El camino es el diálogo

Al final de cuentas, para parte importante del Estado y de sus elites el conflicto intercultural con el pueblo mapuche parece reducirse a un problema de orden público, de la contención de sus movilizaciones, de la criminalización de sus luchas, un asunto policial con estado excepción y militares patrullando. Pero es un problema esencialmente político, como no se cansa de decir el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, o más recientemente la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, quien propuso buscar una salida política al conflicto a través de una mesa de diálogo con todos los actores involucrados, incluida la representación de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), la organización mapuche más activa en la búsqueda de la recuperación de tierras, la resistencia a las forestales, y conseguir derechos civiles y autonomía.

La oposición en pleno se azotó con la archi usada y desgastada frase de que con “los terroristas no se negocia”, como si el único camino posible fuera el exterminio de una parte del pueblo mapuche para ahogar su demanda, su ideario político autonomista y sus prácticas ancestrales. Parte de elites no se da cuenta que, pese al encarcelamiento de algunos de los principales líderes de la CAM, la resistencia en los campos del sur no ha cejado. A estas alturas los organismos de inteligencia (los civiles, policiales y militares) deberían tener claro que no todos los hechos de violencia que se producen en los territorios del sur son atribuibles a la organización mapuche.

Deberían saber -de hecho lo saben- que operan bandas organizadas para robo de madera, alentadas por las propias empresas forestales y los compradores finales del recurso. Se ha descubierto que estos grupos delictuales reciben información y a veces apoyo de agentes policiales corruptos. También operan en ese territorio grupos dedicados al narcotráfico, que comienza en el cultivo, la distribución y la venta de cannabis de (...)