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En este numero:

- La batalla de la confianza
- Justicia Militar: Una reforma urgente
- El negocio de las catástrofes

- Sumario completo abril de 2014





Sobre el autor

Andrés Palma Irarrázabal
Economista.
Director del Centro de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Santiago de Chile.
Académico Facultad de Administración y Economía U. de Santiago de Chile.

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Página de inicio >> Abril de 2014

¿Qué reforma educacional necesitamos?

por  Andrés Palma Irarrázabal

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tiene como uno de sus tres pilares programáticos la reforma educacional. La presidenta ha definido que su envío a tramitación en el Congreso se hará dentro de los cien primeros días de su mandato. Para esa fecha, seguramente, ya se habrá despachado la reforma tributaria que permitirá financiar los cambios que se propondrán en educación.

La propuesta programática nos muestra aspectos declarativos y acciones concretas, la mayor parte de ellas asociadas al financiamiento del sistema -eliminación gradual del financiamiento compartido, avance gradual en la gratuidad de la educación superior, aumento de la subvención, nuevos cupos en jardines infantiles, entre otros- aspecto que está fuertemente ligado a elementos críticos de su funcionamiento, como son la segregación por condiciones socioeconómicas de las familias y del entorno; la discriminación en el acceso por razones ideológicas y financieras; y la diferencial de resultados de aprendizaje, que está muy relacionado con los dos aspectos anteriores. Sin duda, todos ellos son asuntos de primera importancia y demandan un abordaje urgente y profundo.

Otras de las propuestas se relacionan con la estructura de administración de los establecimientos de enseñanza básica y media, donde no se propone innovación en la base capital propietarista del sistema -se mantiene el control por el aportante del capital del establecimiento- y para los establecimientos del Estado se anuncia el reemplazo de la administración municipal por servicios gubernamentales descentralizados y locales, cuyas características no se profundizan, pero se anuncia que se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, que es la forma de señalar que esta cartera tendrá tuición sobre ellos; en tanto para los establecimientos privados, se señala que solo podrán recibir la subvención aquellos que no tengan fines de lucro, comprometiendo una estricta fiscalización al respecto.

El cambio estructural más profundo, sin embargo, está contenido en las últimas ocho líneas de las seis páginas que el Programa dedica a la reforma educacional: se crearán Centros de Formación Técnica con el objeto de fortalecer dicha dimensión y estarán vinculados, dice así el programa, al desarrollo productivo regional.

Destaco este último punto como el más importante, pese a su brevedad en el texto, porque aborda un hecho esencial: Chile necesita generar una nueva política industrial intensiva en trabajo e inteligencia, y ello no es posible de abordar en un plazo inmediato, debido a la falta de personal técnico calificado en las áreas críticas de casi cualquier proyecto innovador y en prácticamente todas las regiones. La realidad es que nuestro sistema educacional, hasta ahora estructurado sin visiones estratégicas del desarrollo del país, no forma capacidades técnicas, como lo hacen los sistemas de los países más competitivos en el mundo.

El tema central de la dificultad para implementar una reforma profunda hacia esa educación, se relaciona con la orientación general del sistema educacional, cuya deserción crece año a año, especialmente en jóvenes de familias vulnerables a las condiciones sociales y económicas. Los procesos exitosos en educación dan la posibilidad de que el joven siga una formación flexible, lo que no ocurre en nuestro sistema que tiene una clara orientación hacia lo profesional y la educación “superior”. La formación laboral temprana (Gabriela Mistral fue profesora a los quince años), la flexibilidad curricular, la formación en oficios, son aspectos fundamentales de una educación que atienda las necesidades de los jóvenes, de la siempre cambiante demanda de la economía, y que contribuya a generar integración y autoestima en quienes hoy son desertores.

La reorientación de los recursos públicos y privados hacia la construcción de un sistema de formación continua es indispensable, pero no suficiente. Otro cambio radical se necesita: constituir comunidades educativas, es decir, impulsar la autogestión y cogestión en el sistema educacional.

Uno de los éxitos de los modelos educativos consiste en la autonomía de las unidades educativas (escuelas, liceos, institutos y universidades) para definir aspectos esenciales tales como la organización, la forma de alcanzar los objetivos educacionales que se proponen y se le exigen, la forma de utilizar los recursos económicos y otros aspectos propios de la gestión: lo que se define como auto gestión. Así como hay que fortalecer el rol autónomo del profesor en el aula, hay que establecer el principio de que la comunidad educacional debe ser la que conduzca el proceso en el que participan como sujetos los niños y jóvenes. La participación de los académicos, docentes, paradocentes, padres y apoderados, funcionarios y, en su caso, estudiantes, es fundamental para cambiar la educación, para mejorar su calidad, para disminuir la deserción escolar y para generar una nueva forma de hacer país. Solo sobre la base de la autonomía, de la autogestión, de amplios espacios de participación de los distintos estamentos de cada comunidad educativa, se podrá generar la creatividad y mejorar la calidad de la educación en su conjunto.

Por una parte, cambiar la orientación final del sistema educacional, desde el actual sistema de aprendizaje profesionalizante cuyo fin es la universidad por un sistema que, desde tempranos niveles, posibilite el despertar de las voluntades y desarrolle las capacidades múltiples de los sujetos del proceso educativo, niños y jóvenes; y, por otra, cambiar el sentido y forma de hacer educación, pasando de una forma en que la gestión y orientación la define el propietario del capital, hacia una en que la comunidad se auto gestiona y cogestiona con la representación de la sociedad. Son dos procesos que resultan indispensables para el cambio que el país necesita. Una reforma que no atienda estos dos aspectos centrales, puede ser una gran reforma, pero insuficiente para que el país dé el paso decisivo hacia el desarrollo.

*Economista.
Director del Centro de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Santiago de Chile.
Académico Facultad de Administración y Economía U. de Santiago de Chile.

 
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