El trabajo no paga

Según el presidente francés Emmanuel Macron, el “fin de la abundancia” ha llegado. ¿Pero en qué mundo vive? El de los dueños de empresas que quiere incrementar su techo salarial considerado demasiado bajo (37.500 euros por mes)? ¿El de los accionistas? Para muchas familias, la realidad refleja una caída del poder adquisitivo que las medidas del gobierno no lograrán compensar.

Ayudas sí, pero sobre todo ningún aumento salarial. Este podría ser el título de la ley sobre el poder adquisitivo, propuesta por el gobierno elegido por Emmanuel Macron y votada el 3 de agosto por los diputados de la mayoría presidencial, de derecha y de Rassemblement national [Agrupación Nacional], con dos excepciones. Viniendo de funcionarios que no paran de vituperar a los asistidos y que se llenan la boca con la palabra “trabajo”, el giro ideológico no deja de ser picante... al menos en apariencia.

Con una inflación que escala rápidamente (se espera un 6.8% para este año), sobre todo en los productos de primera necesidad, un poder adquisitivo de los salarios que cayó un 3% en un año y un movimiento de “chalecos amarillos” en todas las memorias, el presidente Macron no podía permanecer inactivo. Podría haber inaugurado su segundo quinquenio con un gesto contundente, pidiendo al Parlamento restablecer la escala móvil de los salarios, permitiéndoles aumentar al mismo ritmo que los precios. Lanzada en 1952 por Antoine Pinay –un hombre de derecha–, la ley que instauró esta práctica funcionó hasta 1982, cuando François Mitterrand y un gobierno con mayoría socialista la desecharon. No era perfecta y a menudo los salarios tardaban un tiempo en alcanzar el nivel de la inflación. Pero, en general, protegía a los asalariados. El economista Alain Cotta, defensor de la ortodoxia, calificó de hecho su supresión como el “regalo Delors” (en referencia al poderoso ministro de Economía) a los empresarios. Esta muerte marcará el inicio de una nueva distribución de la riqueza producida, a favor de los beneficios y en detrimento de los salarios. La participación de estos últimos en el valor agregado pasó del 74,1% en 1982 al 63,5% en 1998. A continuación, fluctuó ligeramente al alza o a la baja, pero nunca volvió al máximo de 1982 y alcanzó el 65,4% en 2019.

“Peor es nada”
Por el contrario, Macron prefirió una canasta de medidas que evitara cualquier aumento general de las remuneraciones. La única excepción son los funcionarios, que verán aumentado el punto de índice utilizado para calcular sus salarios en un 3,5%. La revalorización, muy por debajo de la inflación del año, debe ser relativizada; en particular, este índice está congelado desde 2010 (salvo un breve paréntesis entre 2016 y 2017). Si se tiene en cuenta la suba de los precios, perdió el 17,6% de su valor en 22 años. Es decir, un funcionario que ganaba 1.000 euros en 2010 recibe ahora el equivalente a 820,40 euros. Luego nos sorprendemos de que ya no haya enfermeras o docentes, que están entre los peores pagos de Europa.

Pareciera que Francia no puede hacer más. Ministros y columnistas nos explican –con la entonación justa en sus voces para transmitir la enormidad de la suma en juego– que este aumento “histórico” costará la zoncera de 7.500 millones de euros. Curiosamente, no se levanta ninguna voz para dar a conocer lo que representa la reducción de los impuestos de producción para las empresas anunciada por la primer ministro Élisabeth Borne durante su discurso de política general ante la Asamblea Nacional el pasado 6 de julio: 8.000 millones de euros. Y nadie cuestiona el uso de este regalo.

Por ello, el paquete presidencial incluye algunos “escudos” tarifarios (alquileres, gas, etc.). Impone asimismo una reducción de 30 centavos en el precio de la gasolina hasta fines de octubre y una reducción de 10 centavos para los dos meses siguientes, pero el gobierno no toca los impuestos indirectos indexados a los precios en los surtidores, ni los super-beneficios recaudados por las compañías petroleras. Limita el aumento de las tarifas eléctricas al 4% hasta fin de año, pero obliga a Électricité de France (EDF) a proporcionar el 40% de su producción barata a sus competidores, en lugar de generar un beneficio para los usuarios.

Aumenta un 4% las jubilaciones básicas, que habían perdido un 1,1% de su poder adquisitivo solo en 2019, así como el ingreso de solidaridad activa (RSA, en francés), que pagan principalmente los ayuntamientos. En cuanto a la ayuda personalizada a la vivienda (APL, en francés), sube un 3,5% pero esto no compensa –ni mucho menos– los “10.000 millones de euros (...)