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Nuevas revelaciones de los Paradise papers

Quiénes invierten en Paraísos Fiscales

Génova, 9 de noviembre de 2017, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en las Naciones Unidas: “Los Estados deben detener la competencia tributaria desleal entre sí y trabajar juntos para detener los esquemas no éticos de evasión tributaria diseñados para las personas ricas y las corporaciones internacionales. La evasión y elusión de impuestos socava la justicia social y los derechos humanos en todo el mundo”.

Tal y como adelantamos en la edición chilena de enero de este año de Le Monde Diplomatique, el desafío que presenta para el modelo económico mundial la abierta competencia desleal entre empresarios de uno y otro nivel, y por supuesto entre los Estados donde se produce la riqueza y aquellos donde se deposita para destinarla a, por decir lo menos, sospechosos fines, no ha logrado ser resuelto, y el resultado de ello ha sido la grave disminución de recursos fiscales para las naciones que de otra manera podrían destinar a la generación de programas sociales en beneficio de la gran mayoría de la ciudadanía.

Por decirlo de otra manera, si los flujos ilícitos de fondos que entran y salen hacia y desde los paraísos fiscales cumplieran con las obligaciones tributarias de los países en que se originaron las ganancias, la BBC por ejemplo, señala que estos recursos “serían suficientes para proporcionar educación a 124 millones de niños y prevenir la muerte de casi 8 millones de madres, bebés y niños al año”.

Según OXFAM, en África se pierden US$14.000 millones anuales en tributos por el uso de paraísos fiscales de parte de los ultrarricos, lo que permitiría de otra forma cubrir, por ejemplo, “los costos de atención médica para cuatro millones de niños del continente y emplearía suficientes maestros para que cada menor africano asista a la escuela”.

En América Latina,la CEPAL ha señalado que existen 175 millones de personas que están inmersas en la pobreza, de las cuales 75 millones se encuentran en pobreza extrema, mientras que la evasión tributaria llegó a los US$ 340,000 millones en el 2015 (el 6.7% del Producto Interno Bruto).

Pero esto no es nuevo. Desde hace años se ha informado de la problemática de los paraísos fiscales y la amenaza que representan para la estabilidad de los países en vías de desarrollo. Entonces, ¿a qué se debe el revuelo que se ha generado por los “Paradise Papers”? A que simplemente, hoy se ha identificado a los actores del show, con nombres, apellidos y razones sociales, siendo muchos de ellos o grandes empresas o rostros de primer orden en el concierto mundial, como deportistas, cantantes, presidentes, reyes, etc. Nada que no hayamos sabido o intuido con mucha anticipación.

Transacciones ¿legales?
Antes de ingresar al caso chileno, hay hacer un pequeño alto para poner el acento en las palabras de Juan Pablo Bohoslavsky, asesor experto en la materia y autor de las palabras con las que inicia esta columna, particularmente en aquellas respecto de las conductas no éticas que socavan la justicia social y los derechos humanos.

El transferir flujos de fondos hacia paraísos fiscales puede ser legal, pero ¿por qué podría ser no ético hacerlo? Porque en una república democrática como la de Chile, los ciudadanos nos organizamos y nos entregamos a un Estado, que idealmente tiene como objetivo alcanzar el bien común, para cuyo propósito debe gestionar recursos que aportamos entre todos de acuerdo a nuestras distintas capacidades y se distribuyen generalmente de acuerdo a nuestras distintas necesidades. Todos accedemos a que -para que el Estado funcione- debemos aportar recursos de acuerdo con el sistema tributario que entre todos convengamos. Eso al menos en teoría.

Demás está decir que en la práctica todos sabemos que ello no ocurre. Por tratarse de una democracia representativa, escogemos a parlamentarios y autoridades que debieran llevar nuestra voz, sin embargo hemos tomado clara conciencia que en realidad representan los intereses de los más ricos. Por ello llama mucho la atención que siendo los poderosos quienes en definitiva definen el sistema tributario imperante, sean ellos mismos los que lo evaden. Eso es claramente un comportamiento no ético desde donde se le mire, no sólo hacia los ciudadanos que poco o nada les interesan, sino muy particularmente hacia sus pares.

Esta actitud reñida con los valores de la sociedad y la moral de los tiempos, socava la justicia social, en términos muy simples, porque agrega recursos a aquellos que ya tienen una gran dotación y los resta a los programas de distribución de la riqueza de los estados, haciendo en definitiva más pobres a los pobres. Asimismo, socava los derechos humanos en tanto que la sustracción de recursos, o la negativa arbitraria de aportar tributos de acuerdo al consenso jurisdiccional, pone en jaque la entrega estatal de las condiciones que debieran permitir a cada ciudadano el avanzar hacia su más plena realización.

Esta práctica consolidada en algunos sectores de nuestra sociedad y economía se asocia a que muchos altos ejecutivos consideran a la evasión tributaria como una “ventaja competitiva”, donde se refleja claramente la nula formación valórica de los centros de formación profesional de elite, tanto nacional, como aquellos donde muchos han logrado su “perfeccionamiento académico”. Recordemos también que el actual gobierno incluyó en su adecuación tributaria una norma de blanqueamiento excepcional para la repatriación de capitales en el extranjero (Ley 20.780, Art. Vigésimo cuarto transitorio), pagando una tasa de un 8% por (...)

Artículo completo: 2 710 palabras.

Texto completo en la edición impresa del mes de diciembre 2017
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Jorge Thibaut

Ingeniero comercial, ex dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas.

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