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Estallido represivo frente al descontento popular

Colombia y su “enemigo interior”

Indignado con la idea de que la dictadora boliviana Jeanine Áñez tenga que responder por sus actos frente a la justicia de su país, el Parlamento Europeo votó una resolución llamando a su liberación. Parece menos preocupado por la violenta represión que sufrieron los manifestantes colombianos durante mayo. Varias decenas de muertos y centenares de heridos no suscitaron reacción alguna de su parte.

Una reforma impositiva podría haber abierto una nueva página en la historia política de Colombia, país que presenta la segunda recaudación fiscal más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el presidente conservador Iván Duque, que presentó la reforma el 15 de abril pasado, el proyecto no tenía más que ventajas: debía aportar 23,4 billones de pesos, el equivalente a 6.400 millones de dólares, contribuir a reducir el déficit presupuestario –estimado en 8,6% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2021–, sacar a 2,8 millones de personas de la pobreza extrema y alimentar un fondo de lucha contra los efectos del cambio climático.

Pero no todas las reformas fiscales son progresistas. En este caso particular, se trataba de extender el Impuesto al Valor Agregado (IVA) –uno de los impuestos más inequitativos– a productos hasta ahora exentos; de gravar ingresos salariales antes juzgados demasiado bajos como para ser pasibles de contribución, y de suprimir numerosas exenciones que beneficiaban a los hogares de clases medias, ya duramente golpeados por la crisis del Covid-19. Incluso formaciones de centro, como el Partido Social de Unidad Nacional (llamado “Partido de la U” o PU) del ex presidente Juan Manuel Santos, y el Partido Liberal (PL) se pusieron rápidamente de acuerdo para denunciar que la medida perjudicaría a los ciudadanos más débiles. “Se trata de una reforma fiscal regresiva destinada a financiar el reembolso de la deuda externa colombiana y mantener su nota” ante las agencias de calificación financiera, resumía por su parte la organización no gubernamental (ONG) La Internacional Progresista.

La cólera popular
Al día siguiente del anuncio de la reforma, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal confederación sindical del país, llamó a una huelga general para el 28 de abril y recibió el apoyo de una amplia coalición de movimientos sociales. La huelga dio lugar a manifestaciones masivas. El descontento suscitado por el proyecto de ley despertó numerosas demandas acumuladas. El 29 de abril, un informe de la agencia de estadísticas gubernamental revelaba que el 45% de los colombianos viven bajo la línea de pobreza, es decir, un aumento del 10% en relación con 2020, y que el 15% se encuentra en situación de extrema pobreza.

A medida que crecían las multitudes en las calles, Duque fue perdiendo el control de la situación. El 2 de mayo, finalmente, retiró el proyecto. Su ministro de Finanzas, Alberto Carrasquilla, renunció al día siguiente. Pero ninguna de estas señales alcanzó a calmar la cólera popular. Y mientras los manifestantes sufrían una violenta represión policial, las protestas contra el proyecto de reforma abrieron paso a la denuncia de la estrategia securitaria del poder. La marea humana siguió creciendo en las calles del país.

“El aparato de seguridad colombiano sigue operando sobre la base de una doctrina anacrónica –constata el politólogo Pedro Piedrahita, de la Universidad de Medellín–. La del anticomunismo, del ‘enemigo interno’, de tal modo que los manifestantes no son vistos como ciudadanos, sino como blancos militares legítimos.” Las redes sociales del mundo entero pronto se inundaron de imágenes de los ESMAD, los escuadrones móviles antidisturbios, atacando a los manifestantes. El 12 de mayo de 2021, el muy reputado Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizaba 39 homicidios cometidos por las fuerzas policiales, 1.055 casos de detención arbitraria y 16 hechos de violencia sexual.

Estos excesos provocaron una ola de condenas internacionales, entre ellas la del vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien el 4 de mayo se manifestó “extremadamente alarmado” por los acontecimientos. Por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense publicó un comunicado más matizado, afirmando que “la violencia y el vandalismo son un abuso del derecho” a manifestarse pacíficamente e invitando a “las fuerzas policiales a mostrar la mayor moderación para evitar nuevas pérdidas de vidas humanas”. El mismo día, durante la 51ª (...)

Artículo completo: 2 268 palabras.

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Lola Allen y Guillaume Long

Investigadores asociados del Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, DC.

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