La constituyente bajo ataque

Pasadas algunas semanas desde su instalación, la Convención Constitucional está bajo ataque. Las fuerzas políticas conservadoras que estuvieron por el “Rechazo” y que quedaron en minoría al interior de la instancia han delineado, en alianza con los medios de prensa vinculados a los grupos económicos, una estrategia de desgaste y desprestigio del proceso constituyente.

Desde el primer día se hizo evidente la negligencia del gobierno, cuya responsabilidad por ley es la de garantizar el funcionamiento de la asamblea, otorgándole los medios y los recursos para su trabajo. Al inicio parecía una desprolijidad del Ministerio de la Presidencia, que le costó el cargo al primer coordinador ministerial para enseguida ser reemplazado por la ex ministra y derrotada candidata a gobernadora metropolitana, Catalina Parot, pero con el correr de los días la ausencia de conectividad para las comunicaciones o que no existieran lápices ni papel, fueron configurando un problema mayor: el gobierno actuaba obstruyendo la Convención Constitucional.

El factor más patente de esa política de obstrucción ha sido el manejo presupuestario. Desde el gobierno dijeron que la Convención estaba excediéndose en gastos, que el costo de mantener un servicio diario de café asciende a dos millones de pesos por jornada, que los pasajes a regiones, los hoteles para los que viven fuera de Santiago, y otros tantos ítems superaban los cálculos financieros de operaciones de la instancia.

“Le hemos pedido a esta comisión (de Presupuesto) que nos ayude a tener una mejor coordinación, mejor eficiencia en el gasto para atender las necesidades de los constituyentes”, dijo el subsecretario de la Presidencia, Máximo Pavez, quien junto a Parot, apuntó además a “la falta de planificación” de la Convención Constitucional, sin mencionar que ésta inició sus labores “desde cero”, tuvo que generar comisiones de trabajo especializadas, como la de Presupuesto, y ocupar parte importante de su tiempo para resolver (...)