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Francia hacia la “preferencia nacional”

Cuando la extrema derecha avanza

A seis meses de las elecciones presidenciales en Francia, la extrema derecha monopoliza el escenario mediático y político. Sus dos potenciales candidatos, Marine Le Pen y el editorialista xenófobo Éric Zemmour, suman un 35% de las intenciones de voto en las encuestas –una situación inédita en Francia–. Sacando provecho de la atonía y de la dispersión de las fuerzas de izquierda, imponen sus temas. Se destaca, entre el “gran reemplazo” y la amenaza islamista, el de la preferencia nacional.

Reaparece repentinamente ni bien se acerca una elección. Es la clave de todos los programas de la extrema derecha; la piedra filosofal que debe devolverle al país su lustro de antaño; la medida que lo resuelve todo, del desempleo al déficit público, de los problemas de vivienda a la crisis migratoria, de la delincuencia al problema de las jubilaciones. Esta solución milagrosa cabe en dos palabras: “preferencia nacional”.

Más allá de ser conciso, el concepto tiene la ventaja de declinarse en cualquier circunstancia sin necesidad de tesoros argumentativos, jugando con el reflejo chauvinista que se despliega en tiempos de crisis, cuando los recursos se vuelven más escasos. ¿La vivienda social? “Al ser financiada por los franceses, es lógico que sea atribuida con prioridad a los franceses”, afirma Marine Le Pen, la candidata de Rassemblement National (RN) a la elección presidencial de 2022 (1). ¿Las asignaciones familiares? “El 43% de los beneficiarios de la CAF –asignaciones familiares y subsidios a la vivienda– nacieron en el exterior”, señala atragantado el editorialista Éric Zemmour, que preconiza entonces la “preferencia nacional” para ponerle fin a esta “locura francesa” (2). ¿El empleo? Es necesario “hacer trabajar en Francia a los franceses para producir francés”, profesa a su turno Florian Philippot, el jefe del Partido Les Patriotes (Los Patriotas) (3). Gracias a su plasticidad y su aspecto rudimentario, la medida se convierte fácilmente en eslogan de campaña. Presidenciales: “Defender a los franceses” (1974). Legislativas: “Los franceses primero. Un millón de desocupados es un millón de inmigrantes que sobran” (1978). Referéndums: “Produzcamos francés con franceses” (1992). Europeas: “Formación, trabajo, vivienda: prioridad para ti en tu propia casa” (2009). Municipales: “Los franceses, los primeros en ser atendidos” (2010)...

Panacea para la extrema derecha, la preferencia nacional es objeto de un vivo rechazo en el resto del tablero político, en el que muchos incluso la consideran un repelente absoluto, una línea de demarcación que separaría al “bando republicano” de los enemigos de la democracia, a los defensores de los derechos humanos de los nostálgicos de las “horas más oscuras de la Historia”. ¿Acaso la Constitución no garantiza la igualdad de derechos y de acceso al empleo sin distinción de origen? Francia, que prohibe cualquier tipo de discriminación y defiende la universalidad del servicio público, no podría admitir la preferencia nacional. A su paso, esta frontera permite absolver a todos aquellos que están del lado correcto: pueden darse un festín con la inmigración, permanecen en el bando de los buenos humanistas con sólo rechazar la preferencia nacional. Así, Valérie Pécresse (Les Républicains, Los Republicanos) promete instaurar cuotas de migrantes, alquilar “charters de alejamiento”, ubicar a los solicitantes de asilo en “centros especializados”, restringir la ayuda médica estatal únicamente a los cuidados urgentes y enfermedades contagiosas... Pero cuando se le pregunta lo que distingue a su proyecto del de Le Pen, se ofusca: “Ella habla de ‘preferencia nacional’. ¡Yo nunca haría eso!” (4). Tras la “savonnette à vilain” (“jabón para lavarse lo plebeyo”) en el Antiguo Regimen, apodo dado a los cargos que los plebeyos compraban para ennoblecerse, he aquí el “jabón republicano”, que lava las sospechas de descarrío xenófobo.

Un principio ya aplicado
Sin embargo, la noción fue teorizada a mediados de los años 80 por un alto funcionario que el muy respetado Instituto de Estudios Políticos de París no dudó en contratar como catedrático. Inspector General de la Administración, co-fundador del Club de l’Horloge –un círculo de reflexión fundado en 1974 por jóvenes alumnos de la Escuela Nacional de Administración (ENA), muchos de los cuales pasarán al Frente Nacional (FN) en los años 80 y que se identifica con el “nacional-liberalismo”–, Jean-Yves Le Gallou aún era miembro de la Unión para la Democracia Francesa (UDF) cuando publicó, en 1985, La Préférence Nationale : réponse à l’inmigration (La Preferencia nacional: respuesta a la inmigración, Albin Michel), en reacción a la obra de Bernard Stasi, La inmigration, une chance pour la France (La inmigración, una oportunidad para Francia, Robert Laffont, 1984). Se unió al FN unos meses más tarde. Su libro, construido como un informe de egresado de la ENA, con estadísticas y referencias legislativas que marean, erige un retrato apocalíptico de Francia, amenazada a la vez por el islam, la invasión migratoria, la inseguridad, la bancarrota. Sólo la preferencia nacional puede sacar al país de la encrucijada. Porque, al excluir a los extranjeros de las ayudas sociales y de las viviendas públicas, explica Le Gallou, el Estado ahorrará considerablemente, lo cual reducirá su déficit. Al mismo tiempo, Francia perderá su atractivo para los migrantes, que se quedarán en sus países o elegirán otro destino, liberando así al país de potenciales provocadores de problemas. Y aquellos que ya están en Francia, en adelante desempleados gracias a la preferencia nacional, se verán presionados a abandonar el Hexágono. Esta es la teoría.

Afortunadamente, por no haber accedido al poder, el FN nunca pudo aplicar este programa. Intentó encontrar otras vías, pasando por sus intendencias pero chocó con obstáculos jurídicos. Como en Vitrolles en 1997, cuando la intendenta Catherine Mégret quiso crear una “asignación municipal por nacimiento” reservado a las familias francesas: la medida fue rechazada tres meses más tarde por el Tribunal Administrativo de Marsella.

Sin embargo, si se presta mayor atención, este principio ya se aplica en numerosas áreas. Los extranjeros extra-comunitarios no pueden ser empleados en la función pública –salvo si existe penuria, en cuyo caso un anestesista tunecino sirve igual–, mientras que los puestos llamados “de soberanía” (policía, justicia, defensa, diplomacia...) están estrictamente reservados a quienes poseen la nacionalidad francesa. Según el Observatorio de las Desigualdades, en total más de cinco millones de empleos resultan inaccesibles para los extranjeros no europeos, es decir más de un empleo sobre (...)

Artículo completo: 3 211 palabras.

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Benoît Bréville

Jefe de redacción adjunto de Le Monde diplomatique, París.

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