Por un proceso constituyente y que atienda las demandas de la Educación

El estudiantado chileno no solo ha actuado como catalizador de la indignación nacional frente a las desigualdades educativas y sociales, es también el único actor que ha mostrado la fuerza para pautear la agenda política y legislativa. Si hoy estamos viviendo las mayores manifestaciones que recuerde la historia de nuestro país, es por la robustez organizada de los y las estudiantes.

La primera señal la recibimos en el 2006, con el levantamiento de los secundarios, quienes por primera vez cuestionan la matriz ideológica del sistema educativo diseñado por la dictadura militar. En esa oportunidad, tal como ahora, los estudiantes logran involucrar a otras instituciones sociales que apoyaron sus demandas específicas y concretas, como las generales y estructurales. Al principio, el alzamiento se inicia con solicitudes propias del quehacer estudiantil, como la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un Pase Escolar gratuito y unificado, tarifa escolar gratuita en el transporte escolar para la Educación Media y una reformulación de la Jornada Escolar Completa (JEC), cuyos horarios se utilizaban para talleres de adiestramiento de las pruebas SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación). Pero, con el correr de los días, las peticiones se profundizan y apuntan a las condiciones normativas y legales. Es así como aparece la demanda por la derogación del decreto 524, publicado el 11 de mayo de 1990, que regulaba y limitaba el accionar de los Centros de Alumnos. También se suma la exigencia por el fin de la municipalización de la enseñanza primaria y secundaria. Sin embargo, a poco andar, las demandas se vuelven aún más estructurales, cuestionando la educación basada en los principios de la producción mercantil. De esta forma, el fin de todas las desigualdades producidas por el modelo de educacional chileno, se concentraron en la derogación de la “Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza”, conocida como la “LOCE”.

En un proceso paralelo los partidos políticos, que al inicio fueron sorprendidos por la envergadura y tenacidad de las protestas estudiantiles, paulatinamente fueron ubicándose para autoproclamarse los representantes de las vocerías y de las negociaciones con las autoridades de la época. En este escenario, los resultados obtenidos por el movimiento estudiantil, al término de la fase de movilizaciones y protestas sociales, fueron bastante marginales. La capacidad negociadora de los partidos políticos de oposición y de gobierno, finalizaron por enrielar y ahogar las demandas por cambios estructurales.

Tres años después del estallido, en el 2009, luego de comisiones y negociaciones pauteadas por los partidos políticos, finalmente la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada por Pinochet, es reemplazada por la Ley General de Educación. No obstante, al analizar objetivamente los efectos de este nuevo marco jurídico y normativo, los acuerdos y negociaciones plasmadas en este nuevo acuerdo, no se tradujeron en cambios significativos a la normativa anterior, ni menos aún, al modelo ideológico que hasta la fecha sostiene a la educación chilena. Con el nuevo marco “constitucional”, el Estado se mantuvo en su rol subsidiario, delegando gran parte de la enseñanza al sector privado y manteniendo mecanismos de medición de la calidad inspirados en los dogmas neoliberales.

En concreto, la Ley General de Educación de 2009, ha tenido nulo impacto en la disminución de las desigualdades educativas. Las brechas de desigualdad y de inequidad entre el sistema público y privado, se han incrementado en la misma proporcionalidad que lo ha hecho el sistema de previsión social y el sistema de salud. En otras palabras, todos los ajustes introducidos por la nueva “constitución (...)