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Sobre el autor

Kumi Naidoo
Secretario General de Amnesty International.
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Página de inicio >> Diciembre de 2018

A setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Los derechos humanos, un bloque indivisible

por  Kumi Naidoo

Al adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, cincuenta y ocho países se pusieron de acuerdo, por primera vez, sobre unos principios que permitieran a cada ser humano vivir en libertad, igualdad y dignidad. Si bien se han alcanzado muchos progresos desde esa proclamación, la explosión de las desigualdades y la pasividad de los Estados amenazan tanto las libertades políticas como los derechos económicos y sociales, que son más frágiles aun por el hecho de ser considerados distintos.

Leer y releer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, setenta años después de su adopción por la Organización de las Naciones Unidas en París, siempre es un ejercicio útil, porque ese texto sigue proponiendo hoy en día la visión más progresista de lo que nuestro mundo podría ser. En el momento de celebrar ese aniversario, sería lógico recalcar los innegables progresos realizados en común durante todos estos años, con el objetivo de transformar esa visión en realidad. Pero la honestidad obliga a decir que la intolerancia aumenta y las desigualdes extremas se propagan, mientras se hace patente la incapacidad de los Estados de tomar colectivamente las medidas necesarias para enfrentar las amenazas globales. Nos encontramos exactamente en la situación que los países firmantes de la Declaración se prometieron evitar. No nos conformemos entonces con una celebración, y aprovechemos esta oportunidad histórica para hacer un balance y comprometernos a materializar los derechos humanos para las grandes mayorías.

El artículo 2 de la Declaración Universal enuncia que los derechos que ella proclama pertenecen a cada uno de nosotros, ya seamos ricos o pobres, cualquiera sea nuestro sexo o el color de nuestra piel, el país donde vivimos, el idioma que hablamos, nuestras ideas o creencias. Lejos de haberse traducido en hechos, este universalismo, que subyace a todos los derechos de las personas, es blanco de violentos ataques. Amnistía Internacional, al igual que otras organizaciones, señalan sin descanso que los discursos que rezuman estigmatización, odio y miedo se propagan inusitadamente en el mundo desde los años 30. La reciente victoria de Jair Bolsonaro en la elección presidencial brasileña, a pesar de su programa abiertamente hostil a los derechos fundamentales, ilustra a la perfección los desafíos que debemos enfrentar. Si logra poner en práctica las promesas de una campaña deshumanizante, el acceso al poder de Bolsonaro pone en riesgo a los pueblos indígenas, a las comunidades rurales tradicionales –llamadas ‘quilombos’–, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI), a los jóvenes negros, a las mujeres, a los militantes y a las organizaciones de la sociedad civil.

Es crucial preguntarse por qué nos encontramos precisamente en la situación que la Declaración quería impedir; una situación en la que los derechos humanos son atacados y rechazados con el argumento de que protegerían a algunos y no a todos.

Si bien las múltiples razones que condujeron a semejante estado de cosas son complejas, algo es seguro: lo que está en cuestión es, en parte, nuestra incapacidad para considerar los derechos humanos como un conjunto indivisible de derechos intrínsicamente ligados y que se aplican a todos. La Declaración Universal no separaba los derechos civiles de los derechos culturales, económicos, políticos y sociales. No establecía distinciones entre la necesidad de materializar el derecho a la alimentación y la de garantizar la libertad de expresión. Reconocía ya lo que hoy admitimos comúnmente: ambos están intrínsecamente ligados.

En las décadas siguientes a la Declaración, los Estados disociaron ambos tipos de derechos, instaurando un desequilibrio en su percepción y protección (1). Pero las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, deben también asumir su parte de responsabilidad en esa distorsión. Nuestra asociación es conocida sobre todo por su defensa de la libertad de conciencia y su apoyo a los presos políticos, a saber, personas encarceladas por lo que son o por sus creencias. También se nos asocia con la lucha contra la tortura, por la abolición de la pena de muerte o a favor de la libertad de expresión. Recién empezamos a estudiar y promover activamente los derechos económicos, sociales y culturales en la década del 2000. Desde entonces, llevamos adelante campañas contra la violación del derecho a una vivienda decente, a la salud y a la educación. Y sabemos que queda mucho por hacer.

La crisis económica mundial, cuyas consecuencias se hacen sentir profundamente, refleja claramente la necesidad de enfocar esos desafíos desde el punto de vista de los derechos humanos. Lo que ha pasado en muchos países europeos demostró la fragilidad, e incluso la inexistencia real de una protección social básica. Peor aun, en los países más afectados, la legislación económica y social sigue siendo muchas veces insuficiente. Eso significa que los ciudadanos no pueden hacer valer sus derechos en la justicia, aun cuando estos son violados flagrantemente.

En varios países, los gobiernos decidieron responder a la crisis económica con medidas de austeridad de altos costos humanos, que obstaculizan el acceso a los bienes de primera necesidad, como la salud, la vivienda y la alimentación. España brinda un buen ejemplo de ello: a raíz de la crisis económica, el gobierno redujo los gastos públicos, inclusive en el campo de la salud. La atención de calidad se volvió inaccesible y más costosa, principalmente en detrimento de las personas de escasos recursos y en particular, de quienes padecen enfermedades crónicas, discapacidades o problemas de salud mental. Uno de los hombres entrevistados en el marco de un informe sobre el tema nos contó que hoy por hoy, debía elegir entre la comida y los medicamentos: “Tengo serios padecimientos, necesito tomar mi medicación. O me medico o me mato, [de tan insoportable que es el dolor]… Así que, si debo privarme de comida, lo hago, porque debo comprar los medicamentos” (2).

