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Donde se vuelve a hablar de “detenidos desaparecidos”

Hacia las 11.30 del 2 de diciembre de 2005, en una zona rural cercana a la ciudad de Pando, una estudiante de arqueología de la Universidad de la República descubrió, en una extraña excavación, un hueso que después se identificó como un peroné humano. Al cabo de una hora y media de meticuloso trabajo, apareció un esqueleto completo. Al poco tiempo aterrizó en el lugar un helicóptero de la Fuerza Aérea uruguaya. A bordo se encontraba el presidente de la República Tabaré Vázquez y su ministra de Defensa Azucena Berrutti.

Se trataba del primer descubrimiento de uno de los aproximadamente 260 detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1984) –un obrero comunista muerto bajo la tortura en 1974, pero que los militares de esa época habían informado que “se había dado a la fuga”–.

Durante los primeros gobiernos democráticos posdictadura, las investigaciones relativas a violaciones de los derechos humanos no avanzaron mucho. Aunque el Derecho Internacional los considera imprescriptibles, la mayoría de los crímenes quedaron impunes gracias a una ley dictada en 1986 bajo la presidencia de Julio Sanguinetti (1985-1989) que establece el principio de “caducidad de la pretensión punitiva del Estado”. El jefe del ejército de la dictadura pasó incluso a ser ministro de Defensa de Sanguinetti.

Antes de la aprobación de la Ley de Caducidad el general Hugo Medina, ministro de Defensa al tiempo de los hechos, guardaba las convocatorias de los militares ante la justicia en una caja fuerte, según su propia expresión. El mandato de Luis Lacalle (1990-1995) y el segundo de Sanguinetti (1995-2000) no permitieron ningún progreso. Recién con el presidente Jorge Batlle (2000-2004) se creó la Comisión para la Paz, encargada de hacer aplicar el artículo 4 de la Ley de Caducidad, que establece la obligación del Estado de promover el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y localizar los cuerpos de los (...)

Artículo completo: 327 palabras.

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José López Mazz

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