México se sacude de la tutela estadounidense

El 15 de diciembre de 2020, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (conocido como “AMLO”) le hizo llegar una carta de felicitaciones a Joseph Biden, elegido Presidente de Estados Unidos algunas semanas antes. Entre las fórmulas de cortesía esperadas, la misiva se distanciaba de la simple diplomacia de buena vecindad: “Tenemos la certeza de que con usted será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución; en especial, el de no intervención y [el derecho a la] autodeterminación de los pueblos”. Convencido de que la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos están “íntimamente ligadas a la situación de México”, el Departamento de Estado estableció ya hace mucho tiempo la supervisión del vecino del sur como una “prioridad absoluta” (1). Sin preocuparse demasiado por su soberanía.

Un escándalo reciente dejó sus huellas. El juicio del padrino Joaquín “El Chapo” Guzmán, que concluyó en 2019, reveló cómo el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) –que debía luchar contra el tráfico de armas de fuego– se convirtió “accidentalmente” en uno de los proveedores de fusiles de asalto del Cartel de Sinaloa (2). A través de su proyecto “Gunrunner” (“traficante de armas”) y de la operación “Fast and Furious” (3), la ATF permitió que contrabandistas ligados al narcotráfico se procuraran armas en Estados Unidos y las hicieran pasar del otro lado de la frontera, con el objetivo de seguir su rastro. A partir de 2006 y durante cinco años, 2.500 armas, desde semi-automáticas hasta fusiles antitanque, aterrizaron así en manos de los cárteles, con el consentimiento tácito de los agentes estadounidenses, que sólo se preocuparon del impacto de sus métodos cuando unas kalashnikovs que transitaron por estos programas secretos causaron la muerte de sus colegas de la policía migratoria, la US Border Patrol...

Colaboración o espionaje
Nada de esto hubiera sido posible sin el aval de los dirigentes mexicanos. En 2002, mientras que el presidente estadounidense George W. Bush creaba un comando militar encargado de supervisar la parte septentrional del continente (el US Northern Command - Northcom), su homólogo Vicente Fox practicaba una diplomacia sumisa y aplaudía el establecimiento de un perímetro de seguridad de América del Norte. En 2005, once años después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) acercaba aun más las políticas de seguridad de los dos países. En 2007, Felipe Calderón llamaba al “Tío Sam” a respaldarlo en su “guerra contra el narcotráfico”. La Iniciativa Mérida devino entonces en el eje de la cooperación entre México y Washington.

Sobre el papel, este programa financiado por el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) apunta a “reforzar las instituciones de seguridad y judiciales” mexicanas así como el Estado de derecho, a “frenar la violencia” y a “asegurar la frontera”. Debe al mismo tiempo “impulsar los esfuerzos de Estados Unidos sobre su territorio para ponerle fin al tráfico de armas, de dinero y a la demanda de drogas”(4). Más concretamente, la iniciativa cobra la forma de un sobre de 500 millones de dólares destinados a la compra de equipamiento estadounidense para las fuerzas de seguridad mexicanas (vehículos blindados, aviones de patrullaje marítimo, helicópteros de combate...) así como de un fondo de 3.000 millones de dólares destinado a intensificar la presencia estadounidense al sur del Río Bravo.

Calderón abrió grandes las puertas para la colaboración con los servicios de inteligencia del Norte. Su gobierno autorizó la puesta en marcha del Mexico Technical Surveillance System, un programa que le permite a Washington geolocalizar, interceptar y analizar las informaciones provenientes de cualquier sistema de comunicación (telefónico e Internet) de México. En noviembre de 2010, una investigación periodística revelaba que nueve agencias de inteligencia estadounidenses habían fijado su base en un rascacielos ubicado a pocas cuadras de la embajada de Estados Unidos (5). Entre las entidades involucradas, la Defense Intelligence Agency (DIA, inteligencia militar), el National Reconnaissance Office (NRO, imágenes satelitales) y la National Security Agency (NSA, inteligencia de origen electromagnético).

Al estimar sin dudas que la alfombra roja no estaba del todo extendida, Estados Unidos sobrepasó los términos de los acuerdos firmados con su vecino. En 2013, las revelaciones de Edward Snowden revelaron una estación clandestina del Special Collection Service (SCS), un programa clasificado dirigido conjuntamente por la Central Intelligence Agency (CIA) y la NSA. Operaba en la capital mexicana y sus agentes recogían informaciones de orden político y económico, particularmente interceptando las comunicaciones de altos funcionarios y, a veces, del propio Presidente de la República (6).

Confianza rota
Nacionalista (...)