Las patentes obstaculizan las vacunas para todos

Lejos de las buenas intenciones esbozadas a inicios de la pandemia acerca de garantizar un acceso igualitario a las vacunas, la lucha mundial por las dosis confirma el triunfo de la lógica del más fuerte. La deficiente negociación de la Unión Europea frente a las multinacionales farmacéuticas confirmó su debilidad geopolítica e industrial y reavivó el debate sobre la posibilidad de suspender las patentes.

Recordemos el aluvión de buenas intenciones expresadas durante el aislamiento preventivo de la primavera boreal de 2020. En la sociedad generosamente refundada que estaba por venir las vacunas debían ser “bienes públicos mundiales”. Asimismo, en noviembre, Emmanuel Macron advertía seriamente: “Cuando salga al mercado la primera vacuna [contra la Covid-19], ¿estaremos preparados para garantizar el acceso a ella a escala planetaria y evitar a toda costa el escenario de un mundo de ‘dos velocidades’, donde solo los más ricos podrían protegerse del virus y reanudar una vida normal?” (1). Pero las promesas siguen siendo solo buenas intenciones. El 18 de enero de 2021, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, constataba un hecho abrumador: “Más de 39 millones de dosis de la vacuna han sido administradas en al menos 49 países de ingresos altos. Solo 25 dosis se han administrado en un solo país de bajos ingresos. No 25 millones, no 25 mil, solo 25”. Se refería a la probabilidad de un “fracaso moral catastrófico”.

No obstante, por iniciativa de la OMS, se habían establecido dos instrumentos para poner en práctica ese impulso de solidaridad internacional. En primer lugar, el mecanismo COVAX, que tiene por objeto la “licitación conjunta para la adquisición de vacunas contra la Covid-19, a fin de garantizar a 190 países y territorios el acceso justo y equitativo a las vacunas”. Se firmó un contrato por 40 millones de dosis de vacunas (de ARN mensajero) con Pfizer (en sociedad con la empresa alemana BioNTech), luego otro con AstraZeneca (en sociedad con la Universidad de Oxford) por 120 millones de dosis suplementarias. El objetivo fijado era muy ambicioso: proporcionar dos mil millones de dosis para finales de 2021. El segundo mecanismo es el Fondo de Acceso a la Tecnología Covid-19, o C-TAP (acrónimo de Covid-19 Technology Access Pool), que debería haber garantizado el intercambio de la propiedad intelectual, los conocimientos y la experiencia necesarios para producir vacunas a gran escala, incluso en los países en desarrollo. Pero resulta que el C-TAP es, en este momento, una cáscara vacía, mientras que el mecanismo COVAX tiene enormes dificultades para arrancar, hasta el punto de que la OMS menciona ahora el plazo 2022 o incluso 2024.

La realpolitik del capitalismo neoliberal
Prisioneros de sus declaraciones públicas, los Estados y la Unión Europea practican el doble discurso. En la práctica, prevaleció la realpolitik, en beneficio de las multinacionales farmacéuticas. A pesar de la gran falta de transparencia que rodea los “acuerdos de compra anticipada”, se filtraron elementos reveladores. Y, una vez más, vemos que se aplica la ley de hierro del capitalismo neoliberal: la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios. Los laboratorios fueron subvencionados con miles de millones de euros por los Estados y la Comisión Europea -que aportó más de 2.000 millones durante el desarrollo de las vacunas- para la investigación y el desarrollo y, posteriormente, la producción masiva de dosis, limitando de facto los riesgos de las empresas. Sin embargo, estas últimas conservan el control de las patentes, negocian con dureza los precios con los Estados y restringen las posibles donaciones y reventas a los países en desarrollo. Según la secretaria de Estado de Presupuesto del Gobierno de Bélgica, Eva de Bleeker, las tarifas negociadas por Bruselas van de 1,78 euros para AstraZeneca a 10 euros para CureVac y 14,68 euros para Moderna (2).

Por último, las cláusulas de entrega parecen ser de lo más flexibles, lo que dejó a la Comisión Europea en la más completa confusión cuando AstraZeneca le informó, en enero, que no podría entregar el número de dosis previstas (80 millones) en los plazos fijados (primer trimestre de 2021). Esto dio lugar al comienzo de una crisis política con el Reino Unido, que quería conservar las dosis producidas antes de llegar a un acuerdo sobre la mitad del contrato.

Por otro lado, la responsabilidad jurídica de las empresas se restringe al máximo en caso de que se produzcan efectos secundarios graves, que serían asumidos una vez más por los Estados signatarios. Sería injusto acusar solo a las multinacionales que consiguen imponer contratos tan desequilibrados. Según The New York Times, el muy oficial Banco Europeo de Inversiones otorgó un préstamo de 100 millones de dólares a BioNTech, préstamo condicionado al cobro de 25 millones de dólares sobre los beneficios (3). Como si fuera lógico obtener ganancias con las vacunas…

A estos contratos inverosímiles hay que sumarle un enfrentamiento geopolítico entre los países por el desarrollo, la fabricación y el acceso a las valiosas vacunas: China y Estados Unidos, por supuesto, pero también Rusia -que acaba de obtener una victoria estratégica, el reconocimiento de su vacuna “Sputnik V” que va por buen camino-, Alemania, Israel y el Reino Unido. Si bien nada está cerca de resultar perfecto, Londres supo organizar una campaña de vacunación dinámica, echando por tierra el argumento de una Unión Europea protectora, esgrimido durante el laborioso y conflictivo Brexit. En mayo de 2020, el gobierno de Boris Johnson creó un “Vaccine Taskforce” [grupo (...)