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Persisten los altos grados de impunidad

El cierre del penal militar de Punta Peuco, habitado por 120 represores que cumplen condenas a firme, quedará en la lista de hechos significativos del gobierno de Michelle Bachelet en el plano de la consecución de justicia y reparación para los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar. Tal como lo fue para el gobierno empresarial, cuando clausuró el penal Cordillera, un recinto que alojaba a una veintena de los ex altos mandos de la DINA-CNI en condiciones de notables privilegios, a años luz del estado paupérrimo de las cárceles comunes que, a la lo largo de Chile, mantienen en “sistema cerrado” a casi 47 mil internos.

El solo contraste de cifras entre el sistema común penitenciario –donde están privadas de libertad personas que han cometido desde pequeños delitos hasta crímenes muchas veces brutales- y el régimen especial en el que viven los autores de delitos de lesa humanidad -entre los que se encuentran macro criminales, autores de asesinatos múltiples, cada uno con delitos acumulados como secuestro, torturas, asesinatos y desaparición forzada- resulta chocante. De las condiciones materiales y de acceso a derechos que tienen estas dos poblaciones penales, no hay comparación posible...

Artículo completo: 209 palabras.

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Libio Pérez

Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique.

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