La enorme cantidad de votos que obtuvo la opción plebiscitaria que inicia el camino para el fin a la Constitución de Pinochet, así como la mayor cantidad de sufragios a la Convención Constituyente, sintetizó la persistente movilización social que se expresó a partir de octubre del año pasado. Una rebelión que venía gestándose de larga data, que cuestionaba el entramado político-jurídico de la dictadura, interpelaba los consensos de la transición forjados bajo la sombra del dictador y que fue horadando la legitimidad a las instituciones y las autoridades que administraron el modelo de sello neoliberal.
El referendo del pasado 25 de octubre tuvo el doble carácter -aunque suene contradictorio- de ser constituyente y “destituyente” a la vez. Abrió una ruta hacia posibilidad de una mejor democracia construida por mayorías, y al mismo tiempo cerró las puertas a una oligarquía social, económica y política que ha profundizado de manera permanente las desigualdades, hasta llegar a extremos como que el 1 por ciento más rico concentre más del 22,6 por ciento de los ingresos y riquezas del país (1).
La arrasadora votación del plebiscito -que no hay que olvidar fue conseguido por la movilización social, sin la dirección política de ningún partido- debería ser una señal clara para quienes forman parte de las castas políticas, de las familias que se heredan sillones en el Congreso, y -no es casualidad- que viven en la burbuja de las únicas tres comunas de Santiago en las que ganó el “rechazo”.
“Vamos a defender nuestras ideas y conceptos que están plasmados en la Constitución”, declaró la exministra de Educación Marcela Cubillos, cuyas relaciones familiares y sociales están profundamente vinculadas a la dictadura. Sus palabras emitidas pocas horas después del resultado electoral fueron un adelanto de la decisión ya tomada por parlamentarios de su sector que buscarán ocupar un puesto en la Constituyente, tal como lo pretenden también actuales altos cargos del gobierno.
Los (…)
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