La caza a los oligarcas comenzó

Si creemos en la lista publicada cada año por la revista estadounidense Forbes, Rusia cuenta por sí sola con ochenta y tres multimillonarios en dólares estadounidenses en 2022, en ligera disminución con respecto al año anterior en el que su número se elevaba a ciento diecisiete. Así, en un año, los oligarcas habrían perdido en promedio el 27% de su fortuna (1). Las sanciones draconianas impuestas por los occidentales el 24 de febrero, tras la invasión rusa de Ucrania comienzan a producir sus efectos, los cuales se agregaron a las pérdidas ocasionadas por la guerra así como a la debilidad del rublo. Sin embargo, siempre según las estimaciones de Forbes, si bien 25 multimillonarios rusos fueron sancionados por Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea, al menos unos cincuenta no fueron molestados, o al menos no todavía.

El 1º de marzo, durante su discurso del estado de la Unión, el presidente Joseph Biden anunció la creación por parte del departamento de Justicia de su país de un “grupo de trabajo especialmente encargado de las acciones judiciales contra los delitos de los oligarcas rusos”. Bajo los aplausos de los representantes estadounidenses, lanzaba esta advertencia dirigida a los multimillonarios que apoyan al amo del Kremlin: “Nos asociamos a nuestros aliados europeos para encontrar y confiscar vuestros yates, vuestros departamentos de lujo, vuestros jets privados. Vamos a apuntar a vuestros bienes mal adquiridos”. Sin embargo la implementación de las sanciones está sembrada de obstáculos, como muestra el caso de Roman Abramovich, propietario del club de fútbol Chelsea y debido a ello, el oligarca más conocido del mundo. A éste se le impusieron sanciones en la Unión Europea y en el Reino Unido pero no en Estados Unidos. Efectivamente fue el mismo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien pidió que por el momento se lo exceptúe dado su rol de mediador entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Abramovich, que tiene las nacionalidades rusa, israelí y portuguesa es muy consciente de que las cosas podrían cambiar radicalmente como reflejan los movimientos de su flota de yates. Se le conocían cuatro. Las dos joyas, los súper yates Eclipse y My Solaris, pudieron atracar en el puerto de Marmaris, en Turquía, país cuyo presidente Recep Tayyip Erdogan, a la vez que condena la invasión de Ucrania, rechaza sancionar a los patrones rusos. Otros dos barcos se encuentran frente a Antigua en el Caribe. Un quinto barco, del que ignorábamos la existencia habría sido vendido en condiciones misteriosas el día mismo de la invasión de Ucrania (2)... Desde ya se mide la dificultad de identificar y a fortiori, de congelar o confiscar los bienes en un país en el que más de la mitad de la riqueza está en paraísos fiscales (3).

Los oligarcas rusos prosperaron sobre los escombros de la Unión Soviética y más específicamente a través de las privatizaciones de los años 90, las cuales apuntaban a operar una transición rápida e irreversible hacia una economía de mercado y hacia la introducción de la propiedad privada. La “terapia de choque” inspirada por los asesores estadounidenses y el Fondo Monetario Internacional (FMI) había prometido resultados milagrosos (4). El presidente Boris Yeltsin, reconocido por su gloria como vencedor del comunismo, aseguraba que las privatizaciones producirían “millones de propietarios en vez de un puñado de millonarios” (5). En realidad, en una especie de marxismo a contracorriente, un pequeño número de iniciados, cercanos al poder, se habían apropiado de las riquezas del país mientras que la inmensa mayoría de la población sufría de un empobrecimiento masivo. Las desigualdades tomaban dimensiones grotescas: en tiempos de la Unión Soviética, la persona más rica lo era seis veces más que la más pobre; en 2000, esa proporción pasó a doscientos cincuenta mil (6).

Muy impopular, Yeltsin es a pesar de ello reelecto en 1996 gracias al apoyo de los primeros oligarcas, el hombre de negocios Boris Berezovski a la cabeza. Al año siguiente, cuatro multimillonarios rusos hacen su entrada en la lista de Forbes. Tras el crac de 1998 y del default de Moscú sobre las obligaciones soberanas, los oligarcas se convierten en los verdaderos padrinos de un Estado agotado. Según una lógica del todo orwelliana, el caos y el aumento de la criminalidad financiera son adornados con el lenguaje de la legalidad, de la reforma y del mercado. Como lo explicaba el profesor Stephen F. Cohen, de la Universidad de Princeton, en una obra sobre el papel nefasto de los asesores estadounidenses ante las nuevas élites rusas (gobierno, think-tanks, universitarios, etc.) (7), la corrupción del lenguaje terminó de confundir las cosas. La estafa que había permitido saquear las riquezas del país era calificada de “reforma”. El sistema mafioso era conocido bajo el nombre de “mercado”, la desmonetización de la economía y el retorno del trueque y de la economía informal constituían una política “monetarista”, las oficinas de blanqueo de divisas se convirtieron en “bancos” y los préstamos que éstas acordaban al Estado con condiciones inicuas a cambio de activos públicos regalados eran rebautizados “privatizaciones”. Rusia era aplaudida en los medios de las finanzas internacionales como el “mercado emergente más eficaz”.

