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Sobre el autor

Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector de la Universidad de Santiago de Chile y Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores.
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Página de inicio >> Octubre de 2012

Pierde Chile:
CONICYT en la mira de los economistas

por  Juan Manuel Zolezzi Cid

La noticia de un probable cambio de dependencia de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt, amerita un debate amplio que considere la opinión de las universidades, ya que son ellas las que realizan la mayor parte de la investigación en el campo de la ciencia pura y la ciencia aplicada en nuestro país.

No sólo es necesaria, sino urgente la discusión si se considera que la iniciativa del Ejecutivo de elaborar un Proyecto de Ley conducente al traslado de CONICYT, desde el Ministerio de Educación al de Economía, no cuenta con los consensos mínimos que podrían justificar y fundamentar tal medida.

En términos estrictamente coyunturales y aunque duela reconocerlo, esta posible modificación no sorprende, ya que las autoridades gubernamentales han demostrado preferir un ideario en el que prevalece una concepción economicista del concepto de desarrollo. Consecuente con esta visión, la investigación pura y la aplicada en el nuevo escenario serían evaluadas a partir de un enfoque que asignaría mayor importancia al carácter rentable, práctico y utilitarista de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Es cierto que Chile y gran parte del mundo experimentan la influencia de ideas que promueven el crecimiento económico y la centralidad del mercado, como regulador de los diversos procesos que permiten el desarrollo de los países. Sin embargo, la aplicación radical de tales principios al financiamiento de la investigación científica -con la esperanza de que la lógica de la productividad y la utilidad a corto plazo sea extrapolable a este ámbito- se basa más en el voluntarismo que en las condiciones reales en que se desarrolla el quehacer científico.

La problemática de establecer una estructura institucional para un mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile, debe ser abordada en toda su complejidad, lo que involucra un escenario más horizontal que vertical, constituido por las universidades y centros de investigación, públicos o privados, en diálogo con los diversos organismos sectoriales del Estado que se benefician con los resultados del avance científico. Lo contrario, vale decir la imposición de un cambio estructural por parte del Gobierno en un ámbito que no funciona sólo en base a parámetros económicos, podría significar un retroceso mayor en los indicadores de competitividad global para la investigación científica que se realiza en el país.

No cabe duda que las empresas y el sector productivo desempeñan un papel decisivo, especialmente en el establecimiento de prioridades tecnológicas, utilitarias e instrumentales. Pero esta importancia no es aplicable a todo el espectro de necesidades que tiene Chile. Considérese, a modo de ejemplos, la superación de los problemas medioambientales; la reforma a la educación; la inclusión social; la creación de políticas públicas orientadas al mejoramiento de la salud, entre tantas otras. En todos estos casos, las soluciones no son en el corto plazo y, por ello mismo, cabe preguntarse si es de competencia del Ministerio de Economía administrar y regular la investigación científica que pretende describir, explicar y evaluar estas necesidades, de manera profunda, en el largo plazo.

Por otra parte, se debe tener presente que las razones económicas no son las únicas que guían la investigación científica. El trabajo en el ámbito de la ciencia pura, sin ir más lejos, no se rige por los cánones de la utilidad práctica sino, más bien, por la búsqueda y aumento del conocimiento en diversos campos del saber. Ello involucra una aplicación de criterios para la asignación de recursos que carece de pertinencia en el listado de atributos y funciones que por definición le corresponden a un Ministerio de Economía.

En tal contexto, es interesante ver lo que sucede en Brasil, el país que más invierte en investigación, desarrollo e innovación a nivel regional, situándose de este modo en una posición de liderazgo en I+D+I. Pero este hecho no es fortuito, pues ha habido desde hace ya bastante tiempo, un compromiso político con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, expresado en la implementación de un ministerio ad hoc.

En efecto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es la instancia responsable de la implementación de la política nacional de ciencia y tecnología e innovación; coordinación, seguimiento y evaluación del sistema de ciencia y tecnología y del establecimiento de las políticas sectoriales de ese país, que hoy cuenta con más de 192 millones de habitantes y se erige como una de las mayores economías a nivel mundial.

En momentos en que se están esbozando cambios, deberíamos considerar la experiencia de Brasil, pues es un país que ha asumido con determinación el desarrollo de I+D+I, así como la inclusión social. También Argentina creó no hace mucho (2007) un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y en Europa, España hizo lo propio.

Generar las políticas de investigación científica para el desarrollo de Chile involucra tener una mirada integral y comprender las razones sociales y políticas de los procesos de largo plazo, especialmente aquellos relacionados con I+D+I. Para ello, lo que nuestro país necesita es contar, al igual que los otros países de la OCDE, con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, o con una Subsecretaría de Ciencia, dependiente del Ministerio de Educación, que cuente con los recursos necesarios para lograr un avance hacia una interacción virtuosa entre investigación y desarrollo.

Claramente, Chile perdería si se piensa la I+D+I sólo con criterio economicista. Todo hace pensar, entonces, que por ahora Conicyt debe continuar bajo la tutela del Ministerio de Educación ya que, en gran medida, las universidades dependen también de esta instancia que no sólo tiene la mirada integral necesaria, sino que comprende las razones sociales y políticas de los procesos de largo plazo relacionados con el desarrollo de la ciencia, la investigación y la educación superior.

*Rector de la Universidad de Santiago de Chile y Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores.

 
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