Hace un buen tiempo que han sonado las alarmas que advierten los riesgos que afronta la democracia a nivel global y local. La democracia chilena reconstruida luego de 17 años de resistencia a la dictadura civil militar y tras treinta años de gobiernos civiles, está bajo amenaza. El crimen organizado ha ganado terreno, penetra la institucionalidad y conquista territorios. Delitos de alta connotación pública copan la agenda pública, mientras la sensación de inseguridad se amplifica en los medios de comunicación. Una sensación que no siempre está acompañada de datos estadísticos que sustenten tal apreciación, pero que llega profundo en la población.
Si la actuación del crimen organizado es una amenaza a la democracia y a los derechos a la seguridad de la ciudadanía y el buen vivir, la corrupción es un flagelo que interactúa y facilita nuevos y mayores riesgos. Más aun cuando esta se incuba en las instituciones encargadas de velar y ejercer el poder democrático, cuando se instala en la parte alta de pirámide de mando de las policías, las Fuerzas Armadas y poderes civiles como la justicia.
De esto último ha surgido en los millares de mensajes del teléfono celular del influyente abogado Luis Hermosilla, quien es investigado por eventuales pagos a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, según sus propias palabras develadas en las grabaciones conocidas como el “Caso audios”. Si ya era grave lo que se escucha en la conversación de Hermosilla, una abogada y un empresario -causa por la que el ex representante de la familia de Jaime Guzmán y ex socio de Andrés Chadwick no ha sido aun formalizado- las comunicaciones entre el ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad con el renunciado director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, dan cuenta de una red de tráfico de influencias y otros delitos enquistada en lo más alto de la institución policial.
Esa arista de la red queda (…)
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