El nuevo trato de Putin
En 1999, Boris Yeltsin, enfermo, designa a su sucesor, Vladimir Putin, un ex de la KGB poco conocido por el público. Al llegar al poder, en 2000, Putin se compromete públicamente a “acabar con la clase de los oligarcas”. A pesar de que uno de sus primeros decretos le acuerda la plena inmunidad a su predecesor así como a su familia, el nuevo presidente busca restablecer la autoridad del Estado y demostrar que tiene el poder. Moscú también retoma el control del sector energético, gas y petróleo, a la vez estratégico y simbólico. En todas las otras áreas, Putin remplaza progresivamente a los oligarcas que manifiestan demasiada independencia por fieles a los cuales les impone un nuevo trato. Pueden continuar prosperando, con la condición de respetar las nuevas reglas del juego: pagar sus impuestos y apoyar los proyectos de inversión de envergadura nacional (incluso los poco rentables), si el Kremlin se los solicita. Y por supuesto, no inmiscuirse en la política y sobre todo, no criticar al presidente (8). Los demás eligen el camino del exilio, como Berezovski, que muere en Gran Bretaña en 2013.

La prueba de fuerza emprendida por el presidente Putin, en 2003 contra Mijaíl Jodorkovski, que en ese entonces era el hombre más rico del país, suena como una advertencia dirigida al conjunto de los oligarcas. El magnate del petróleo, que había adquirido mucho poder e independencia, era acusado de fraude fiscal, de blanqueo de divisas y de otros delitos. En un simulacro de juicio, transmitido por televisión, podíamos verlo sentado en una jaula, silencioso, mientras los fiscales esgrimían las acusaciones. Al cabo de este juicio-espectáculo, fue expropiado y condenado a una pena de diez años de colonia penitenciaria. Tras haber purgado su pena, anunciaba su retirada de los negocios. Hoy en día vive en Londres pero es blanco de nuevas denuncias en su país en el que oficialmente se lo considera “agente del extranjero”.

Paralelamente, Putin busca tranquilizar a los medios empresariales internacionales. Durante una estadía en Nueva York en 2003, afirma que Rusia comparte los valores de una “nación europea normal” y que la política de liberalización económica y de reducción de impuestos no se volverá a poner en duda. Sin embargo el problema de la criminalidad económica sigue sin resolverse. En los papeles, las leyes son severas pero su aplicación sigue siendo selectiva y negociable. Los funcionarios públicos, pequeños o grandes, exigen su parte de la torta. Muchos son los que exhiben un estilo de vida que sugiere otras fuentes de ingresos más allá de sus salarios oficiales. En 2013, la Duma (el parlamento ruso) adopta una ley de amnistía general. Miles de empresarios condenados por blanqueo de divisas, fraude fiscal y otros delitos económicos son entonces liberados de prisión.

Finanzas en las sombras
La publicación de los “Offshore Leaks” en abril de 2013 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con la colaboración de decenas de diarios, permitió comprender la resiliencia de las finanzas ilícitas en la economía mundial. Estas filtraciones revelaban los detalles de cerca de 130.000 cuentas en el mundo. Desde entonces, otras iniciativas llevaron a cabo un trabajo similar. Los “Swiss Leaks” (2015), los “Panama Papers” (2016), los “FinCen Papers” (2020), los “Pandora Papers” (2021) y muy recientemente los “Suisse Secrets” (2022), revelaban las diferentes facetas de unas finanzas en las sombras, que reposan sobre la evasión fiscal y permiten transferencias masivas de riqueza. Este sistema constituido por instituciones financieras, estudios de abogados, sociedades pantalla, montajes financieros, testaferros e intermediarios de todo tipo, esconde el origen de los fondos y provoca confusión. Los cleptócratas del mundo pueden entonces saquear las riquezas de sus países con total impunidad. Sin sorpresas, los oligarcas rusos y los provenientes de otras repúblicas surgidas de la Unión Soviética (leer el recuadro contiguo), figuran en un lugar importante de este universo.

Si nos focalizáramos únicamente en la fortuna de los oligarcas, dejaríamos de lado un engranaje esencial del sistema: las redes de complicidad y de facilitación (...)