¿Todavía es posible la justicia en Kosovo?

La sombra de los crímenes imputados a la antigua guerrilla planea sobre Kosovo desde hace dos décadas. El arresto, en noviembre, del presidente Hashim Thaçi y de varios de sus excompañeros del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK), ¿marcará el fin de la impunidad? Hasta ahora, los occidentales habían sostenido sin fisuras al nuevo poder en nombre de la estabilidad, despreciando a las víctimas.

El 5 de noviembre de 2020, el presidente de Kosovo Hashim Thaçi se presentó ante los medios de comunicación, con el rostro deshecho, para anunciar su dimisión y confirmar su imputación por las Cámaras Especializadas para Kosovo que están radicadas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El exportavoz, luego jefe político, del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK) debe ser juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado de 1998-1999 contra el régimen serbio de Slobodan Milošević y en los meses que siguieron. Algunas horas antes, el jefe del Partido Democrático de Kosovo (PDK), Kadri Veseli, diputado y exjefe del Servicio de Informaciones (Shik, los servicios de inteligencia de la UÇK), también confirmó su imputación, al igual que el diputado Rexhep Selimi. La víspera, Jakup Krasniqi, exportavoz de la guerrilla y expresidente del Parlamento (2007-2014), había sido detenido en Pristina. La publicación de los cargos de acusación, el 24 de junio de 2020, ya había obligado a Thaçi a anular un encuentro en Washington con su homólogo serbio Aleksandar Vučić. Los cuatro responsables políticos detenidos por la oficina del procurador especial y transferidos a una prision de los Países Bajos deben responder por crímenes en banda organizada: persecuciones, arrestos arbitrarios, castigos crueles, torturas y asesinatos.

Encargadas de juzgar los crímenes cometidos en el territorio de la exprovincia serbia entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000, y financiadas principalmente por la Unión Europea, las Cámaras Especializadas están vinculadas al sistema judicial de Kosovo. Deslocalizadas en La Haya, están compuestas por magistrados extranjeros y en consecuencia constituyen una jurisdicción híbrida, parcialmente internacional, como los tribunales especiales para el Líbano, Sierra Leona o la República Centroafricana. Desde el verano boreal de 2019, varias decenas de exguerrilleros prestaron declaración, a veces en calidad de sospechosos, otras en calidad de testigos. El 24 de septiembre de 2020, un primer inculpado fue conducido ante sus jueces. Ex comandante de la región de Llap (noreste de Kosovo), Sali Mustafa es acusado de haber ordenado un centenar de homicidios, de tratamientos crueles, torturas y detenciones arbitrarias perpetrados contra serbios, roms y albaneses (1).

Las investigaciones
La creación de las Cámaras Especializadas es consecuencia directa del informe del diputado suizo Dick Marty, aprobado en enero de 2011 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2). Ya conocido por su trabajo en las prisiones especiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Marty investigó acerca del arresto extrajudicial de varios centenares de civiles serbios o roms, su probable deportación a Albania y su desaparición. También expuso detenciones ilegales, torturas y asesinatos de albaneses considerados por el UÇK como adversarios políticos, la mayoría de las veces militantes de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), la formación de la figura tutelar de la resistencia albanesa en Kosovo Ibrahim Rugova (1944-2006). Estos crímenes fueron cometidos durante el conflicto armado, pero también luego, tras la instauración en 1999 del protectorado internacional de las Naciones Unidas sobre Kosovo, precisamente cuando más de 40.000 soldados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) acababan de tomar posición en esa antigua provincia meridional de Serbia (3).

Los tratos inhumanos y degradantes, así como las desapariciones denunciadas en el informe Marty, ya habían sido establecidos por la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (MINUK) y por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) (4). El Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) también había investigado los crímenes imputados al UÇK, pero Carla Del Ponte, su procuradora general entre 1999 y 2007, explica en sus Memorias que fue impedida de llevar más lejos sus investigaciones (5). Peor aun, denuncia la destrucción deliberada de algunos documentos probatorios. Las incriminaciones del informe Marty fueron confirmadas, en julio de 2014, por el de John Clint Williamson, un diplomático estadounidense contratado como fiscal independiente por la Unión Europea. La creación de una jurisdicción ad hoc para juzgar esos crímenes equivalía a una confirmación del (...)