El curso de los hechos está mostrando que las universidades están perdiendo la oportunidad de jugar un rol protagónico, a la hora de canalizar, proponer y reflexionar sobre las demandas estructurales, que dieron origen a las grandes movilizaciones ciudadanas iniciadas en octubre de 2019. Demandas que, junto con mostrar de manera transversal y explosiva, la rabia y el malestar que la sociedad chilena acumula por décadas, además dieron cuenta de una desconfianza radical en las instituciones.
Luego de casi dos años, se ha consolidado en el sentido común nacional que las desigualdades que originaron la explosión social se explican por el modelo social, cultural y económico construido en dictadura y avalado por los siguientes 30 años de sucesivos gobiernos de transición. Esta certeza ciudadana sigue incomodando a las elites políticas y a las instituciones que, por una parte, intentan distanciarse que lo que construyeron o avalaron hasta hace muy poco y, por otra parte, adoptan una postura híbrida cuyo discurso se ha visto obligado a vestirse de justicia social, de equidad y de bien común.
Por otra parte, el reposicionamiento de las élites y las instituciones criticadas se ha visto enturbiado por la crisis sanitaria y las medidas económicas que se han utilizado para transferir liquidez financiera a los hogares chilenos. Este escenario sin duda también aplacó las demandas por transformaciones estructurales y al mismo tiempo le ha brindado un respiro a la presión que la ciudadanía le infirió a los partidos políticos y a toda la institucionalidad nacional. No es un secreto que la alusión al “nuevo pacto social”, se ahogó con el Covid-19. Sin embargo, no hay claridad sobre la intensidad y el tipo de reacciones que se observará en las organizaciones sociales y en la ciudadanía, una vez que se controle la pandemia y se agoten los retiros de los Fondos de Pensiones y los bonos estatales.
Pero lo que, si se deja entrever con mucha más claridad, es el temor que comparten las élites de izquierdas y derechas ante lo que ellas califican como un cuestionamiento a la democracia y a la institucionalidad. Una expresión de lo anterior se observa desde hace algún un tiempo, cuando las protestas ciudadanas organizadas, pero autónomas de las élites, son calificadas como expresiones de violencia y agresividad. Este temor se vuelve terror cuando las dirigencias políticas asociadas a los 30 años de gobernanza neoliberal se sienten sobrepasadas por estos liderazgos ciudadanos autónomos.
En este contexto, las confianzas debilitadas en el rol transformador de los partidos políticos podrían ser acompañadas por otros actores institucionales como, por ejemplo, las universidades. Pero, pese a las declaraciones y a algunas reacciones universitarias observadas durante los últimos meses del 2019, estas (…)
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