De la calle a las urnas, el movimiento feminista obtiene su primera victoria en Polonia

Después de ocho años de poder conservador, el 11 de diciembre pasado el parlamento polaco volvió a otorgar su confianza a Donald Tusk. Este ex presidente del Consejo Europeo anuncia un nuevo idilio con Bruselas y más libertades para los polacos. Entre ellas, la rehabilitación del derecho al aborto, prácticamente prohibido. Arrancada al campo liberal a fuerza de movilizaciones feministas, esta promesa seguirá abriendo debates en el seno de la nueva coalición.

“Lo esencial de nuestro programa es devolver a las mujeres polacas su dignidad y garantizarles seguridad”, declaraba Donald Tusk en un mitín de campaña en Gliwice (Silesia) el pasado mes de septiembre, en momentos en que el aborto está prácticamente prohibido en el país. Primer Ministro desde el 11 de diciembre, Tusk promete introducir el libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la duodécima semana y eliminar la cláusula de conciencia para los médicos que trabajan en establecimientos públicos. También Primer Ministro entre 2007 y 2014, se definía sin embargo en 2013, en el Congreso de Mujeres celebrado en Varsovia, como “un opositor a la liberalización del ‘compromiso’”. El término hace referencia a una de las legislaciones más restrictivas de Europa, adoptada en 1993 para satisfacer a la todopoderosa Iglesia Católica, y endurecida aun más por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que tomó el control del país a partir de 2015. Mientras tanto, intensas movilizaciones feministas sacudieron el país. ¿Acaso las mujeres ganaron en las urnas lo que no pudieron obtener de inmediato en las calles?

Mujeres movilizadas

La designación de Donald Tusk ya no ofrecía dudas desde las elecciones legislativas del pasado 15 de octubre. Con un 35% de los votos, el partido ultraconservador Ley y Justicia quedó a la cabeza en el escrutinio sin lograr cerrarle el paso a una coalición de tres partidos de la oposición: los liberales de la Coalición Cívica (centro-derecha), los agrarios y demócrata-cristianos aliados en torno a la Tercera Vía y los socialdemócratas de La Izquierda unida obtuvieron la mayoría de los escaños (248 de 460). Con una participación del 74% (frente al 61% de 2019), los colegios electorales atrajeron a un número récord de votantes. El voto femenino pesó especialmente en el resultado: el 56% de las electoras depositó en la urna el nombre de uno de los tres partidos de la coalición gubernamental, mientras que solo el 36% votó al PiS.

La movilización de las mujeres quebró el “compromiso”, ese cerrojo que ubicó a Polonia a contracorriente del movimiento de liberalización del derecho al aborto en la mayor parte de los países europeos y que hunde sus raíces profundamente en el pasado. Al igual que en Grecia e Irlanda del Norte, la religión estuvo íntimamente asociada en Polonia a la preservación de la conciencia nacional durante los períodos en que estas entidades políticas fueron absorbidas por el Imperio Otomano dominado por el islam, el Reino Unido anglicano y la Rusia ortodoxa, respectivamente. Cuando, en la década de 1980, un movimiento social aspiraba a reformar el sistema de partido único bajo la influencia de Moscú, la fe y las instituciones católicas desempeñaron, como es de esperar, un papel fundamental en su derrocamiento. “Sin Juan Pablo II, el comunismo habría durado mucho tiempo más y su final habría sido sangriento”, afirma Lech Walesa, que firmó con un bolígrafo con la efigie del Papa el Acuerdo de Gdansk de 1980, que autorizaba los sindicatos libres, empezando por Solidarność, dirigido en ese entonces por él mismo. Diez años después de esta primera etapa de liberalización política, los sacerdotes se involucraron en la organización de comités regionales de la oposición, distribuyeron folletos y ayudaron a conseguir financiación y firmas para los candidatos a las primeras elecciones libres de 1989. Algunas prédicas llamaban abiertamente a votar al comité cívico Solidarność, surgido del sindicato homónimo, y las jerarquías católicas daban su apoyo al campo de la oposición. Pero este refuerzo decisivo tenía un precio: la Iglesia pretendía volver al centro de la vida pública e inscribir su moral en el derecho del nuevo Estado en construcción.

Iglesia y democracia

A la cabeza de las prioridades, el cuestionamiento de la IVE. En 1956, el régimen comunista legalizaba el aborto por cuatro motivos: violación, malformación del feto, peligro para la vida de la mujer y “por las condiciones de vida difíciles de la mujer embarazada”. Esta última cláusula, nunca verificada, permitía de facto que todas las mujeres se beneficien con una IVE. Durante los dos primeros mandatos (...)