Hay protestas contra la delincuencia. Los sectores, en teoría más afectados, acusan al gobierno de mano blanda. Exigen prisión desde los 14 años, condenas de prisión perpetua, casi aplicar la pena de muerte o cortar las manos a los ladrones. Han logrado que se otorgue a Carabineros más poder que en ningún lugar del mundo, con la facultad de detener a cualquiera en la calle, pero no hacen ninguna reflexión sobre las causas de la violencia en Chile.
Chile es el segundo país de la OCDE, después de EEUU con mayor tasa de presos por habitante y el primero en Sudamérica. El total de presos llega a 60.000, de 8.000 en 1990. La mayoría cumple condenas de 5 a 20 años. Viven hacinados, porque es imposible construir cárceles al ritmo en que crece la población penal. Hacerlo a dicho ritmo nos llevaría “a cercar con alambradas las localidades pobres para resguardar a las de altos ingresos”, profundizando los guetos desde los que aún se puede salir sin salvoconducto.
Los presos están abandonados, inaccesibles a cualquier progreso. Predomina la ley del más fuerte y el escaso personal de Gendarmería arriesga su vida diariamente. Los reos están inactivos y en algunos patios un “monitor” da protección pagada a los más débiles. Pocos acceden a capacitación. Los enfermos mentales permanecen después de cumplir sus condenas, porque sus familias no los reciben y no hay hospitales para ellos. La mayoría de los presos ya antes se caracterizaban por la marginalidad, la baja autoestima, el alcoholismo, la violencia físico-síquica en el hogar, la drogadicción, la baja escolaridad y la nula capacitación laboral. Gran parte padece de formas de debilidad mental que requerirían cursos de educación diferencial que no existen en las cárceles...
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