Viaje a la región que llevó al “derrocamiento del indio”

Llegar a Santa Cruz de la Sierra es una experiencia desconcertante. En el aeropuerto nos cruzamos con hombres engominados con trajes de tres piezas, familias menonitas de pelo rojizo, mujeres a las que alguna costumbre local parece obligar –cuando alcanzan cierto nivel de vida– a pasar por el bisturí de algún cirujano plástico y choferes de taxi que buscan clientes (que suelen tener la piel menos oscura que la suya). Luego, en dirección a la ciudad, sobre una línea recta interminable, descubrimos el calor intenso, las planicies áridas, las carretas que se ven superadas por grandes 4x4 y las concesionarias de cosechadoras-procesadoras último modelo, expuestas como vehículos de lujo, que nos recuerdan de dónde proviene la riqueza de la región. Bordeamos barrios periféricos miserables a los que le siguen residencias de lujo con piletas en el techo y gimnasios en la planta baja. Antes de llegar, finalmente, al centro antiguo de la ciudad, con su encanto colonial.

Emplazada en las llanuras orientales de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra es la capital del Departamento de Santa Cruz, el más grande y más poblado del país. Con una superficie superior a la de Alemania, cubre un tercio del territorio boliviano y cuenta con más de dos millones de habitantes, instalados en su gran mayoría en la capital. La presencia de hidrocarburos en el subsuelo y un potente sector agroindustrial hicieron de este Departamento, que representa el 30% del Producto Interno Bruto (PIB), en la posición el “pulmón económico del país”.

Durante un viaje anterior, en diciembre de 2018, habíamos conocido a Natalia Ibañez en el avión que nos había recibido luego amablemente en su ciudad. “Santa Cruz, es la ciudad más moderna de Bolivia. ¿Vio todos esos condominios?”, nos preguntaba en aquél momento en referencia a las urbanizaciones privadas y custodiadas que pululan en la zona. “Es normal, nosotros, en Santa Cruz, sabemos invertir el dinero; sabemos hacer que dé frutos. No como esos indios que entierran el suyo en ofrenda a su ‘Pachamama’”. En ese entonces, Ibañez sólo deseaba una cosa: apartar del poder al presidente Evo Morales, ese “indio iletrado”.

Casi un año más tarde, Ibañez nos da cita en Divine, un “nails bar” (literalmente “bar de uñas”) flamantemente nuevo, todo de mármol y vidrio. Las empleadas, numerosas, tienen camisas blancas cortas, zapatos con plataforma y lentes de contacto color azul, que las hacen parecerse a las cantantes intercambiables que desfilan por las pantallas colgadas de las paredes que reproducen el canal MTV. Las clientas del salón, por su parte, se empeñan en hablar entre ellas sólo en inglés (hasta que la falta de vocabulario las obliga a volver al español). Es que el non plus ultra, aquí, consiste en parecerse a los estadounidenses. Así, en el aeropuerto, muchos habitantes de la ciudad dotados de la doble nacionalidad boliviana y estadounidense prefieren hacer una larga cola en migraciones para utilizar su pasaporte estadounidense antes que pasar por una fila mucho más rápida con su documento boliviano. Mientras se seca el esmalte, Ibañez nos transmite su dicha al ver su deseo cumplido. No sin cierto orgullo. Fue su primo quien “liberó a Bolivia del infierno de la dictadura”: Luis Fernando Camacho, abogado millonario de unos cuarenta años enérgicos –y que, según la información divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en abril de 2016, creó tres sociedades offshore con sede en Panamá, para su propio beneficio y el de varios particulares y empresas bolivianas que pudieron disimular y blanquear su dinero y establecer planes de evasión fiscal...

