Los transgénicos, la minería, las explotaciones petroleras o la privatización del agua provocan en América Latina la resistencia de las comunidades afectadas por proyectos que, en aras del desarrollo y el progreso, ponen en cuestión los modos de vida tradicionales. Pero, ¿qué posibilidades de éxito tienen esas luchas y hasta dónde llega su legitimidad?
Un año y medio después del inicio del acampe en Malvinas Argentinas que ha bloqueado la construcción de una planta de maíz transgénico en Córdoba, unos pocos activistas mantienen con vida el acampe que consiguió en 2013 sabotear el proyecto de la multinacional estadounidense Monsanto de convertir la provincia en “el centro estratégico de la industria maicera en la región”, como afirmaba la corporación en su página de Internet. La planta se proyectó con una vasta área de 27 hectáreas y una inversión de 1.500 millones de dólares y, según sus promotores, tendría capacidad para procesar y embolsar 60.000 toneladas de semillas de maíz transgénico al año.
Monsanto aterrizó en Malvinas Argentinas con el apoyo de los gobiernos municipal, provincial y nacional y con una doble promesa, empleo y progreso: 400 nuevos puestos de trabajo en una localidad de población mayoritariamente obrera. Pero los cordobeses no estaban conformes, así que se organizaron –Asociación Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Ituzaingó Anexo, Acampantes– y transmitieron sus reclamos al gobierno municipal, al provincial, a la Casa Rosada, a la Justicia...
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