A fines del mes de mayo estallaron huelgas salvajes en el sector energético del Reino Unido. Los manifestantes denunciaban la contratación de trabajadores no calificados importados de otros países europeos en detrimento de trabajadores locales calificados, infringiendo acuerdos sindicales. Una movilización similar se había producido en febrero. Medios de comunicación y dirigentes políticos alzaron entonces la voz de alarma ante “el nacionalismo” y la “xenofobia” de las protestas. Una interpretación desmentida por los hechos.
“¡Este intento de discriminación es inaceptable!”, exclamó el 2 de febrero de 2009 el ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Luis Amado. “Los gobiernos deben evitar una deriva proteccionista, xenófoba y nacionalista que (…) puede llevarnos a una crisis aun mayor”. Una cólera de igual intensidad anima a su homólogo italiano Franco Frattini contra un movimiento social “indefendible” que se desarrolla en Gran Bretaña.
Todo comenzó el pasado 28 de enero, cuando un contrato de 200 millones de libras (231 millones de euros) concerniente a la instalación de una unidad de desulfuración en la refinería Total de Lindsey, en Lincolnshire, fue subcontratado a una empresa siciliana, IREM. Ésta reemplazó de inmediato la mano de obra británica por 200 trabajadores italianos y portugueses –a quienes en poco tiempo deberían unírseles otros 100– no sindicados. Alojados en un pontón amarrado a orillas del río Humber, esos obreros fueron mantenidos escrupulosamente alejados de los otros asalariados, quienes no tardaron en sospechar que el empleador había conseguido su grandioso contrato burlando las convenciones sindicales sobre remuneraciones y condiciones laborales. Estalló una huelga salvaje, muy mal recibida...
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