Indelmac contra los trabajadores que la ocupaban, pues la ocupación “no constituye usurpación, sino una situación de hecho” (3).

Finalmente, hay indicios de la participación del Contralor en la organización del golpe. A fines de agosto 1973, los generales golpistas temen que el Presidente los llame a retiro. Piden a Sergio Arellano (hijo) “contacto con el Contralor” para que retenga en la Contraloría el eventual decreto. Arellano afirma que contactó al hijo del Contralor para que le informe “si el decreto llagaba a manos de su padre y que éste procurara detener su toma de razón” (4).

Tribunales y Corte Suprema
Los 13 miembros de la Corte suelen ascender –afirma Novoa– más por influencia y relaciones sociales y políticas que por méritos, pues pocos tienen grados académicos o publicaciones jurídicas. Imbuidos de ideas ultra conservadoras, desconocen el pluralismo ideológico: un estudio sobre 30 fallos, publicado en 1970 (5), concluye que favorecen sistemáticamente a los medios empresariales y conservadores.

Se conocen las cartas del presidente de la Corte, Enrique Urrutia (6), a Salvador Allende, exigiendo fuerza pública contra las “tomas”, cada vez que un tribunal lo exija, a lo que el Presidente responde que está en sus atribuciones prever las consecuencias y apreciar la oportunidad. Son menos conocidos los ataques de la Corte contra las nacionalizaciones, que transgreden normas elementales del derecho.

En enero 1971, una comisión de diputados pide un informe al fiscal de la Comisión antimonopolios (7), Waldo Ortúzar (8), para determinar si la nacionalización de la banca constituye monopolio. Este responde “sí”: la compra masiva de acciones bancarias por la CORFO elimina la libre competencia.

El Gobierno consulta al Consejo de Defensa del Estado, que en informe unánime rebate al fiscal. Primero, -señala- éste carece de facultades para pronunciarse sobre las atribuciones de la CORFO, y menos para dejarlas sin efecto. Segundo, la CORFO está facultada para desarrollar planes de fomento y, en este marco, la compra de acciones es lícita. Por último, la ley antimonopolios busca promover la libre competencia entre particulares, pero el Estado puede reservarse el monopolio en determinadas actividades que el Presidente debe autorizar por decreto.

Sin sorpresa, la Corte Suprema acoge el informe del fiscal asimilando las iniciativas privadas orientadas al lucro a las iniciativas públicas orientadas al bien general. Y ordena una querella criminal contra los funcionarios que participaron en la nacionalización (9).

Otro ardid jurídico es, en caso de “toma”, denunciar a los trabajadores por usurpación para que un juez impida la entrada a toda persona, incluso al interventor designado por el Gobierno. Y si ingresa, es procesado. Así aconteció en la fábrica Enlozados S.A. donde el juez prohibió el desempeño de sus funciones al interventor Hernán Cornejo. Tal procedimiento, destinado a privar al Ejecutivo de su facultad de intervenir, infringe la jurisprudencia que establece que la ocupación no constituye delito.

Otro. Los propietarios de empresas en trámite de intervención son “dateados” por funcionarios de la Contraloría antes de la publicación del decreto y piden medidas precautorias. En unos 60 casos el juez les da razón por anticipado (una aberración jurídica) y a menudo designa un “interventor adjunto” que muchas veces es el propio gerente de la empresa intervenida. El interventor queda impedido de continuar las actividades… y la industria permanece paralizada (10).

Y otro. El Tribunal de comercio (11) rechaza una apelación de Yarur contra la requisición de su empresa, pues no se trata de una sanción sino de regulación económica, materia en que el Ejecutivo es competente. Pero la Corte Suprema acoge una queja y aplica una sanción disciplinaria al Tribunal, invadiendo las prerrogativas del Ejecutivo y contradiciendo sus tesis anteriores.

Se usa también la treta de arruinar empresas aumentando groseramente los sueldos: en Indugas por ejemplo, un gerente es aumentado de 6.000 escudos mensuales a 80.000, entre otros. Poco después los aumentados son “despedidos” o renuncian y reclaman indemnizaciones exorbitantes, que los tribunales ordenan pagar.

