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En este numero:

- Heroína con receta en Suiza
- Un largo ciclo de cambios profundos que terminó de golpe
- Desconcertante renegociación del TLCAN

- Sumario completo noviembre de 2018





Sobre el autor

Libio Pérez
Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique
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Página de inicio >> Noviembre de 2018

La Doctrina de la corrupción

por  Libio Pérez

Aquellos que vienen de la derrota
guardan en el fondo una cierta ufanía
tal vez porque serenamente escogen
ser derrotados antes que corruptos

Mario Benedetti

Las investigaciones judiciales al Ejército sobre el uso ilícito de fondos generados por la Ley Reservada del Cobre tienen un largo camino por delante. De la causa principal por fraudes reiterados al fisco, se han abierto otras 21 líneas investigativas, entre ellas la conocida como “agencia de viajes” en la que aparecen involucrados un número indeterminado de oficiales que han integrado, o aún componen, el alto mando institucional. Con razón muchos se preguntan ¿cómo ha sido posible tal nivel de delitos, que involucra a tantos uniformados y particularmente a los más altos oficiales? ¿Cómo no sonaron las alarmas? ¿Nadie controla?.

La arista investigativa sobre el uso de pasajes aéreos pagados por el Estado para las vacaciones familiares de generales y coroneles que abrió la ministra Romy Rutherford, abarca un periodo de siete años (2009 al 2015), mientras los montos defraudados al fisco aún no han sido cuantificados; menos aún se sabe cuánto es el volumen si se suman todas las otras acciones ilícitas hasta ahora descubiertas, que incluyen compras para la intendencia de las tropas, adquisiciones de uniformes, armamento y otros.

El procesamiento al general John Griffiths, jefe del Estado Mayor General, desató una carrera contra el tiempo en el gobierno, que deberá confirmar la propuesta que haga el comandante en jefe para los ascensos y retiros que permitan configurar el nuevo cuerpo de generales y todo el alto mando institucional. El abogado de dos coroneles que ya estaban procesados, el ex parlamentario de derecha Luis Valentín Ferrada, lanzó una bomba de racimo sobre la investigación judicial, el gobierno, el ministerio de Defensa y del propio Ejército: al menos 1.500 efectivos usaron los mismos mecanismos que son investigados para viajar al exterior, de éstos 348 tuvieron o tienen el grado de general, y 892 fueron o son coroneles.

Según ha trascendido, al menos quince de los 48 integrantes del cuerpo de generales podrían estar bajo la lupa de la ministra investigadora, mientras varios otros tendrán que pasar a retiro por antigüedad, particularmente los generales de división, que son once. Los reemplazos de los generales de brigada, en tanto, deberán ser buscados entre los coroneles de mayor antigüedad, donde hay decenas de oficiales que eventualmente podrían estar salpicados por el escándalo. De ahí el trabajo contrarreloj que tuvo el ministro de Defensa para tener una nómina que resulte inobjetable a la hora de dar el visto bueno al nuevo alto mando del Ejército. El resultado de la “operación rastrillo” para obtener toda la información no está garantizado.

Los mecanismo de corrupción que se han descubierto al interior del Ejército -a su turno también se han conocido fraudes en las otras ramas de las FFAA y Carabineros- vienen de larga data, favorecidos por el manto de secretismo impuesto por la Doctrina de Seguridad Nacional. Las enormes cantidades de dinero que manejaron los altos mandos militares desde sus instituciones o desde cargos de gobierno durante la dictadura, facilitaron una “cultura de la corrupción”, que los posteriores gobiernos civiles no fueron capaces de desmontar del todo. Lo más conocido ha sido el término o reducción de los gastos reservados de los ministerios.

La supremacía del poder militar por sobre el poder democrático durante la transición se ejerció a través del Consejo de Seguridad Nacional durante casi toda la década de los 90, con la permanencia de Pinochet al mando del Ejército y luego como senador vitalicio, que se sumaba a los senadores designados, de los cuales cuatro eran ex jefes de las FFAA, y otros enclaves heredados de la dictadura. Tras largos años, y luego del arresto de Pinochet en Londres, algunos de estos enclaves fueron desmontados.

Pero el poder civil, democráticamente electo, expresado en los gobiernos de la Concertación durante 20 años, la primera administración de Piñera, y luego de la Nueva Mayoría, escasamente incursionaron en los mecanismos y espacios de decisión dentro de las FFAA, particularmente en aquellas áreas de manejos de recursos. Los sucesivos ministros de Defensa actuaron como representantes civiles de los mandos militares, muchas veces enarbolando dudosas defensas “corporativas” para “no dañar la relación cívico-militar”. Hubo hechos que alertaron de irregularidades, como la compra de tanques, aviones o submarinos cuyas comisiones se transformaron en coimas, alertas que no fueron suficientes para poner un freno a lo que asomaba como una “doctrina de la corrupción” alentada por algunos altos mandos, que en sus irregularidades incvolucraban a otros tantos de su cadena de mando.

El poder democrático sobre la fuerza militar no puede restringirse a las doctrinas generales sobre la subordinación al mando civil. La democracia requiere de mecanismos civiles de control sobre los recursos del Estado puestos a disposición de las FFAA. La profesionalización de las FFAA tiene que ser efectiva a través de las escuelas y planes de formación, en programas permanentes de perfeccionamiento y en una integración con la sociedad civil que impida que éstas se constituyan en estamentos segregados. En el mundo democrático hay experiencias de las cuales aprender.

*Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique

Edición impresa del mes de NOVIEMBRE 2018
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