La guerra de las drogas en La Araucanía

Después del fracaso de la guerra contra la “subversión” mapuche en el Walmapu, asoman nuevas políticas de control del orden público. Allí destaca el fiasco de la Operación Huracán, que de sofisticada operación de inteligencia simplemente mostró ser un vulgar montaje inexperto, lo cual en el pasado gobierno golpea al sistema de inteligencia de la policía de Carabineros, en marzo de 2018. Este deterioro culmina a inicios de este gobierno con el asesinato de Camilo Catrillanca en su comunidad de Temucuicui por una patrulla de Carabineros, el 14 de noviembre de 2018. Estos dos hechos señalaron claramente al gobierno que esta fuerza policial no podía seguir a cargo del control del asunto mapuche.

La más reciente participación de Carabineros en el control del orden público en la Araucanía termina con la muerte de cabo 2º Eugenio Nain Caniumil (24) en medio de una emboscada protagonizada supuestamente por diez desconocidos tras un corte en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 682, al sur de la comuna de Padre Las Casas, el 30 de octubre del 2020.

El gobierno cambia de estrategia y de ejecutor de esta en el Walmapu, ahora se implementará una guerra contra el narcotráfico en ese territorio, asimismo su brazo ejecutor será la Policía de Investigaciones (PDI). El primer objetivo escogido es la comunidad de Temucuicui y el momento considerado oportuno para actuar, por coincidencia, es el mismo día en que la justicia dictaba sentencia por el crimen de Catrillanca, el 7 de enero de este año.

Aquí el gobierno hace suya la estrategia ya empleada en otros países de América Latina donde la incapacidad de controlar a los “movimientos subversivos” ha consistido en convertir esos intentos en guerras contra las drogas, lo cual se ve facilitado por el hecho real de que algunos movimientos otorgan protección a cambio de pagos (“gramaje”), tanto a los campesinos que producen las materias primas básicas (cultivos de cannabis para obtener marihuana, de coca para cocaína, de amapola para heroína), como a los acopiadores locales y los contrabandistas internacionales, los narcos. Además, esta narcotización de los asuntos de orden público tienen la ventaja de poder contar con la cooperación internacional antidrogas, tanto bilateral, especialmente de los EEUU, como la multilateral de las Naciones Unidas. Así se ha hecho en Colombia, Perú, Nicaragua y Paraguay. Asimismo, se cuenta con la supuesta legitimidad que da (...)