El Parlamento
La Constitución otorga a la Cámara la facultad de destituir ministros, jueces, generales e intendentes, por delitos graves (12). Esta reminiscencia del régimen parlamentario es utilizada, a gran escala, como arma de sanción política: 16 acusaciones contra ministros, 6 rechazadas, 6 aprobadas y 4 cesan por renuncia colectiva del gabinete; 11 contra intendentes, 9 aprobadas (13). Esto fomenta el clima de crisis.

La mayoría adopta leyes de reajustes desfinanciadas, burlando la obligación constitucional de financiar de todo nuevo gasto, lo que obliga al Gobierno a emitir, provocando inflación. En su último mensaje el Presidente indica que el Congreso “aprobó, el año último, alrededor de veinte proyectos de ley que significaron gastos de casi 60 mil millones de escudos, con un financiamiento de sólo 12 mil millones; es decir, apenas cubrió la quinta parte del costo”. Y por último, la mayoría dirigida por Aylwin y Frei, exige al gobierno que promulgue la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba que transfiere al Congreso la facultad de decidir sobre el paso de empresas al área social y anula las nacionalizaciones iniciadas después del 14 de oct. 1971, lo que invalida buena parte de la compra de acciones bancarias por la CORFO. Dos aberraciones jurídicas, ya que fabrica a posteriori un vicio de nulidad que no existía cuando el contrato fue firmado, y exige la aprobación por mayoría simple de una reforma constitucional vetada, cosa nunca vista.

Epílogo
El Tribunal constitucional, encargado de resolver los conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo fue consultado 17 veces. En la mayoría de los casos decidió a favor del Presidente por unanimidad o por mayoría de 4 a 1. Y los estudios del Consejo de Defensa del Estado confirmaron e inspiraron las opciones jurídicas del Gobierno. A fines de 1972, el Gobierno le solicita que estudie una forma jurídica que permita proseguir normalmente sus tareas. Por unanimidad, el Consejo responde que atendidas las actitudes del Contralor y de los Tribunales, no existen formulas practicables. En realidad, la oposición ha optado por el golpe y no duda en transgredir el orden constitucional.

1. Organismo asesor jurídico del Estado, conformado por 12 juristas, inamovibles por el Gobierno. 2. Integrado por 2 miembros designados por la Corte Suprema y por 3 por el Presidente con acuerdo del Senado. 3. Novoa Eduardo, 1978, ¿Vía legal hacia el socialismo? El caso de Chile, 1970-1973, Ed. jurídica venezolana, 97-111. 4. Arellano I. Sergio, 1985, Más allá del abismo. Ed. Proyección, 44. Hijo del general y militante DC. Formó parte del primer círculo de los organizadores del golpe. 5. Novoa, 1970, Justicia de clase, revista Mensaje 187. 6. Ceñirá personalmente la banda presidencial a Pinochet, legalizando el golpe. 7. Presidida por un miembro de la Corte Suprema e integrada por el Superintendente de bancos y el de sociedades anónimas. 8. Waldo Ortúzar (fallecido en 2001) con su mujer Olga Feliú, ex senadora designada, contribuyeron a crear un sistema de protección de los activos de Villa Baviera en 1990. 9. Novoa, 1978, 68-78. Después del golpe estos funcionarios (exilados) son declarados reos hasta que, en 1976, la Corte de Apelaciones revoca la medida ya que la Junta derogó la ley antimonopolios. 10. Los ejemplos vienen de Novoa, 1978, 107-116. 11. Compuesto por un juez designado por el ministerio de Economía, otro por el Consejo del registro de comerciantes y el tercero por el Consejo de defensa del Estado. 12. Traición, corrupción, malversación, soborno o transgresión de la Ley. 13. Bruna Susana, 1976, Chile: la legalidad vencida, Era.

*Historiador. Jorge Magasich aborda cada mes en Le Monde Diplomatique, desde septiembre de 2012, un aspecto del gobierno de la Unidad Popular.

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