Las deudas del infierno de la cárcel de San Miguel

Chile es el país más seguro de Latinoamérica y al mismo tiempo el que concentra el mayor número de presos por cada cien mil habitantes. Una contradicción que afecta las raíces de nuestro Estado de Derecho y que distorsiona las soluciones que deben considerarse para el problema.

Las más de cincuenta mil vidas que llenan las cárceles chilenas reclaman hoy más que nunca una respuesta eficaz y adecuada a las condiciones de indignidad en las que deben responder por sus errores. También lo hace la sociedad entera que busca un justo equilibrio entre el logro de la paz social y el respeto de sus derechos.

81 personas, con historias llenas de fracasos y esperanzas, han sido parte del precio que estamos pagando por un sistema carcelario que urge por una solución de dignidad propia de un siglo XXI que respeta los Derechos Humanos. Estos muertos en el incendio de la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre han permitido visibilizar un problema que se ocultaba tras las paredes de las prisiones pero que requiere de una solución país, con involucramiento y compromiso de todos los actores del quehacer nacional, con recursos y medidas adecuadas.