La forma que eligieron los gobiernos para responder a los movimientos anti-austeridad es una prueba más del carácter indisociable de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. En Chad, las medidas de restricción que adoptaron las autoridades hundieron aun más a la población en la pobreza. Menoscabaron el acceso a la asistencia sanitaria elemental y pusieron a la educación fuera del alcance de mucha gente. Muchos chadianos llevaron a cabo manifestaciones y huelgas. En lugar de oír sus reivindicaciones, el gobierno decidió ahogar toda protesta. Optó por la represión violenta, deteniendo a militantes y violando su libertad de reunión.

Si bien la crisis mundial parece haber quedado atrás, seguimos observando sus ramificaciones económicas y sociales. Las desigualdades, la corrupción, el desempleo y el estancamiento económico que castigan a las poblaciones generan un terreno propicio al surgimiento de dirigentes que siembran la división y el odio, con las consecuencias explosivas que ya conocemos.

El presidente francés Emmanuel Macron trata de hacerse ver como el as de la lucha contra ese tipo de discursos, que amenazan con arraigarse. “Europa se inclina en casi todas partes hacia los extremos, y una vez más, cede al nacionalismo”, declaró en una alocución televisada, el 16 de octubre de 2018. “En estos tiempos oscuros, necesitamos todas las energías de la nación […]. Yo confío en ustedes, en nosotros.” Pero al pueblo francés le preocupan ciertas políticas impulsadas por Macron en materia de derecho laboral, jubilaciones y acceso a la universidad. Amnistía Internacional también denunció las restricciones impuestas al derecho a manifestarse en Francia, con la excusa del estado de emergencia. En 2018, las movilizaciones a favor de unas leyes que respeten los derechos económicos, sociales y culturales suscitan, en el mejor de los casos, la indiferencia del presidente francés, y en el peor, una violenta represión policial.

Este mismo patrón se repite en todas partes del mundo. Es urgente que los gobiernos rindan cuentas de su incapacidad para hacer respetar todos los derechos, de todas las categorías. A tal fin, no debemos contentarnos con reclamar la libertad de expresión y manifestación; también debemos analizar las razones de la protesta. Tomemos el ejemplo de Jamal Khashoggi, ese periodista saudí hoy conocido en el mundo entero por haber sido asesinado salvajemente en octubre pasado, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Como a muchos defensores de los derechos humanos de su país, Riad lo tenía en la mira, porque había decidido ejercer su libertad de expresión. En su último artículo, publicado en The Washington Post, escribió que sus compatriotas no podían abordar abiertamente algunos asuntos de su vida cotidiana. “Sufrimos la pobreza, la incuria política y una mala educación –escribió–. La creación de un foro internacional, independiente de los gobiernos nacionalistas que siembran el odio, permitiría a los ciudadanos comunes del mundo árabe hallar soluciones a los problemas estructurales de su sociedad” (3). Khashoggi había comprendido perfectamente por qué los derechos humanos componen un todo. La libertad de expresión es esencial, porque nos permite reivindicar los otros derechos, pero no alcanza. Por eso, el pueblo egipcio pedía a gritos “¡Pan, libertad, justicia social!” en la “primavera árabe” de 2011. Eso que nosotros todavía no logramos entender, los manifestantes de la Plaza Tahrir de El Cairo ya lo habían comprendido dolorosamente hace siete años: los derechos humanos son un asunto de todo o nada. O bien podemos ejercerlos todos, o bien no tenemos nada.

Si realmente queremos que los derechos humanos se vuelvan una realidad para todos, es apremiante tomar algunas medidas. En tanto movimiento de defensa de los derechos humanos, debemos no sólo continuar defendiendo la libertad de expresión y manifestación, sino también establecer un nexo con las decisiones económicas y financieras que toman nuestros dirigentes. Debemos trabajar con organizaciones similares a la nuestra, para exigir a las autoridades políticas que rindan cuentas sobre la utilización del dinero público, para combatir la corrupción, los movimientos ilegales de capitales y las fallas del sistema fiscal internacional. Debemos empecinarnos en hallar soluciones a los problemas estructurales de nuestras sociedades.

Se trata de un proyecto de gran magnitud, que no podrá concretarse a menos que unamos nuestras fuerzas, creando coaliciones con nuestros socios de otros movimientos: militantes de derechos humanos, abogados, sindicalistas, representantes de los movimientos sociales, economistas y jefes religiosos. Con la ayuda de nuestros aliados en todas las regiones del mundo, debemos ser portavoces de los que necesitan ser escuchados. Sólo la solidaridad podrá conducirnos hacia un mundo sin desigualdades y sin injusticias, un mundo a la altura de los compromisos asumidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

1. Véase Jean Bricmont, “Vacilaciones de una izquierda adormecida”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2006.

2. “Wrong prescription: the impact of austerity measures on the right to health in Spain”, Amnesty International, Londres, 24-4-18.

3. Jamal Khashoggi, “What the Arab world needs most is free expression”, The Washington Post, 17-10-18.

Texto completo en la edición impresa del mes de DICIEMBRE 2018
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