Alza de tarifas eléctricas: una historia de nunca acabar

Entre los años 2015 y 2017 se tramitaron dos iniciativas regulatorias que suponían ser los elementos articuladores para que Chile abriera su propio camino hacia la transición energética y a una reducción sostenida de las tarifas eléctricas.

Por un lado, las modificaciones realizadas al mecanismo de licitaciones de suministro permitieron abrir espacio para que las energías limpias y renovables ganaran espacio para abastecer suministro a los clientes sometidos a fijación de precisos, donde están todos los usuarios residenciales. Esto se plasmó en que a partir del 2017 en adelante, los precios de adjudicación fuesen a la baja y nuestro país se transformó en un referente en esta materia.

En paralelo a lo anterior, se promulgó la nueva ley de transmisión que sería la bisagra para que los nuevos actores del mercado de generación no tuviesen barreras de entrada que les impidiera construir proyectos renovables. En términos prácticos, el nuevo cuerpo legal estableció que las tan necesarias carreteras eléctricas ahora serían pagadas directamente por los usuarios. De esta forma, las empresas de generación no tendrían el peso de financiar nueva infraestructura de transmisión para inyectar energía al sistema.

Es un hecho que el traspaso al usuario final del costo de toda nueva infraestructura implicaría un alza de tarifas. Sin embargo, el compromiso fue que el alza por la nueva forma de financiar las carreteras eléctricas, con cargo íntegro al usuario final, sería amortizado en su totalidad por la baja en el precio de la energía por el ingreso de nuevos proyectos renovables asociados a las licitaciones de suministro de clientes regulados.

Hasta acá, los argumentos auguraban solo buenas noticias para el usuario, en términos de bajas de tarifas y para el sistema, dado que se comenzaría un proceso de descarbonización de la matriz energética del país. Sin embargo, en los argumentos de esa época no se mencionaron dos cosas realmente importantes:

1. las bajas de precios de energía, producto de las nuevas licitaciones en base a energías renovables, solo se reflejarían en al menos 5 años después de adjudicados los procesos
2. El tiempo de construcción de los proyectos de transmisión se demoran en promedio 12 años, mientras que la infraestructura de generación solo requiere 1/4 de dicho tiempo. Por lo tanto, el parque de generación creció mucho más rápido que las carreteras eléctricas

Indudablemente, los dos elementos anteriores no fueron resueltos por el perfeccionamiento del mecanismo de licitaciones de suministro ni por la nueva ley de transmisión. En este sentido, los proyectos de generación renovables comenzaron a construirse rápidamente, sin existir la infraestructura necesaria para transportarla a los diferentes puntos del sistema, perdiendo totalmente la tan necesaria señal de localización. Respecto a lo último se podría escribir más de una columna de opinión para analizar en qué fallo la regulación.

En este escenario de retrasos en la construcción de (...)