La gobernanza del cambio climático en tiempos de nueva Constitución

El trabajo de la Convención Constitucional en materia ambiental ha estado marcado por la necesidad de definir una nueva relación de la sociedad chilena con la naturaleza. Esto se explica por reivindicaciones sociales que han ido poniendo de manifiesto la tensión existente entre el orden público económico y la protección del medio ambiente (1).

Las prolongadas dificultades de acceso al agua de la población (consecuencia, en parte, de la mega sequía que ha afectado el país desde ya hace más de diez años y, en parte, de un modelo de gestión hídrica que no garantiza el derecho humano al agua o la protección de los ecosistemas), la creciente frecuencia e intensidad de los incendios forestales, así como la contaminación atmosférica a la que se ven expuestas numerosas comunidades (especialmente en las denominadas “zonas de sacrificio”, donde se concentran gran parte de las centrales termoeléctricas y otras industrias emisoras), son algunos ejemplos que dan cuenta de la actual crisis ambiental del país, que se ve crecientemente agudizada en el contexto de cambio climático.

Las causas y los efectos de este fenómeno (2) “dependen de una interacción compleja entre múltiples factores (biofísicos y sociales), que se distribuyen y organizan (de manera heterogénea y asimétrica) en distintos territorios y actúan en múltiples escalas”. Así las cosas, el cambio climático ha sido definido como un wicked problem, dada su elevada complejidad, incertidumbre y controversialidad, que exige por lo tanto, acciones coordinadas entre los diversos actores, integradas y sistémicas, que tomen en cuenta las interacciones socio-ecosistémicas y de gestión entre distintos elementos de la naturaleza, “de manera que las actividades productivas y/o los procesos de urbanización no contribuyan a agravar la situación actual de aumento de la temperatura global del planeta” (Billi et al., 2021).

En este marco, es necesario repensar la Gobernanza del Cambio Climático en Chile, caracterizada por su fragmentación (múltiples agencias, regulaciones e instrumentos de ordenamiento territorial), centralización en la toma de decisiones y la destinación de recursos, baja consideración de las particularidades e interdependencia de los territorios, poca efectividad de los mecanismos de participación, invisibilización de saberes, perspectivas locales y de pueblos originarios, brechas en la disponibilidad, calidad o accesibilidad de datos con los que cuentan los tomadores de decisión, así como por la falta de coordinación de la gestión pública. Lo anterior se traduce en la adopción de medidas de corto plazo, reactivas y de corte tecnológico, a menudo escasamente fundadas en evidencia o en los escenarios climáticos futuros, además de poco equitativas en la distribución de cargas y servicios ecosistémicos. A su vez destaca, la lógica antropocéntrica imperante, la cual ve al cambio climático y a la gobernanza, únicamente desde la perspectiva humana (y occidental), dejando de lado los impactos y el rol de los ecosistemas y otras formas de vida no humanas, así como las múltiples formas alternativas de comprender la relación entre humanidad y naturaleza (Sapiains et al., 2020).

Sistema socio-ecológico
El escenario actual presenta oportunidades en este sentido, particularmente en relación con la tramitación legislativa del Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático y la elaboración de una nueva Constitución, que abren un (...)