La punición colectiva

Era uno de los peores castigos en la Grecia antigua. En caso de crímenes políticos o de alta traición, la asamblea de ciudadanos podía decidir la kataskaphê, la destrucción de la casa del culpable y la condena de su familia al exilio. Mediante esta pena, escribe el historiador Walter R. Connor, la ciudad quería materializar “la segregación definitiva de la sociedad del transgresor y de sus descendientes” (1). El más ínfimo de sus bienes debía quedar reducido a polvo a fin de evitar que fuera vendido o intercambiado, e incluso sucedía que se desenterraban los huesos de sus ancestros para arrojarlos fuera de la ciudad.

En materia de castigo colectivo, la China imperial tampoco carecía de imaginación. A través de los siglos, aplicó el principio de “ejecución del clan”, es decir, la liquidación de las familias de ciertos criminales. Todo el linaje podía ser alcanzado, así como la familia política y a veces más allá. Acusado de discutir la legitimidad del emperador, el erudito Fang Xiaoru fue asesinado en 1402 con todo su entorno, desde sus sobrinos hasta sus alumnos y amigos, es decir, un total de 873 personas.

Habituales en la Antigüedad y la Edad Media, semejantes sanciones pasarían hoy por bárbaras. ¿Acaso la justicia moderna no descansa en el principio de responsabilidad personal? Y el derecho internacional, ¿no ubica a las penas colectivas entre los “crímenes de guerra”? Nadie podría ser castigado por faltas que no cometió: incluso los regímenes más autoritarios reconocen este principio, al menos en los papeles.

En Palestina, sin embargo, las épocas de los castigos colectivos parecen no haber desaparecido nunca. Desde hace décadas, Israel arrasa las casas de los palestinos acusados de terrorismo incluso antes de cualquier condena judicial, dejando a sus familias en la calle con la única finalidad de vengarse, humillar e intimidar. Esto afecta también a los habitantes de Jerusalén Este, que pueden perder su permiso de residencia a causa de actos de (...)