Las leyes de amarre de Piñera

Ha sido el propio presidente Sebastián Piñera quien ha dispuesto la conformación de un equipo instalado en La Moneda y dirigido por su exjefa de gabinete, Magdalena Díaz, que haga un balance de su gestión, recopile información y, a través de distintos formatos, construya el relato final sobre cómo quiere ser recordado; se trata de poner en la historia su “legado” del segundo mandato presidencial que termina en marzo del próximo año. Una tarea compleja y difícil de materializar para un gobernante, elegido democráticamente, que ha sido acusado por organismos internacionales de responder con una implacable represión a la movilización social contra los abusos y desigualdades. La acción policial y de las Fuerzas Armadas bajo estado de excepción dejó en pocos meses más de una treintena de muertos, casi 400 casos de mutilaciones, más de mil denuncias por torturas y violencia sexual, y pasaron por la cárcel más de 26 mil personas, centenares de ellas por largos periodos de reclusión preventiva, sin cargos ni juicios.

Punto aparte es el deterioro acelerado de la democracia expresado en una regresión autoritaria al hacer uso intensivo de la fuerza, la mantención del toque de queda por más de un año, la limitación a las libertades básicas, entre ellas a la libertad de expresión y a la manifestación. Todo ello acompañada de una campaña sistemática por criminalizar la protesta social y a las propias organizaciones sociales. Apoyados en los informes internacionales y la evidencia recogida por organizaciones locales de derechos humanos, han sido presentadas al menos dos denuncias ante instancias de justicia internacional. Pese a que Piñera y su gobierno gestionaron a tiempo la adquisición de vacunas y se inició un rápido y expansivo proceso de inoculación –reconocido por todos los sectores-, esto no logró ocultar el fracaso en la conducción política y sanitaria del combate a la pandemia, que elevó los decesos a más de 30 mil personas y a contagios superiores a los (...)