Frenar la descomposición de las policías

En la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) asoman síntomas preocupantes de descomposición. En las últimas semanas dos casos dan pruebas que los controles internos han sido insuficientes para evitar la eventual corrupción de un ex director general, así como delitos graves vinculados a la muerte de una joven policía a manos de un compañero de armas. Ambos casos -aunque desconectados uno del otro- han mostrado prácticas criminales: desvío de fondos de arcas fiscales, lavado de activos y falsificación de documentos, según la investigación que afecta al ex jefe de la PDI; y ocultamiento de pruebas, pactos de silencio, obstrucción a la justicia, y una denuncia por torturas cometidas por efectivos de la policía civil mientras hacía las indagaciones por el crimen de la subinspectora Valeria Vivanco.

¿Qué hay en común en ambos casos?

En el caso del ex director de la PDI Héctor Espinosa, el aprovechamiento del cargo y del poder que le otorga éste para desviar fondos públicos hacia sus cuentas personales con la complicidad de su entorno de oficiales bajo su mando, así como de su núcleo familiar más cercano. Más allá de los montos, el “modus operandi”, como dice la policía, es el mismo que ha sido usado por altos jefes militares, como el ex comandante en jefe del Ejército, Rafael Fuentealba, a quien por delitos similares la justicia podría condenarlo a quince años de prisión y a algunos menos a su esposa, quien participó en la comisión de los delitos: desvío de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y lavado de activos.

Por cierto, el caso del general retirado Fuentealba no es el único al interior del Ejército, pero si el más reciente y notorio. De hecho, en estas mismas semanas, la Corte Suprema está examinando la petición de la justicia española de investigar al Banco de Chile por la eventual participación en el blanqueo de dineros de la fortuna del fallecido general Augusto Pinochet. La línea de continuidad de Pinochet hasta (...)