La vacuna para la justicia social

Mientras los países de todo el mundo, azotados por la pandemia, luchan por hacer frente a la segunda y a la tercera oleada de coronavirus, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) señala que el combate al fraude fiscal en América Latina es una prioridad fundamental, en primer lugar para detener la erosión de las finanzas públicas, dotar de recursos a los Estados a fin de poder promover políticas públicas que garanticen servicios públicos universales y sostenibles y, principalmente, dotar de recursos a los países para el proceso de reconstrucción de nuestras economías en el período post Covid. Un informe publicado por la ISP (1) acerca de cómo la estructura tributaria de América Latina privilegia a los más ricos y a las grandes empresas, y no permite mayor inversión social para salir de la desigualdad, es el tema de este artículo que explica cómo esta realidad está impactando negativamente la región en la lucha contra la pandemia.

La mayoría de los países de América Latina se caracteriza por contar con una estructura fiscal con una bajísima carga tributaria, que no permite que cuenten con políticas públicas sólidas, sostenibles, ni tampoco universales. Esta debilidad en el financiamiento de políticas sociales ha convertido al continente en el lugar más desigual del planeta. La exclusión social, la desigualdad en los ingresos y la concentración de la riqueza son la condición común para América Latina.

El promedio de ingresos tributarios para la región es realmente bajo, un escaso 15,4% del PIB para el año 2018, en comparación a los países de la OCDE cuyo promedio de ingresos impositivos fue del 24,9% del PIB para el año 2018. Se trata de una diferencia abismal, que tiene un efecto directo en las deficiencias de las políticas de protección social que presenta nuestra región.

Al desagregar los datos, vemos que en la subregión de Centroamérica/México/República Dominicana la recaudación tributaria es aún más precaria; América del Sur está un punto y medio porcentual arriba del promedio regional, principalmente por los casos de Argentina y Brasil; en contraste con el Caribe, que está más cerca de los niveles de la OCDE. La región presenta, además, una estructura tributaria cada vez más regresiva, sustentada en impuestos indirectos, básicamente al consumo, y una baja recaudación en impuestos directos, como aquellos que inciden sobre la renta, el patrimonio, las ganancias de capital y las herencias. Entre 1990 y 2018 los ingresos por impuestos al consumo, incluido el IVA, se duplicaron, al pasar del 8,9% del PIB en 1990 al 11,5% en 2018.

Es cierto que en 2018 los impuestos a la renta y ganancias de capital crecieron con respecto a los datos de 1990, pero ello se debió principalmente al aumento de los precios, desde 2003, en las materias primas o commodities que exporta la región. Los impuestos al consumo para 2018 representaron el 50% del total de la recaudación tributaria en América Latina. Un dato central con respecto a la regresividad en la región es la baja carga tributaria de los sectores más ricos. El decil más rico paga una tasa efectiva de renta inferior al 5% del total de su patrimonio y riqueza. Solo tres países (Argentina, México y Uruguay) tienen tasas superiores al 8% y solo México alcanza una tasa del 10%, mientras en Estados Unidos ese sector paga de renta una tasa del 14,2% y en varios países europeos supera el 20%.

Inversión precaria y focalizada
La región viene pasando por un ciclo político en el que ha vuelto a ponerse como tendencia dominante la austeridad presupuestaria, el control del gasto público y la focalización de la política social, como premisas dominantes de una lógica neoliberal.

Durante la primera década y media del siglo XXI, particularmente América del Sur, con gobiernos llamados “progresistas”, apostó por una fuerte inversión social para combatir la pobreza y la desigualdad de ingresos. Podríamos afirmar que, en materia de inversión social, tenemos tres realidades muy distintas entre México/Centroamérica, América del Sur y el Caribe.

En el caso de América del Sur, los efectos de la fuerte inversión social realizada durante el inicio del siglo XXI evidenciaron sus efectos aún en 2018, con un Brasil liderando en la región en gasto social, algo que decreció con la llegada de Jair Bolsonaro. En promedio, la subregión de América del Sur invirtió en protección social un 13,2% de su PIB, siendo Chile, Uruguay y Brasil los países que mayor inversión realizaron en protección social en el año de 2018.

Otra realidad expresan Centroamérica, México y República Dominicana, con bajísimos niveles de inversión social, lo que explica que sea la subregión con los peores indicadores sociales (...)