La presidenta Michelle Bachelet ha dicho que la reforma educacional que su gobierno plantea implica un cambio de paradigma: desde la educación como un bien de mercado a la educación como un derecho social. Esto es desde luego un cambio copernicano, que va contra lo que ha sido el sentido común que ha guiado la discusión y las decisiones públicas durante las últimas décadas.
La idea central, aceptada sin cuestionamientos hasta 2011, era que la responsabilidad del Estado se limitaba a asegurar a todos ciertas condiciones mínimas de salud, educación seguridad social, etc. Sobre esas condiciones mínimas cada uno compraría en el mercado lo que quisiera y pudiera. Como consecuencia del hecho de que lo que cada uno puede pagar es distinto, en el mercado surgiría desigualdad: educación, salud y pensiones para ricos y para pobres. El legado de estos 40 años ha sido una considerable reducción de la pobreza, pero al precio de una sociedad desigual y segregada en prácticamente cada esfera de la vida. Esto no es raro: es lo que el mercado produce cuando funciona adecuadamente: riqueza y desigualdad…
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