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La escuela y la “neutralidad”

Estamos prontos a cumplir un año del estallido social, cuando miles de personas a lo largo de todo Chile, en octubre del año 2019, salieron a las calles para exigir dignidad. Todo comenzó con el alza de 30 pesos en el pasaje del transporte del Metro de Santiago, para movilizar a toda una ciudadanía reclamando y protestando en las calles, junto a los treinta pesos, 30 años de abusos y promesas incumplidas en educación, trabajo, salud y pensiones.

Un Estado gobernado por una clase política que olvidó el Bien-Estar de su pueblo y decidió mantener y perpetuar un modelo neoliberal que, junto con acrecentar la riqueza de unos pocos, acentuó las desigualdades privatizando los derechos sociales como bienes de consumo. Una población desesperada, además, por el endeudamiento acumulado por décadas para estudiar, comer y vivir. La pandemia que llega en marzo a nuestro país, opera como lupa y vitrina de esta realidad chilena, evidenciando la profunda desigualdad social y económica que aqueja a la población, una población de sujetos que no tienen “derecho a tener derechos” y que, viviendo en la exclusión y la discriminación cotidiana, exponen una problemática profundamente ideológico-estructural.

El virus entró a Chile por el sector oriente de Santiago, por aquellos conciudadanos que venían del extranjero y habitan en los territorios más acomodados de la capital. Las muertes de personas de la tercera edad al inicio de la pandemia, especialmente en asilos de ancianos, emigró rápidamente a sectores populares, que habitan en condiciones de hacinamiento y ausencia de recursos básicos, tanto materiales como culturales. Estos sectores de la población representan a los más desfavorecidos y socialmente y económicamente discriminados, que no pudieron acatar la norma sanitaria de quedarse en su hogar, porque de ser así perderían su sustento y no comerían; pudiendo sobrevivir únicamente por la solidaridad de sus vecinos, en ollas comunes y colaboraciones territoriales y alcaldías, en la desafección de un Estado que demoró meses por responder a la crisis social más desgarradora del último siglo en lo laboral, en la salud y en la economía. Desde marzo hasta la fecha, hemos sido testigos de cómo la pandemia confronta a un gobierno, defensor del modelo neoliberal y del estado subsidiario consagrado en la Constitución de 1980, alejado profundamente de las necesidades de la ciudadanía, envueltos en la arrogancia y la soberbia de saberse superiores. La escucha, la reflexión, y el dialogo no caben en la lógica de un gobierno que debería sustentar las decisiones en la confianza en los colegios profesionales, las alcaldías con las lealtades básicas que suponen la coordinación social y la intervención estatal.

Un estudio realizado en el mundo respecto la confianza de la ciudadanía en la gestión de la crisis, ubica a Chile en el país cuyo 85% de la población no confía en sus gobernantes y piensa que está siendo muy mal conducidos en esta pandemia. “Chile se posicionó como el país más pesimista del mundo, según quedó refrendado en una encuesta de Ipsos Public Affairs correspondiente a julio del 2020 y realizada en 277 países sobre ‘¿Qué preocupa al mundo?’. En el caso de Chile, el 84% piensa que las cosas en el país van por mal camino, y solo un 16% cree que lo hacen en la dirección correcta”. Lo llamativo en los números de Chile es que la desconfianza en la conducción es aun peor que dos de los países con el manejo de la crisis más cuestionado, como Estados Unidos, el país que sigue encabezando la lista mundial de casos de coronavirus, con 4,6 millones de contagios y más de 154.000 fallecidos, o Brasil, que es la nación latinoamericana más afectada y la segunda a nivel mundial”.

Los ministerios han conducido esta emergencia sanitaria y económica, de espaldas a la ciudadanía, tal es el caso de la cartera de Educación, en la que el ministro insiste en volver a las aulas para acortar las brechas educacionales sin escuchar al Colegio de profesores y profesoras por una parte y por otra, algunas alcaldías lideradas por el oficialismo, se oponen a la realización de clases regulares, para utilizar los establecimientos escolares sólo como guarderías para que padres y madres puedan salir a trabajar… Contradicciones y confusiones que dejan en evidencia la ausencia total de diálogo, reflexión y claridad respecto al fin de la educación y su proceso institucionalizado. Por ello, (...)

Artículo completo: 2 204 palabras.

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Silvia Redon, Annachiara Del Prete, Natalia Vallejos* y Mario Torres*

*Investigadoras de la PUCV.
**Vicerrector de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Vinculación con el Medio. UTEM.

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