Tráfico de datos personales

Durante mucho tiempo, los Estados toleraron todas las infracciones de las empresas digitales (fiscalidad, propiedad intelectual, privacidad). Pero la relación de fuerzas con los poderes públicos está cambiando. Ya no se trata de saber si la actividad de estos grupos debe ser regulada, sino cómo y en beneficio de quién.

La vida de Catherine Taylor cambió radicalmente el día en que un agente de datos personales registró por error en su historial: “Tentativa de venta y fabricación de metanfetaminas”. Esta falsa acusación se propagó como reguero de pólvora, a través de las ventas desenfrenadas de información relativa a los consumidores. Cada vez que se postulaba para un empleo, este estigma digital la perseguía y alejaba a los responsables de la selección de personal. Ni siquiera podía comprarse un lavavajillas en cuotas.

ChoicePoint, una de las numerosas empresas de recolección de datos personales, terminó corrigiendo su error. Pero muchas otras empresas a las que les había vendido el historial de Taylor no hicieron lo mismo. La interesada debió perseguirlas y demandarlas judicialmente; gestiones que terminaron agotándola. “No puedo pasarme el día montando guardia”, confiaba al periodista de The Washington Post que contó su historia. Debieron pasar cuatro años para que consiguiera un empleo y, al no poder encontrar un departamento, terminó yéndose a vivir a la casa de su hermana. Afirma que el estrés provocado por esta situación agravó sus problemas cardíacos...