El momento histórico de lo que pudo ser

La contundente derrota sufrida el pasado 4 de septiembre, nos debe invitar a reflexionar del por qué del revés y los escenarios que se abren donde la clase política tendrá la responsabilidad de continuar con el proceso constitucional abierto el 25 de octubre del 2020 con el plebiscito de entrada y su significativo 80–20. No podemos negar la frustración de la derrota y tampoco podemos olvidar a las 4.860.093 de personas que confiaron y creyeron en que otro Chile era posible.

Como forma de recoger las demandas sociales irresolutas en estos últimos 30 años por la clase política es que la propuesta constitucional buscó dar respuestas a problemáticas que requerían y requieren de una solución lo más pronta posible como el derecho al agua y al saneamiento, contrario a los actuales derechos de aprovechamiento de agua, una descentralización real en Chile donde las decisiones no sean tomadas principalmente en Santiago o una democracia efectiva, para que la participación no se limitara al sufragio; y es quizás una de las mayores virtudes de la propuesta constitucional, el declarar a Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho, que sentaba las bases para dejar atrás al actual Estado subsidiario heredado de la dictadura cívico-militar.

Es por esto y considerando el arduo año de trabajo de la Convención Constitucional, frustra ver que el único legado concreto que dejó este proceso fue la reducción del quorum para realizar reformas a la Constitución vigente, pasando de los 2/3 a los 4/7. Cabe recordar que esta reforma a la Constitución fue aprobada en su última votación en el Senado el pasado 10 de agosto, y pese a esta reforma, los demás quorum se mantienen, así como el proceso legislativo, tal como lo conocíamos y cuestionábamos.

Esta reforma a la Constitución buscó dar impulso y credibilidad a la idea política de rechazar para reformar, que acompañado de interpretaciones de mala fe y a la divulgación de noticias falsas sobre la propuesta constitucional, buscaron mostrar una tercera vía donde esa misma clase política deslegitimada desde el 18 de octubre, recogería las demandas sociales en un nuevo proceso apadrinado por los partidos políticos; que sumado a los recursos que obtuvo el rechazo concentrando el 79,3% de los aportes, es decir, $1.572.463.183 traduciéndose en una posibilidad de despliegue en los territorios, con mayor material disponible y sobre todo, con una mayor capacidad para adquirir publicidad en la prensa escrita y tiempo radial; que acompañado a la complicidad de la editorial de medios de comunicación, en la cual participan los grupos económicos, fueron clave al momento de definir el resultado del plebiscito de salida. Por su parte, desde el apruebo, con el 20,7% de los aportes, logró sacar adelante una campaña informativa ya sea por las miles de personas anónimas y no tan anónimas que buscaron dar a conocer la propuesta constitucional por su propios medios, o también la franja televisiva y la no menos importante, campaña denominada como “2 Millones de Casas por el Apruebo”, pero sin duda la más significativa de todas fueron los llamados apruebazos que se levantaron en todas (...)