Las medidas tributarias y de política fiscal anunciadas por Sebastián Piñera están dentro de las orientaciones trazadas en su campaña electoral, dirigidas a reducir la presencia del Estado y a buscar el equilibrio fiscal. Ello no se modificó como consecuencia del terremoto y maremoto del 27 de febrero.
En el país, la discusión del financiamiento del paquete difundido en sus líneas generales por Piñera a mediados de abril en Coronel, Región de Bío Bío y epicentro de la catástrofe-, dio a entender que se aumentaban tributos a grandes intereses económicos, al incrementarse el impuesto a las utilidades de las empresas de 17% a 20% en 2011, para descender a 18,5% en 2012 y volver a su nivel inicial al año siguiente, y por el alza del denominado royalty a las empresas cupríferas -que en realidad es un impuesto a su resultado operacional– de 4% a 5% a un promedio de 8%, generando respectivamente según las estimaciones oficiales US$1.260 millones y US$700 millones. El total de los incrementos de gravámenes llega entonces a US$3.231 millones, para financiar un gasto total en reconstrucción pública de US$8.431 millones en los cuatro años de la actual administración...
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