El golpe de Estado
En efecto, durante el mes de noviembre de 2019, un golpe de Estado apoyado por la policía y los militares derrocó a Morales, quien se encuentra desde entonces en el exilio (1). El episodio fue precedido por un paro general de veintiún días, tras los discutidos resultados de la elección presidencial de octubre de 2019, que le dieron al presidente saliente un ajustado triunfo en la primera vuelta. Durante todo este período, el Comité pro Santa Cruz, presidido por Camacho, se empeñó en avivar las llamas de la ira. La organización contaría, según su administrador Diego Castel, con “el mayor poder de movilización del país”. Camacho, actual candidato a la elección presidencial (inicialmente prevista para el 3 de mayo del 2020, pero postergada al 6 de septiembre debido a la pandemia de Covid-19), convocó en ese momento a una movilización en la estatua monumental del Cristo Redentor, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, para comunicar sus consignas para continuar con las movilizaciones. “El 80% del derrocamiento del ‘indio’, fue gracias a Santa Cruz, desde el punto de vista económico y logístico”, concluye Ibañez. Con el “indio” se refiere al presidente derrocado, Evo Morales. Otra cruceña, con quien nos encontraremos más tarde, lo confirmará: Sirce Miranda refiere haber visto, todas las tardes, a su compañero y a varios miembros del Comité Pro Santa Cruz, recorrer los diferentes piquetes de la ciudad para “recompensar” a los manifestantes por movilizarse, con dinero y arroz. Impactada por lo que observó, decidió separarse de su concubino.

El Comité Pro Santa Cruz, ubicado en el centro de la ciudad, en la calle Canada Strongest, tiene su sede en un hermoso edificio colonial con un gran patio arbolado en el que flota la bandera verde y blanca de Santa Cruz. Es “el gobierno moral de los cruceños”, nos explica Castel. ¿Cuál es su rol? “Defender los intereses de Santa Cruz ante el Estado”. Aunque está compuesto por cerca de trescientas organizaciones de la “sociedad civil”, el Comité Pro Santa Cruz es, desde su fundación en 1950, una institución de elite, firmemente sostenida por la oligarquía local. Para ser candidato a la presidencia del Comité, hay que estar apadrinado por empresarios influyentes y realizar una campaña que “cuesta cara”, explica Herland Vaca Diez Busch, presidente de la institución entre 2011 y 2013.

Además, otro de los requisitos que se deben cumplir es “haber nacido y vivir en Santa Cruz desde hace más de quince años”, completa Castel. Antes de agregar: “¡Nos adaptamos al mundo moderno! Hasta hace poco, también había que ser hijo de padres cruceños”. “Hijo”, porque, lo que se olvida de decirnos es que, la influencia del “mundo moderno” no llegó a permitir que las mujeres lleguen a presidir el poderoso Comité de esta ciudad conservadora. Aunque alberga una “sección femenina”, es totalmente periférica y se limita a las relaciones sociales. Durante nuestra visita a los locales del Comité, nos cruzamos, justamente con una de las figuras de la “sección femenina”: María Carmen Morales de Prado, afectuosamente conocida como “Negrita”, cuya fiesta de cumpleaños número sesenta hizo las delicias de las páginas de espectáculos de las revistas de la ciudad. Nos explica que “el Comité es un trampolín para entrar al mundo de la política”. En efecto, la mayoría de los dirigentes políticos de Santa Cruz se formó en la escuela del Comité, uno de sus ex presidentes está en su sexto período al mando de la ciudad, mientras que otro cursa su tercero al mando de la provincia. Nos cuenta con emoción los intensos últimos meses que pasó junto a los jóvenes del Comité, “dispuestos a todo para lograr el triunfo de la democracia”. Estos jóvenes, que la llaman afectuosamente “tía”, forman la Unión Juvenil Cruceñista. El apasionado compromiso con la “recuperación de la democracia” de este “competente equipo del Comité” suele conducir a sus miembros a la cárcel por ejercicio de la violencia.

Grupo de choque
La Unión Juvenil Cruceñista dispone de instalaciones en la sede del Comité. Sus militantes se encuentran al fondo del pasillo, en el primer piso, sumergidos en un aire acondicionado glacial y sobre un piso cubierto de colillas. Son cerca de 300, menores de treinta años, blancos; suelen ser estudiantes y provienen de las clases medias y altas (aunque los miembros de las clases populares son cada vez más numerosos). Aquí, nadie se niega a hacer el saludo fascista, con el brazo extendido, durante las reuniones: la Unión Juvenil Cruceñista, considerada como un grupo paramilitar por la Federación Internacional de los Derechos Humanos, fue fundada en 1957 por Carlos Valverde Barbery, dirigente de la Falange Socialista Boliviana, (...)