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Disputa por las fechas patrias

Uruguay también conmemora 50 años del golpe

Una disputa gramsciana por la hegemonía cultural agita hoy la memoria de la dictadura uruguaya, iniciada el 27 de junio de 1973. Pero las resistencias persisten.

Con el estilo levemente ondulado que caracteriza el relieve del país, la oposición uruguaya propuso en el Parlamento que dos fechas ligadas a la lucha por los derechos humanos sean declaradas, sólo por este año, feriados laborables (1). Una intención minimalista que nació con plena conciencia de su imposibilidad. Los 50 años del Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, que instalaron una dictadura cívico-militar que duró hasta el 1° de marzo de 1985, no fueron suficientes para convencer al actual oficialismo de centro-derecha. Quizá porque el peso del factor “derecha” por sobre el de “centro” en la coalición multicolor, la que llevó a la Presidencia a Luis Lacalle Pou en noviembre de 2019, es clave para la “batalla cultural” con la que se pretende disputar la hegemonía que, se dice desde esa sensibilidad política, construyó la izquierda en los tres gobiernos del Frente Amplio (2005-2019). Una trama que iría desde la cultura hasta los llamados derechos de tercera generación (legalización del aborto, matrimonio igualitario), pasando por el abordaje del pasado reciente. Por eso, el cuestionado cambio de criterio en la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos (2) o la sustitución de textos académicos por textos de actores políticos de derecha en los programas de secundaria que abordan el período dictatorial (3).

Esa disputa gramsciana parece haber alcanzado incluso al hoy electoralmente alicaído wilsonismo, sector del Partido Nacional liderado en su momento por Wilson Ferreira Aldunate, y que también integra el entramado gubernista. Esto, a pesar de que una de las dos fechas que se pretendía conmemorar recuerda el asesinato, en Buenos Aires, del legislador nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz. Su cadáver fue encontrado, el 20 de mayo de 1976, en un auto estacionado en la esquina de Autopista Ricchieri y Perito Moreno, junto con el de su par Zelmar Michelini, diputado frenteamplista de origen colorado, y los de los militantes tupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo. El médico comunista Manuel Liberoff, secuestrado en la misma operación del Plan Cóndor, permanece desaparecido. Se ha señalado que Ferreira Aldunate (probable ganador de las elecciones de 1971 que, tras un sospechado fraude, llevaron a la Presidencia al colorado Juan María Bordaberry, autor del “autogolpe” de 1973) (4) integraba la lista de objetivos a ser asesinados ese día, pero logró salir de Argentina a tiempo.

Un material normalmente frágil, pero duro, es el vidrio. No resulta extraño, entonces, que la resistencia al Golpe de Estado de 1973, en Uruguay, haya nacido en el sindicato de trabajadores que lo fabrican. A las 5 de la mañana de ese 27 de junio, las radios, en cadena nacional, cubrían su silencio con la emisión de canciones folclóricas y marchas militares. A la 1:40 de esa madrugada había culminado la última sesión de las Cámaras Legislativas disueltas por orden del presidente Juan María Bordaberry (5). El autogolpe se oficializaba a través del Decreto 464. A medida que los uruguayos se iban despertando, la radio les daba noticia de la nueva realidad a través de ese loop de un comunicado oficial bañado en la textura de acúfeno de la música marcial.

Un acto de resistencia

Muchos habían seguido las informaciones de los discursos parlamentarios de la (...)

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Roberto López Belloso

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