En todo Chile hay presos-rehenes por la revuelta

Todo comienza en una estación de Metro con un salto de torniquetes por un grupo de adolescentes, a los pocos días todo se ha multiplicado. Adolescentes desprovistos de los miedos y las marcas del terror de sus padres y abuelas. Horas después miles de personas salen a las calles, es un viernes de octubre. Durante la madrugada siguen sucediendo decenas, centenares y miles de expresiones de protesta social. Hay fuego y violencia y rabia, cómo no, si es un estallido. Todo ocurre en simultáneo sin la pauta de ningún aparato secreto de extranjeros con acento venezolano o cubano, tampoco es una invasión alienígena. El presidente dice que hay guerra y la declara. Estado de sitio y toque de queda, bala y bala. Pero, todo es más simple: un pueblo agota su paciencia.

En los siguientes días eso se habrá extendido por todo el país y se producirán concentraciones sin oradores y millones de personas. Pronto se producirán muertes, mutilaciones y detenciones de varios millares hasta ser 30 mil o quizás muchos más. Durante seis meses el estallido, revuelta o protesta tendrá muy diversas intensidades pero no cederá. Ni siquiera con el cronograma de una Nueva Constitución. Finalmente, sólo la peor pandemia en una centuria logrará aplacar momentáneamente esos meses de revuelta.

En ese marco, el juez chileno, Daniel Urrutia, reconoció públicamente que la represión a la revuelta ha traído de nuevo la “prisión política”. Los números son imprecisos, no cuadran y además se mueven todas las semanas, incluso con nuevos procesados y nuevas condenas. Un cálculo posible refiere a unos 300 encarcelados y varios centenares en medidas cautelares de diversa naturaleza. Desde ya los familiares y redes trabajan en conformar un catastro confiable que también incluya a las mujeres detenidas, que en su inmensa mayoría están con medidas cautelares.

Las muertes, mutilaciones oculares, abusos y violaciones, han sido documentadas por informes oficiales de instituciones chilenas e internacionales. Informes locales consignan más de un millar de agentes del Estado en proceso. Pero pocos refieren uno de los “saldos” del estallido social: la de quienes hoy en Chile constituyen desde Arica hasta Punta Arenas los “presos políticos” de la revuelta y que algunas organizaciones califican como “rehenes”.

Sus familiares, redes de apoyo y sus abogados más allá de la legitima euforia del triunfo del 25 de octubre, tienen el gusto amargo de no poder visitar a sus familiares, a veces ni siquiera poder enviarles una encomienda, o peor aún enterarse de intentos de suicidio o de golpizas por gendarmes. O estar atentos en qué momento se contagian de Covid.

Para el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, ya está convocada una jornada nacional por la libertad de estas personas.

Arica
El abogado Antonio Raveau Drouilly puntualiza “en tanto defensa de Roberto Saavedra hemos presentado un Recurso de Nulidad ante la Corte Suprema, que fue aceptado a tramitación, solicitando la nulidad del juicio y la sentencia condenatoria. Es preciso destacar la utilización de agentes encubiertos por parte de Carabineros sin las autorizaciones exigidas por la ley, así como múltiples diligencias de investigación que se habrían realizado en exceso de las atribuciones legales de la policía. Ellos no pueden actuar sin orden de un fiscal, incluso el empleo de agentes encubiertos tiene protocolos establecidos”.

Iquique un intento de suicidio
De los acontecimientos ocurridos dentro de las cárceles del país donde hay presos del estallido, el intento de suicidio del 3 de noviembre por parte del joven Diego Alejandro Contreras Bustos, de 20 años, condenado por un tribunal de Iquique a 3 años y 1 día acusado de arrojar un artefacto incendiario, es una de las situaciones más dramáticas. Hasta el momento se desconoce el apoyo en salud mental existente para Contreras y además que ahí hay al menos otros cuatro detenidos por similares circunstancias.

Antofagasta: el tren de Luksic
Teresa Monardes representa la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta que tempranamente decidió hacerse observadores de Derechos Humanos e incluso procurar defensas letradas para los detenidos. “En Nudo Uribe -la cárcel- hay 18 personas en prisión preventiva; los condenados en libertad y que tienen medida cautelar son unos 10 más, además existen 4 menores de 18 años en el Sename y hay un condenado por porte de elemento incendiario a 3 años y un día de prisión efectiva. Todos son varones y algunos arriesgan hasta 12 años de condena”.

En Antofagasta ocurren situaciones que no ocultan la confluencia de propósitos entre el gobierno, las policías y algunas grandes empresas, como Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia FCAB, del Grupo Luksic. La abogada defensora Karina Ibarra se pregunta: “¿Cómo es posible que FCAB sea querellante en todas las causas donde hay procesados, más allá de la especifica de su vagón quemado? ¡Y lo más increíble es que los tribunales les dejen!”

La misma abogada antofagastina remarca un aspecto de fondo “convengamos que todo lo que está ocurriendo es un juicio político de criminalización de la protesta, de criminalización de la denominada Primera Línea, procesos que están plagados de graves vulneraciones a las garantías procesales. En lo relativo a las defensas plantearemos la nulidad de estos procesamientos por existir pruebas ilícitas”.

En Antofagasta, han incautado en manifestaciones y en las casas de sus reporteros filmaciones a integrantes de Prensa OPAL que después fueron utilizadas como medios de prueba.

Según Teresa Monarde en Antofagasta hay mucha sensibilidad respecto a la existencia de los detenidos, “y es el resultado de la unidad y la persistencia de las familias, y de las instancias que se han creado como la Coordinadora Anticarcelaria “Pampa Libre” y nosotros la “Agrupación Providencia”.

La Serena: el Covid todo justifica
Como lo señala Sebastián Rivas, exdetenido durante el estallido, hoy con arresto domiciliario y vocero de la (...)