Un modelo solidario alternativo: Única salida social a la pandemia en América Latina

El panorama social crítico en América Latina
América Latina estaba preparada para enfrentar una crisis global asociada con el calentamiento global, pero jamás pensó en algo tan devastador como lo actual pandemia. Su aparición súbita produjo sorpresa y dejó al descubierto las vulnerabilidades resultantes de administraciones neoliberales que desmontaron las estructuras de protección social.

Cuando el virus desembarcó los sistemas de salud se habían privatizado, se habían desfinanciado los hospitales públicos en zonas con enormes carencias e invertido sumas insuficientes en innovación, ciencia y tecnología (menos del 0,8 del PIB en promedio). Por eso, una vez extendida la pandemia en los países de América Latina y el Caribe los esquemas de salud colapsaron y pudimos comprobar de primera mano que fue un acto de locura reducir el papel del Estado en procesos sociales y políticos en especial, cuando se trataba de la provisión de bienes sociales como la salud, la educación, la vivienda, la alimentación o el agua. Tampoco podemos caer ahora en el simplismo del enfrentamiento irreconciliable entre Estado y mercado cuando hay un tercer actor que, quizás es mucho más importante que los dos anteriores: la sociedad civil que representa el bien común.

La recomposición de la política mundial debe incluir a la sociedad civil que ha encontrado otras maneras de participar y expresarse. Esta participación se ha visto reflejada en el llamado movimientismo social, observado en el último tiempo en América Latina a través de las reivindicaciones planteadas de forma masiva, en especial, por los jóvenes por lograr cambios estructurales (1). En tiempos de pandemia estas demandas callejeras han recobrado interés y urgen garantías claras de los gobiernos para el ejercicio legítimo de la protesta social en el contexto de los derechos humanos como la movilidad, la integridad física y la libre expresión.

Desafortunadamente, se observa en la región una tendencia al uso desmedido de la fuerza como en Estados Unidos con el supremacismo blanco, en Colombia con la persecución militar de los cultivos de uso ilícito cuya erradicación se pactó de manera voluntaria en los acuerdos de La Habana entre el Estado y la entonces guerrilla de las FARC, la protesta de los estudiantes en Chile, que condujo a la convocatoria de una asamblea constituyente o el caso de Jair Bolsonaro que ha otorgado poderes desmedidos a la fuerza pública restándole poder a las autoridades estaduales y locales.

El rol del Estado no puede ni debe ser solamente disuasivo para asegurar el orden público, sino también persuasivo, a través de espacios sociales que deriven en replanteamientos políticos de bienestar colectivo. En América Latina, muchos gobiernos recurrieron a las facultades que les ofrece la Constitución para limitar libertades y garantías fundamentales mientras se debilitaba la función del control político en los Congresos donde los espacios de deliberación para la oposición se fueron erosionando. Todo lo anterior ha terminado por debilitar la democracia.

Superada la crisis sanitaria y la parálisis económica que significó un retroceso inédito en términos socioeconómicos, América Latina y el Caribe deberá ocuparse ahora del fortalecimiento de la democracia, que, a su vez depende de una flexibilización del sistema presidencialista. La mayor parte de los países en el mundo tiene sistemas parlamentarios o semiparlamentarios mientras en la región, heredamos y hemos conservado una mala síntesis entre el presidencialismo norteamericano, moderado por el federalismo y el monarquismo español autoritario de la colonia.

La pandemia nos enseñó lecciones sobre el poder y la legitimidad para decretar aislamientos. Sus circunstancias cambiantes condujeron a esquemas propios de la Edad Media como los cercos colectivos. Para bien, tal confinamiento fue atemperado por desarrollos que acercaron las personas mediante el uso de plataformas digitales que, de la mano de la inteligencia artificial, anticiparon la teleducación, la telemedicina, el teletrabajo o la telebancarización.

Sin embargo, este cambio sustantivo, no llegó a importantes sectores de la población por el nivel de desconexión o de analfabetismo digital que en el caso latinoamericano llega a ser del 46% (CEPAL, 2020 a. p.9). Un alto porcentaje de ciudadanos carece de herramientas digitales (teléfono inteligente, computador, o tableta) o no cuenta con facilidades de conexión a internet, (...)