Las huellas de la represión

Las grandes movilizaciones sociales se inician el 18 de octubre y congregan a más de dos millones de personas el 25 de octubre del 2019 en la Plaza de la Dignidad, marcando así la más grande manifestación social de toda la historia de Chile. Esas movilizaciones son la expresión de la distancia definitiva entre el movimiento social y el poder político, que está representado por las instituciones políticas del Estado: el Poder Ejecutivo y el Congreso, además de los partidos políticos que son las organizaciones intermedias de ese poder. Un momento en que además puso sobre la mesa las nuevas violaciones de derechos humanos por parte del Estado.

Siete generales de Carabineros, todos integrantes del alto mando de la institución, están siendo investigados por la Contraloría General de la República, por su eventual responsabilidad en la represión a las movilizaciones ocurridas entre el 18 de octubre y diciembre del año recién pasado. Los altos oficiales –uno de ellos ahora en retiro- han ocupado cargos operativos en distintas destinaciones de la policía, principalmente en Santiago y Valparaíso, y se les indaga por el uso de los recursos de fuerza contra los manifestantes, los procedimientos empleados y su apego a las normas internas de la institución. Según la propia Contraloría, la investigación de carácter administrativa obedece a más de 400 presentaciones de personas civiles y organizaciones de defensa de los derechos humanos, y los resultados del proceso de indagación podría culminar con amonestaciones a los policías hasta la expulsión de los mismos de la institución.

La defensa del mando policial ha sido cerrada y, con el respaldo del gobierno, intentó descartar la actuación del organismo contralor alegando que éste no contaba con facultades para hacerlo. La investigación sigue su curso y podría derivar después en acciones penales.

La investigación da cuenta de las masivas y continuas violaciones a los derechos de quienes se manifestaban, las cuales también quedaron consignadas en cuatro informes emitidos por organismos internacionales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La relación del poder público con el movimiento social, aquel expresado en el Estado y representado por el gobierno, tiene su más clara expresión en las violaciones a los derechos humanos que padece la gente en las calles cuando expresan públicamente sus demandas y quejas sobre la situación social, económica y cultural -en el sentido moral- que están padeciendo después de treinta años de democracia en transición. Los derechos humanos están constituidos por el conjunto de normas que obligan al Estado a proteger integralmente los atributos esenciales del ser humano que son: la vida, la integridad y la libertad de toda persona sometida a su jurisdicción. No esta demás recordar siempre que durante la dictadura militar en derechos humanos se hizo del horror una práctica rutinaria.

Las cifras de la represión
La evaluación de los impactos de las actuaciones de las fuerzas del orden en las violaciones de los derechos humanos, según el INDH desde octubre de 2019 a marzo de 2020 se registran 30 muertos, 3.838 heridos, de esos por usos dolosos y (...)